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Buscador de Recomendaciones de Mecanismos Internacionales de DD.HH. a Paraguay

Bienvenidos y bienvenidas

Esta página contiene un buscador de recomendaciones que han sido formuladas al Estado paraguayo por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos; incluyendo aquellas recomendaciones emitidas por órganos de Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos, de los que Paraguay es Estado parte, hasta las recomendaciones de procedimientos especiales y del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Asimismo, se incluyen las sentencias emitidas por tribunales internacionales de derechos humanos cuya competencia contenciosa ha sido aceptada por el Estado Paraguayo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con el buscador podrás encontrar recomendaciones y sentencias de órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, seleccionando uno o varios de los criterios mostrados en la barra lateral izquierda (Tipo de Búsqueda, Año, Mecanismo, Población y Tema). Para cada criterio, puedes hacer más de una selección. Además, cada recomendación emitida contiene un acceso directo a través del cual podrás acceder directamente a la recomendación o sentencia que la incluye.

61. El Comité entiende que un más completo mecanismo para la erradicación de la tortura podría obtenerlo el Paraguay si aceptara las competencias del Comité, que prevén los artículos 21 y 22 de la Convención.

62. El Comité espera recibir por escrito las respuestas que no pudieron ser proporcionadas oralmente durante estas sesiones y, especialmente, comentarios al informe hechos llegar a este Comité por dos organizaciones no gubernamentales.

63. El Comité alienta al Gobierno del Paraguay a completar su legislación y a armonizarla con la Convención, así como a acelerar las investigaciones y juicios referentes a tortura y otros tratos análogos.

64. El Gobierno podría solicitar la asistencia técnica del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

65. Un aporte del Paraguay al Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura sería un gesto significativo de la voluntad de ese Estado en la promoción de los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la aplicación del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], el Comité pide al Estado Parte que en los futuros informes periódicos le informe de los casos en que se invoque directamente el Pacto en los tribunales, así como de los resultados de todo procedimiento de esa índole.

El Comité recomienda al Estado Parte, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, por sus esfuerzos para someter a la justicia a los autores de antiguos abusos de derechos humanos. Insta al Estado Parte a que continúe investigando las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, pasadas y presentes, para cuyo fin deberán explorarse cuidadosamente todos los archivos del régimen anterior. Insta también al Estado Parte a que, basándose en los resultados de sus investigaciones, actúe par someter a la justicia a los autores y para dar la debida indemnización a las víctimas, particularmente con respecto a los casos que aún se dan de torturas y malos tratos de la policía y las fuerzas de seguridad. El Comité recomienda que se establezca un mecanismo independiente para hacerse cargo de las denuncias de violencia de la policía y que se dé publicidad a la existencia de dicho mecanismo.

El Comité insta al Estado Parte a aplicar el inciso a) del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto separando en la cárcel a las personas acusadas de los presos condenados. El Comité recomienda también que le Estado Parte examine que leyes y prácticas relativas a la detención anterior al juicio a fin de asegurar dicha detención no se convierta en norma general y que, cuando se imponga, su duración esté sujeta a estrictos límites, de conformidad con el artículo 4 del Pacto.

El Comité recomienda que se revisen todas las leyes nacionales sobre la mujer con miras a modernizar las normas legales anticuadas actualmente en vigor para ponerlas en armonía con las disposiciones pertinentes del Pacto. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte revise las leyes que definen las leyes sobre infracciones penales cometidas contra la mujer, y todas las disposiciones de trabajo que discriminan contra la mujer, y todas las disposiciones de trabajo que discriminan contra la mujer y que adopte las medidas necesarias para eliminar las actitudes tradicionales relativas al papel de la mujer en la sociedad. Recomienda también que el Estado Parte estimule la participación política de la mujer en la vida pública, particularmente la vida política, que sigue siendo escasa a pesar de los avances jurídicos que han reducido las restricciones existentes en esta esfera.

El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe presente información sobre la incidencia del aborto ilegal, la relación entre los abortos ilegales y la alta tasa de mortalidad de la madre, y la aplicación del artículo 61 de la Constitución.

El Comité recomienda que el Estado Parte realice un examen completo de su legislación nacional para asegurar su conformidad con las normas establecidas en la Constitución y en el Pacto. Recomienda en tal sentido que se tengan en cuenta el Pacto y las recomendaciones contenidas en las presentes observaciones en la revisión actualmente en curso del Código Penal.

El Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe información completa sobre las cuestiones planteadas durante el examen del informe, particularmente sobre la eficacia de las leyes sometidas a examen o actualmente vigentes, la evolución de las funciones de las instituciones establecidas para la protección de los derechos humanos, y el sistema de coordinación de las diversas instituciones.

El Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe información sobre los procedimientos establecidos para asegurar que se respeten las opiniones y se cumplan las recomendaciones del Comité con arreglo al Primer Protocolo Facultativo, habida cuenta de las obligaciones que impone el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.

El Comité recomienda que se dé amplia difusión entre le público paraguayo al Pacto, los Protocolos Facultativos y las observaciones del Comité y que se amplíe la enseñanza de los derechos humanos a los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad, los juristas y demás personas que participan en la administración de la justicia, con miras a que forme parte de su formación ordinaria.

El Comité urge al Estado parte a continuar las iniciativas dirigidas a actualizar y compatibilizar la legislación nacional con el principio constitucional de igualdad y los artículos de la Convención. En este sentido recomendó especiales esfuerzos en la revisión del Código Penal y leyes conexas, a la luz de la recomendación general 19 sobre la violencia contra la mujer Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 38 (A/47/38), cap. I.

El Comité recomendó que el Estado parte fortaleciera la situación política y los aspectos administrativo y económico del mecanismo nacional (la Secretaría de la Mujer) en concordancia con el artículo 7 de la Convención.

El Comité apreció los esfuerzos realizados en el propósito de implementar el sistema de cuotas en los órganos de decisión y recomendó su adopción y aplicación en todas las esferas y niveles posibles, incluyendo los poderes públicos, los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la Convención.

El Comité recomendó al Estado parte a fortalecer y ampliar sus iniciativas dirigidas a extender la educación bilingüe entre todos los ciudadanos y muy especialmente entre las mujeres y a combatir los factores socioeconómicos y culturales que provocaban la alta deserción escolar y el analfabetismo entre ellas, de conformidad con las disposiciones del artículo 10 de la Convención.

El Comité instó al Estado parte a cumplir con los derechos contenidos en el artículo 12 de la Convención en todas sus partes y destacó la urgencia con la cual al Estado parte que enfrentara el elevado índice de mortalidad materna y la incidencia del aborto clandestino y que examine la posibilidad de revisar las medidas punitivas de la ley sobre abortos, de conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing. Asimismo recomendó proveer suficientes y adecuados servicios e información sobre planificación familiar.

El Comité recomendó al Estado parte profundizar sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la distribución y propiedad de la tierra y en todo lo que su explotación productiva implica, de acuerdo con los señalamientos de los artículos 11, 14 y 16 de la Convención.

El Comité recomienda una amplia difusión de la Convención entre las mujeres, principalmente entre las mujeres, y en especial, las campesinas e indígenas.

19. El Comité recomienda que se establezca sin demora la oficina del mediador (ombudsman) prevista en el capítulo IV de la Constitución de 1992.

20. El Comité insta al Gobierno del Paraguay a que continúe los programas de desarrollo económico, reforma agraria y reforma fiscal actualmente en curso a fin de hacer frente al grave problema de la injusta distribución de la riqueza como medio de combatir la pobreza.

21. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas enérgicas para eliminar las formas de discriminación de que son víctimas las poblaciones autóctonas en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. Es esencial que se preste especial atención a los problemas de la tierra que afectan a estas poblaciones y que se manifieste una verdadera voluntad política de solucionar estos problemas en la perspectiva de los derechos humanos. El Comité recomienda asimismo que se realice un estudio exhaustivo bajo los auspicios del Gobierno de la situación socioeconómica de las mujeres indígenas.

22. El Comité recomienda que el Gobierno del Paraguay prosiga su política encaminada a lograr una verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres y a eliminar las disposiciones discriminatorias que todavía sisten en la legislación civil, penal, mercantil y laboral, así como en el derecho de familia.

23. El Comité recomienda que se adopten las medidas legales adecuadas en relación con los delitos violentos contra las mujeres y los niños dentro y fuera de la familia.

24. El Comité recomienda que el Gobierno del Paraguay adopte una política de acción afirmativa destinada a mejorar la situación social de la mujer, en particular en el lugar de trabajo. El Comité alienta al Estado Parte a que tome todas las medidas necesarias para la plena aplicación de la legislación en materia de igualdad de salarios e igualdad de oportunidades.

25. El Comité recomienda que se adopten medidas urgentes, en particular mediante una mayor sensibilización de los empleadores, los magistrados laborales y la policía, a fin de garantizar plenamente la aplicación del derecho a realizar actividades sindicales y del derecho a la huelga.

26. El Comité recomienda que se adopten las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para evitar y paliar las situaciones de desamparo provocadas por el abandono de las familias por los padres, haciéndolos responsables de la asistencia y sustento de sus familias.

28. El Comité alienta al Estado Parte a que adopte medidas para mejorar el sistema de atención de salud, que debe tener en cuenta las necesidades de todos los sectores de la sociedad, y para reducir las disparidades de que adolece actualmente el sistema.

29. El Comité recomienda al Gobierno del Paraguay que prosiga enérgicamente sus esfuerzos y aumente sus inversiones en la esfera de la educación, en particular en la enseñanza primaria. Debería prestarse mayor atención a este sector en los programas de cooperación técnica que lleva a cabo el país. El Comité insta al Gobierno del Paraguay a que amplíe la campaña iniciada por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo en relación con la educación de los derechos humanos a nivel de estudios primarios, secundarios y universitarios y que amplíe su alcance para incluir a los funcionarios electos, a los militares, a los catedráticos y a los miembros de la judicatura.

30. Se alienta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

31. El Comité estima que deberían mejorarse los sistemas de recopilación de estadísticas sobre la base de indicadores más adecuados a fin de proceder a una evaluación objetiva de los problemas y de los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones del Pacto.

32. El Comité pide al Estado Parte que le proporcione respuestas escritas a las preguntas que no han sido respondidas de la lista que le fue presentada antes del examen del informe (preguntas 2, 6, 10, 12, 19, 20, 30 y 32) así como a las cuestiones relacionadas con los derechos proclamados en los artículos 13 a 15 del Pacto a que se refieren las preguntas 34 a 42, con el ruego de que esta información sea enviada al Centro de Derechos Humanos antes del 31 de octubre de 1996. El Comité desearía asimismo que el próximo informe del Comité del Paraguay colme las lagunas de información señaladas durante el examen del presente informe por el Comité. El informe debería contener asimismo información completa sobre las medidas legislativas y administrativas relacionadas con la prevención y cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo. El Comité desearía igualmente recibir información sobre los casos en que se ha invocado el Pacto ante los tribunales.

a) Tipificar la tortura en términos consistentes con el artículo primero de la Convención y, atendido que Paraguay es también Parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluir en la tipificación expresa mención de que "se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica", como establece el artículo segundo de la aludida convención, que el Comité tiene en consideración en virtud de lo que dispone el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención contra la Tortura; b) Sancionar la tortura por el sólo hecho de incurrirse en ella, prescindiendo de los efectos o secuelas causados a la víctima sin perjuicio de la agravación de las penas atendida la gravedad de esos efectos o secuelas; c) Inclusión de disposiciones que faciliten la persecución internacional del empleo de la tortura, consecuentes con la Convención y con lo que dispone el artículo 143 de la Constitución Nacional, que incluye como antecedentes orientadores de sus relaciones internacionales la aceptación del derecho internacional y la protección internacional de los derechos humanos.

Pronta implementación del Defensor del Pueblo y rápida promulgación de la ley que regule sus funciones y desarrolle los preceptos que contiene la sección I del capítulo IV de la Constitución nacional.

Impartir normas e instrucciones sobre los aspectos a que se refiere el artículo 11 de la Convención y establecer y mantener procedimientos sistemáticos de fiscalización y examen de su cumplimiento a fin de erradicar la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Mejorar las condiciones materiales de las prisiones y procurar a los internos condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana.

Desarrollar programas sistemáticos de educación y de información sobre la prohibición de la tortura, cuya inclusión en el proceso de formación profesional del personal a que se refiere el artículo 10 de la Convención debe ser preferente y obligatoria.

Formular la declaración prevista en los artículos 21 y 22 de la Convención [contra la Tortura]

Espera el Comité el pronto envío de información oficial sobre aplicación de sanciones a agentes públicos que han incurrido en prácticas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, como comunicaron los representantes del Estado cuando se examinó el Informe.

Por último, encarece el Comité la oportuna presentación del Tercer Informe Periódico, dentro del plazo que expirará el 10 de abril de 1999.

29. El Comité recomienda que el nuevo Código del Menor, actualmente en curso de elaboración, se ajuste a los principios y a las disposiciones de la Convención y alienta al Estado Parte a concluirlo y promulgarlo en un futuro próximo.

30. El Comité recomienda que el Estado Parte refuerce la coordinación entre los distintos órganos y mecanismos oficiales que se ocupan de los derechos del niño, en los planos nacional y local, con miras a elaborar una política global sobre la infancia y a asegurar la evaluación efectiva de la aplicación de la Convención. El Comité alienta además al Estado Parte a proseguir sus esfuerzos para reforzar el marco institucional concebido para aumentar y proteger los derechos humanos en general y los derechos del niño en concreto.

31. El Comité alienta al Estado Parte a que prosiga y aumente sus esfuerzos por establecer una colaboración estrecha con las organizaciones no gubernamentales (ONG).

32. El Comité recomienda además que el Estado Parte preste atención prioritaria a la elaboración de un sistema de acopio de datos y a la determinación de los adecuados indicadores desglosados con vistas a supervisar todos los aspectos de la Convención y a todos los grupos de niños de la sociedad. Mecanismos de ese tipo pueden desempeñar un papel esencial en la supervisión sistemática de la condición de los menores, la evaluación de los progresos alcanzados y las dificultades que obstaculizan la realización de los derechos del niño. Se pueden utilizar como base para elaborar programas de mejora de la situación de los niños, en particular de los más desfavorecidos, entre ellos los niños con discapacidades; las niñas; los niños maltratados en sus familias, en instituciones o privados de libertad; los niños víctimas de explotación sexual y los que viven y/o trabajan en la calle. Se propone además que el Estado Parte solicite cooperación internacional a este propósito.

33. El Comité recomienda que el Estado Parte lance una campaña sistemática de información, destinada a niños y adultos, acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se debe examinar la conveniencia de que la Convención figure en los planes de estudio de todas las instituciones educativas y adoptar medidas adecuadas para facilitar acceso a los niños a información sobre sus derechos. El Comité propone además que el Estado Parte acrezca sus esfuerzos en pro de la realización de programas globales de formación de grupos profesionales que trabajan con y para los niños -jueces, abogados, magistrados, policías, oficiales del ejército, maestros, directores de escuela, personal de sanidad, asistentes sociales, funcionarios de las administraciones nacional y local y personal de las instituciones de atención infantil.

34. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga plenamente en cuenta en su legislación los principios generales de la Convención (arts. 2, 3, 6 y 12), en particular en su nuevo Código del Menor, y en sus políticas y programas.

35. A la luz de los artículos 2, 3 y 4 de la Convención, el Comité recomienda que en las asignaciones presupuestarias se dé prioridad a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, haciendo especial hincapié en la sanidad y la educación y en el disfrute de esos derechos por todos los niños, comprendidos los más desfavorecidos. A este respecto, el Comité propone que las autoridades encargadas del planeamiento y la presupuestación generales participen plenamente en las actividades de los órganos e instituciones oficiales que se ocupan de las cuestiones que afectan a los niños, con miras a asegurar que sus decisiones tengan consecuencias directas y positivas en el presupuesto.

36. El Comité alienta al Estado Parte a aplicar rigurosamente la legislación sobre la edad mínima de reclutamiento militar.

37. El Comité recomienda además que se tomen todas las medidas adecuadas, comprendidas campañas de información, para evitar y combatir las formas actuales de discriminación contra las niñas y los niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas, en particular los que viven en zonas rurales, con miras, entre otras cosas, a promover su acceso a servicios básicos.

38. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole adecuadas para asegurar la inscripción de los nacimientos, en particular en las comunidades minoritarias e indígenas y en las que viven en zonas remotas. El Comité recomienda además que el Estado Parte organice campañas de concienciación entre el público en general y entre los funcionarios.

39. Conforme al espíritu del artículo 18 y del apartado f) del párrafo 2 del artículo 24 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte promueva la instrucción de los progenitores y el asesoramiento familiar y que tome medidas para velar por la adhesión al principio de que ambos progenitores comparten la responsabilidad de la crianza de la prole.

40. A raíz de la campaña nacional oficial para evitar el abuso y los malos tratos de los niños, el Comité propone que el Estado Parte siga concienciando sobre esta cuestión y supervise sistemáticamente todos los tipos de malos tratos perpetrados contra los niños, comprendidos los que se llevan a cabo en instituciones.

41. A la luz del artículo 21 de la Convención, el Comité recomienda firmemente que el Estado Parte promulgue medidas legislativas sobre la adopción que se ajusten a los principios y a las disposiciones de la Convención.

42. Al tiempo que se congratula de que el Estado Parte haya ratificado recientemente el Convenio de La Haya sobre la protección de los niños y la cooperación en materia de adopción internacional, el Comité alienta al Estado Parte a que adopte medidas adecuadas para que ese Convenio entre en vigor en el país.

43. El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas adecuadas, incluidas campañas de concienciación, para evitar el abandono de niños y para proteger a las madres solteras pobres frente a las redes ilegales de traficantes de niños.

44. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas adecuadas para combatir el fenómeno de los niños que trabajan y/o viven en la calle. Se debe alentar los programas de mantenimiento de alumnos y de formación profesional de quienes han abandonado los estudios. El Comité recomienda además que las autoridades formen especialmente a funcionarios de policía para evitar la estigmatización, los abusos y los malos tratos a esos niños. Además, el Comité alienta al Estado Parte a que estudie la conveniencia de ratificar el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT, Nº 138.

45. El Comité propone que el Estado Parte estudie la conveniencia de solicitar asistencia técnica para seguir mejorando sus esfuerzos por lograr que la asistencia primaria de salud sea accesible a todos los niños y elaborar una estrategia global y programas de atención de salud maternoinfantil. El Comité propone además que el Estado Parte promueva la salud de los adolescentes reforzando los servicios de higiene de la reproducción y planificación familiar para evitar y combatir el VIH/SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes.

46. El Comité recomienda que las autoridades adopten todas las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación del derecho de los niños a ser educados en su lengua materna.

47. A fin de evitar y combatir los malos tratos sexuales y la explotación de los niños, en particular la prostitución, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas adecuadas, comprendidas la promulgación de medidas legislativas pertinentes y la formulación de una política nacional, y propone que solicite asistencia internacional al respecto. Recomienda además que las autoridades promuevan la aplicación del artículo 39 de la Convención reforzando la capacidad de los centros de rehabilitación existentes.

48. El Comité recomienda que el Estado Parte emprenda una reforma global de su sistema de justicia de menores conforme al espíritu de la Convención, en particular sus artículos 37, 39 y 40, y de otras normas de las Naciones Unidas en este terreno, como las "Reglas de Beijing", las Directrices de Riad y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad. Se deberá prestar especial atención a la protección de los derechos de los niños privados de libertad, a mejorar las medidas alternativas al encarcelamiento y a garantizar la debida aplicación de la ley. Se debe formar en las normas internacionales a todos los profesionales que intervienen en el sistema de justicia de menores. El Comité propone además que el Estado Parte estudie la conveniencia de solicitar asistencia técnica para ello al Alto Comisionado/Centro de Derechos Humanos y a la División de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas.

115. [...] [L]a Relatora Especial insiste en la gran importancia que tiene la sensibilización de los funcionarios encargados de los sectores que podrían relacionarse directa o indirectamente con este problema. Recomienda que se refuerce la capacidad de los países para reprimir toda tentativa de introducción de productos prohibidos en violación de la legislación internacional. Recomienda también que se refuerce el control en lo que respecta a los productos admitidos en tránsito temporal. Es asimismo importante que en la región de América del Norte y del Sur se desarrolle una red de datos y de informaciones fidedignos que permita, por una parte, establecer un sistema de alerta para la prevención del tráfico ilícito y, por otra parte, emprender acciones coordinadas de lucha y de represión de ese tráfico, con miras también a remontar las cadenas de complicidades y las redes organizadas.

125. Refiriéndose al caso de Paraguay, la Relatora Especial recuerda que a raíz de su visita al país lanzó un llamamiento en el que encarecía la importancia de que se adopten medidas preventivas en los planos nacional, regional e internacional con miras a que se evite todo vertimiento ilícito de productos tóxicos y peligrosos, que constituyen una grave amenaza para el derecho que todo ser humano tiene a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. En ese mismo llamamiento, la Relatora Especial señalaba la necesidad de que se adopten medidas urgentes y se dé una asistencia internacional a Paraguay, que no dispone de los medios y recursos adecuados para hacer frente a su situación. Entre las necesidades inmediatas detectadas figura la destrucción por una empresa industrial especializada, que recurre en particular al procedimiento de la incineración, de productos identificados por la misión de expertos del PNUMA. Además, la Relatora Especial pide que se le transmita el informe definitivo de esta misión y que se publiquen las conclusiones que en él figuran. Piden que las muestras tomadas por la misión de expertos sean sometidas a un análisis que permita identificar cuáles han sido los laboratorios, empresas y países de origen de los productos entrados ilegalmente en Paraguay, de manera que se les puedan reenviar. Este análisis y esta identificación son técnicamente posibles y, en consecuencia, la Relatora Especial se pregunta por qué razón no se han efectuado. Además, la Relatora Especial pide al Gobierno de Paraguay que siga cooperando y que prosiga la encuesta nacional en marcha con el fin de demostrar la realidad de los hechos, determinar las responsabilidades, e investigar y demandar - incluso penalmente- a los autores reconocidamente culpables. Lanza un llamamiento en favor de una cooperación jurídica internacional y pide a los presuntos países de origen del tráfico y a los posibles países de tránsito que aporten para ello su plena cooperación.

151. El Comité recomienda:

a) La pronta designación del Defensor del Pueblo y la provisión a esa institución de recursos suficientes que le permitan extender su presencia en todo el territorio del país.

151. El Comité recomienda: [...]

b) La introducción en el Código Penal de disposiciones que tipifiquen el delito de tortura en los términos establecidos en el artículo 1 de la Convención.

151. El Comité recomienda: [...]

c) El reconocimiento legal del derecho de las víctimas de tortura a reparación y a una indemnización justa y adecuada a cargo del Estado.

10. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Vele por que el Código de la Niñez y la Adolescencia entre en vigor cuanto antes; b) Se asegure de que la aplicación de ese Código se ajuste plenamente a lo establecido en la Convención, y de que se preste especial atención a la eliminación del concepto tradicional de "situación irregular" y a la necesidad de establecer estructuras adecuadas, asignando para ello los recursos humanos y financieros necesarios.

12. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Refuerce la coordinación entre los distintos órganos y mecanismos oficiales que se ocupan de los derechos del niño, en los planos nacional y local, de acuerdo con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 30); b) Vele por que la secretaría nacional de la niñez y la adolescencia se cree lo antes posible; c) En el presupuesto para 2002 dote a la secretaría nacional de la niñez y la adolescencia de suficientes recursos humanos y financieros para que pueda llevar a cabo sus actividades de manera eficaz; y d) Tenga presentes, en la preparación del próximo Plan Nacional de Acción, los obstáculos encontrados en la aplicación del anterior Plan Nacional de Acción y los resultados de la evaluación de mitad de período y del examen realizado para el informe de final del decenio.

14. A la luz de lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, el Comité alienta al Estado Parte a que:

a) Redoble sus esfuerzos por reducir la pobreza y sus consecuencias para los niños; b) Defina claramente sus prioridades en el ámbito de los derechos del niño, a fin de garantizar que se asignen fondos, como se pide a las Partes en la Convención, "hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional" para lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, teniendo especialmente en cuenta a los gobiernos locales y a los niños pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad; y c) Determine el monto y la proporción del presupuesto que en los planos nacional y local destina a la infancia, con el fin de evaluar los resultados y los efectos de esos gastos en los niños.

16. El Comité alienta al Estado Parte a que, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (resolución 48/134 de la Asamblea General), establezca un mecanismo independiente y eficaz, dotado de recursos humanos y financieros suficientes y al que puedan acceder fácilmente los niños para que: a) Vigile la aplicación de la Convención; b) Resuelva de forma expedita y respetuosa para el niño las denuncias presentadas por los niños; y c) Establezca recursos para hacer frente a las violaciones de los derechos que les correspondan en virtud de la Convención. A ese respecto, el Comité recomienda además que el Estado Parte considere la posibilidad de solicitar asistencia técnica, en particular del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

18. En consonancia con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 32), el Comité recomienda al Estado Parte que: a) Continúe mejorando, ampliando y actualizando su base de datos; y b) Utilice esos indicadores y datos de forma eficaz para formular y evaluar políticas y programas destinados a aplicar y vigilar la aplicación de la Convención.

20. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Intensifique sus esfuerzos por traducir el material informativo al guaraní y a las principales lenguas indígenas y difundirlo; b) Desarrolle métodos más creativos para promover la Convención, por ejemplo medios audiovisuales como libros ilustrados y carteles, especialmente a nivel local; c) Imparta capacitación adecuada y sistemática y organice actividades de sensibilización para grupos de profesionales que trabajan con niños o se ocupan de ellos, como jueces, abogados, agentes del orden público, maestros, directores de escuela y personal de los servicios de salud; d) Integre plenamente la Convención en los programas de estudio de todos los niveles de enseñanza; y e) Solicite asistencia técnica, entre otros organismos, al UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el ACNUDH.

22. El Comité reitera su recomendación (CRC/C/15/Add.75, párr. 31) al Estado Parte de que promueva una cooperación más estrecha con las organizaciones no gubernamentales, en particular en lo relacionado con la aplicación del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia.

24. El Comité recomienda al Estado Parte que aumente la edad mínima de admisión al empleo, para evitar que los niños empiecen a trabajar antes de haber concluido la escolaridad obligatoria.

26. El Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 34) al Estado Parte de que:

a) Integre adecuadamente los principios generales de la Convención, en particular las disposiciones de los artículos 2, 3, 6 y 12, en todas las leyes que atañan a los niños; b) Aplique esos principios en todas las decisiones políticas, judiciales y administrativas, así como en los proyectos, programas y servicios que influyen en todos los niños; y c) Se sigan esos principios en la planificación y la formulación de políticas a todos los niveles, y que las instituciones de bienestar social y de salud, los tribunales y las autoridades administrativas los apliquen en las medidas que adopten.

28. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la discriminación; b) Vigile la situación de los niños, en particular la de los que pertenecen a los citados grupos vulnerables que están expuestos a la discriminación; c) Elabore, sobre la base de los resultados de esa labor de vigilancia, estrategias amplias en las que se prevean medidas específicas con objetivos bien definidos para poner fin a todas las formas de discriminación; y d) Incluya, en el próximo informe periódico, información concreta sobre las medidas y los programas relacionados con la Convención sobre los Derechos del Niño que haya puesto en marcha en cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, y teniendo en cuenta la Observación general Nº 1 acerca del párrafo 1 del artículo 29 de la Convención relativo a los propósitos de la educación.

30. Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención y de conformidad con su recomendación anterior (CRC/15/Add.75, párr. 38), el Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Sensibilice más a la población acerca de la importancia de la inscripción de los nacimientos; y b) Mejore el sistema de inscripción, de modo que toda la población pueda tener acceso a él, en particular la de las zonas rurales y aisladas, por ejemplo, utilizando unidades móviles de registro.

32. Teniendo presentes los artículos 3 y 19 y el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención, el Comité alienta al Estado Parte a que:

a) Elabore medidas para dar a conocer mejor los efectos perjudiciales del castigo corporal y promueva el uso de otras formas de disciplina en las familias cuya aplicación sea compatible con la dignidad del niño y esté en consonancia con la Convención; b) Prohíba explícitamente el castigo corporal en la familia, en la escuela y en las demás instituciones.

34. A la luz de lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención y con arreglo a sus recomendaciones anteriores (CRC/C/15/Add.75, párrs. 39 y 43), el Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Mejore los servicios de asistencia social para ayudar a las familias a criar a sus hijos, por ejemplo, mediante programas de orientación y programas comunitarios, prestando especial atención a los estímulos en la primera infancia; b) Solicite asistencia internacional, entre otros organismos, al UNICEF.

36. A la luz del artículo 19 de la Convención y con arreglo a su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 40) el Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Realice estudios sobre la violencia en el hogar, el maltrato y los abusos, en particular el abuso sexual, con objeto de comprender la magnitud, el alcance y la naturaleza de esas prácticas; b) Adopte y aplique eficazmente medidas y políticas adecuadas, y promueva actitudes diferentes y, a ese respecto, dote a la Red Nacional de Atención al Maltrato Infantil de recursos humanos y financieros suficientes; c) Investigue debidamente los casos de violencia en el hogar, maltrato y abuso de niños, incluido el abuso sexual en la familia, en el marco de un procedimiento judicial que tenga en cuenta los intereses del niño, a fin de garantizar una mejor protección de las víctimas infantiles, así como de su derecho a la vida privada; d) Adopte medidas para prestar servicios de asistencia a los niños en los procedimientos judiciales y para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las víctimas de violaciones, abusos, abandono, maltrato y violencia, de conformidad con el artículo 39 de la Convención; e) Solicite, a ese respecto, cooperación internacional y la asistencia técnica, entre otros organismos, del UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

38. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención y de conformidad con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 45), el Comité recomienda al Estado Parte que: a) Consigne recursos suficientes y elabore políticas y programas integrados para mejorar la situación sanitaria de todos los niños, sin discriminaciones, en particular haciendo más hincapié en la atención primaria de salud y la descentralización del sistema de atención de salud; b) Para prevenir la mortalidad y la morbilidad infantiles y reducir las altas tasas de mortalidad materna, preste servicios adecuados de atención prenatal y puerperal y organice campañas para proporcionar a los padres información básica sobre la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental, la planificación de la familia y la salud reproductiva; c) Prepare un programa nutricional amplio destinado a prevenir y combatir la malnutrición, en particular entre los niños de las poblaciones indígenas y los que sólo hablan guaraní; d) Solicite cooperación internacional para lograr una ejecución cabal y eficiente del programa de vacunación; e) Solicite la asistencia técnica, entre otros organismos, de la OMS, el UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)

40. A la luz de lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Realice estudios para determinar las causas de las discapacidades de los niños y la manera de prevenirlas; b) Adopte medidas para asegurarse de que se vigila la situación de los niños con discapacidades, a fin de hacer una buena evaluación de su situación y sus necesidades; c) Organice campañas de sensibilización de la población en todos los idiomas, especialmente en los indígenas, para hacer tomar conciencia de la situación y de los derechos de los niños con discapacidades; d) Asigne los recursos necesarios para los programas y servicios destinados a todos los niños discapacitados, especialmente a los que viven en las zonas rurales, y refuerce los programas comunitarios para que puedan permanecer en casa con sus familias; e) Preste apoyo a los padres de niños con discapacidades, ofreciéndoles servicios de orientación y, de ser necesario, ayuda económica; f) Teniendo en cuenta las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (resolución 48/96 de la Asamblea General) y las recomendaciones del Comité aprobadas el día de su debate general sobre "Los derechos de los niños con discapacidades" (CRC/C/69, párrs. 310 a 339), siga promoviendo la integración de esos niños en el sistema de educación ordinario y en la sociedad, por ejemplo, proporcionando capacitación especial a los maestros y facilitando su entrada en las escuelas; g) Solicite asistencia técnica, entre otros organismos, de la OMS.

42. A la luz de lo dispuesto en su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 45), el Comité recomienda al Estado Parte que: a) Realice un estudio multidisciplinario de gran amplitud que permita determinar el alcance y la naturaleza de los problemas de salud de los adolescentes, entre los que se cuentan los efectos negativos de las enfermedades sexualmente transmisibles y del VIH/SIDA, y elabore políticas y programas al respecto; b) Intensifique sus esfuerzos por mejorar la salud de los adolescentes, incluida la salud mental, y promover políticas especialmente en relación con la salud reproductiva y el uso indebido de drogas y refuerce el programa de educación sanitaria en las escuelas; c) Adopte otras medidas, por ejemplo, la asignación de recursos humanos y económicos suficientes, para evaluar la eficacia de los programas de capacitación en educación sanitaria, especialmente sobre salud reproductiva, y cree servicios confidenciales de orientación, atención y rehabilitación que tengan en cuenta las necesidades especiales de los jóvenes y no requieran el consentimiento de los padres cuando persigan el interés superior del niño; y d) Solicite cooperación técnica adicional, entre otros organismos, del FNUAP, el UNICEF, la OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

44. En atención a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Adopte medidas adecuadas para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la educación, en particular para la mejora de la infraestructura escolar; b) Vele por que los alumnos asistan regularmente a la escuela y por que disminuyan las tasas de abandono escolar; c) Adopte medidas para prevenir el matonismo y otras formas de violencia en las escuelas; d) Mejore la calidad de la educación, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el párrafo 1 del artículo 29, teniendo presente la Observación general Nº 1 sobre los propósitos de la educación; y e) Solicite cooperación técnica adicional, entre otros organismos, de la UNESCO y el UNICEF.

46. El Comité insta al Estado Parte a que:

a) Ponga término a la práctica de reclutar a niños para las fuerzas armadas y la policía nacional del Paraguay, de conformidad con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 36), y castigue a las personas que participan en el reclutamiento forzoso de niños; b) Investigue todos los casos de maltrato y muerte de reclutas y suspenda de sus funciones a los oficiales implicados en esos accidentes; c) Enjuicie y castigue a los responsables de esas violaciones de los derechos del niño; d) Indemnice a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el servicio militar o a sus familias; e) Proporcione capacitación sobre los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, a los oficiales del ejército; y f) Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, fijando en 18 años la edad mínima para el reclutamiento militar.

48. A la luz de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención y de conformidad con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 43), el Comité reitera que el Estado Parte debería: a) Continuar velando por el cumplimiento y el fortalecimiento de la legislación del país que protege a los niños trabajadores; b) Combatir y erradicar lo más eficazmente posible todas las formas de trabajo infantil, en particular mediante el fortalecimiento de su cooperación con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT; y c) Ratificar el Convenio de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (Nº 138).

50. En atención a lo dispuesto en el artículo 34 de la Convención y de conformidad con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 47), el Comité recomienda al Estado Parte que: a) Realice un estudio sobre la cuestión que permita determinar su alcance y sus causas, vigilar debidamente la situación y establecer todas las medidas y los programas necesarios para prevenir, combatir y eliminar la explotación sexual y el abuso sexual de los niños; b) Prepare y apruebe un plan nacional contra la explotación sexual y comercial de los niños, teniendo en cuenta el Programa de Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo; c) A ese respecto, solicite cooperación internacional, entre otros organismos, al UNICEF y la OMS.

52. En consonancia con su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 48), el Comité recomienda al Estado Parte que: a) Siga revisando su legislación y sus prácticas relacionadas con el sistema de justicia de menores para lograr cuanto antes su plena conformidad con las disposiciones de la Convención, en particular con los artículos 37, 39 y 40, y con otras normas internacionales pertinentes, como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad); b) Agilice la plena aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia de 2001, en el que se prevén las debidas garantías procesales para los niños y medidas sociales y pedagógicas para su rehabilitación; c) Utilice la detención preventiva únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible y, en cualquier caso, nunca por un período superior al fijado por la ley; d) Siempre que se pueda, utilice medidas distintas de la detención preventiva y otras formas de privación de la libertad; e) Incorpore en su legislación y en sus prácticas las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, en particular para garantizar su acceso a procedimientos de denuncia eficaces que tengan en cuenta todos los aspectos del trato a los menores; f) Se asegure de que los oficiales implicados en actos de tortura y maltrato de los reclusos sean suspendidos de sus funciones durante el tiempo que dure una investigación exhaustiva e imparcial y, de ser declarados responsables, sean enjuiciados; g) Vele por que se imparta capacitación sobre los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, al personal de los centros de detención; h) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones de los centros de detención y ofrecer una educación adecuada a los niños privados de libertad; i) Establezca medidas de rehabilitación apropiadas que promuevan la reintegración en la sociedad de los niños que han tenido algo que ver con el sistema de justicia de menores; j) Solicite asistencia, entre otros organismos, del ACNUDH, el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito, la Red internacional sobre justicia de menores y el UNICEF, por conducto del Grupo de Coordinación sobre Asesoramiento y Asistencia Técnicos en materia de Justicia de Menores.

53. El Comité alienta al Estado Parte a que:

a) Ratifique y aplique los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y la participación de niños en los conflictos armados; b) Acepte cuanto antes la modificación del artículo 43 de la Convención.

54. Por último, el Comité recomienda que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 44 de la Convención, se dé amplia difusión al segundo informe periódico y a las respuestas presentadas por escrito por el Estado Parte y se considere la posibilidad de publicar el informe junto con las actas resumidas correspondientes y las observaciones finales que apruebe el Comité. Ese documento debería distribuirse ampliamente, a fin de promover el conocimiento de la Convención y el debate al respecto, así como su aplicación y la supervisión de esa aplicación en el seno del Gobierno y en la sociedad en general, incluidas las organizaciones no gubernamentales.

6. el Estado debe pagar la cantidad de US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda paraguaya, por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado al señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 206 y 207 de la presente Sentencia.

7. el Estado debe pagar al señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein la cantidad total de US$ 5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de las costas y gastos. De este monto total, la cantidad de US$ 1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a los gastos en que incurrió el señor Canese Krivoshein ante la Comisión Interamericana y la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a las costas y gastos que el señor Canese Krivoshein deberá reintegrar a sus representantes por los gastos asumidos en el procedimiento internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en los términos de los párrafos 214, 215 y 217 de la presente Sentencia.[...]

9. el Estado deberá cumplir las medidas de reparación y de reembolso de costas y gastos dispuestas en los puntos resolutivos 6, 7 y 8 de la presente Sentencia, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la notificación de ésta, en los términos del párrafo 216 de la presente Sentencia.

10. el Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda paraguaya, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago, en los términos del párrafo 218 de la presente Sentencia.

11. los pagos por concepto de daño inmaterial y costas y gastos establecidos en la presente Sentencia, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 220 de la presente Sentencia.

12. en caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Paraguay.

13. si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones no fuese posible que éste las reciba dentro del indicado plazo de seis meses, el Estado consignará dicho monto a favor del beneficiario en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria paraguaya solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda paraguaya y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias del Paraguay. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado, con los intereses devengados.

8. el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia.

10. el Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, al menos por una vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 315 de la presente Sentencia.

11. el Estado debe realizar, en consulta con la sociedad civil, en el plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de declaración que contenga la elaboración de una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales del Paraguay. Dicha política de Estado debe:

a) ser presentada por altas autoridades del Estado en un acto público en el que, además, se reconozca la responsabilidad internacional del Paraguay en las carencias de las condiciones de detención imperantes en el Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y 25 de julio de 2001; y

b) contemplar, entre otros aspectos, estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los niños privados de libertad se encuentren separados de los adultos; para que los niños procesados estén separados de los condenados; así como para la creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los niños privados de libertad.

12. el Estado debe brindar tratamiento psicológico a todos los ex internos del Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001; tratamiento médico y/o psicológico a los ex internos heridos en los incendios, y tratamiento psicológico a los familiares de los internos fallecidos y heridos, en los términos de los párrafos 318 a 320 de la presente Sentencia.

13. el Estado debe brindar asistencia vocacional, así como un programa de educación especial destinado a los ex internos del Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001, en los términos del párrafo 321 de la presente Sentencia.

14. el Estado debe brindar a la señora María Teresa de Jesús Pérez, en el plazo de 15 días contado a partir de la notificación de esta Sentencia, un espacio para depositar el cadáver de su hijo, Mario del Pilar Álvarez Pérez, en un panteón cercano a la residencia de aquélla, en los términos del párrafo 322 de la presente Sentencia.

15. el Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración y de sus familias, y debe proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias de este caso, en los términos del párrafo 324 de la presente Sentencia.

16. el Estado debe pagar la cantidad total de US$ 953.000,00 (novecientos cincuenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 288 a 294 de la presente Sentencia, distribuida de la siguiente manera:

a) a los internos fallecidos Elvio Epifanio Acosta Ocampos, Marco Antonio Jiménez, Diego Walter Valdez, Sergio Daniel Vega Figueredo, Sergio David Poletti Domínguez, Mario del Pilar Álvarez Pérez, Juan Alcides Román Barrios, Antonio Damián Escobar Morinigo, Carlos Raúl de la Cruz, Benito Augusto Adorno, Richard Daniel Martínez y Héctor Ramón Vázquez, la cantidad de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 288, 289 y 294 de la presente Sentencia;

b) a Juan Carlos Zarza Viveros, Miguel Ángel Coronel Ramírez, Sergio Vincent Navarro Moraez, Alberto David Martínez, Miguel Ángel Martínez, Raúl Esteban Portillo, César Fidelino Ojeda Acevedo, Pedro Iván Peña, Ever Ramón Molinas Zárate, Arsenio Joel Barrios Báez y Francisco Ramón Adorno, la cantidad de US$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 290, 291 y 294 de la presente Sentencia;

c) a Alfredo Duarte Ramos, Abel Achar Acuña, Osvaldo Mora Espinola, Ismael Méndez Aranda y Hugo Antonio Vera Quintana, la cantidad de US$ 13.000,00 (trece mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 290, 291 y 294 de la presente Sentencia;

d) a Clemente Luis Escobar González, Juan Ramón Lugo y Carlos Román Feris Almirón, la cantidad de US$ 11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 290, 291 y 294 de la presente Sentencia;

e) a Pablo Ayala Azola, Julio César García, José Amado Jara Fernández, Rolando Benítez, Antonio Delgado, Aristides Ramón Ortiz Bernal, Carlos Raúl Romero Giacomo, Claudio Coronel Quiroga, Demetrio Silguero, Eduardo Vera, Francisco Noé Andrada, Heriberto Zarate, Hugo Olmedo, Jorge Daniel Toledo, José Milciades Cañete Chamorro, Nelson Rodríguez, Osmar López Verón, Osvaldo Daniel Sosa, Pablo Emmanuel Rojas, Oscar Rafael Aquino Acuña, Sixto Gonzáles Franco, Cándido Ulises Zelaya Flores y Walter Javier Riveros Rojas, la cantidad de US$ 9.000,00 (nueve mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 290, 291, 292 y 294 de la presente Sentencia; y

f) a los familiares de los ex internos Francisco Ramón Adorno, Sergio David Poletti Domínguez y Mario del Pilar Álvarez Pérez, US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 293 y 294 de la presente Sentencia.

17. el Estado debe pagar la cantidad de US$ 2.706.000,00 (dos millones setecientos seis mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, por concepto de indemnización del daño inmaterial, en los términos de los párrafos 304 a 309 de la presente Sentencia, distribuida de la siguiente manera:

a) a los internos fallecidos Elvio Epifanio Acosta Ocampos, Marco Antonio Jiménez, Diego Walter Valdez, Sergio Daniel Vega Figueredo, Sergio David Poletti Domínguez, Mario del Pilar Álvarez Pérez, Juan Alcides Román Barrios, Antonio Damián Escobar Morinigo y Carlos Raúl de la Cruz, la cantidad de US$ 65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 304 y 309 de la presente Sentencia;

b) a los internos fallecidos Benito Augusto Adorno, Richard Daniel Martínez y Héctor Ramón Vázquez, la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 304 y 309 de la presente Sentencia;

c) a Juan Carlos Zarza Viveros, Miguel Ángel Coronel Ramírez, Sergio Vincent Navarro Moraez, Alberto David Martínez, Miguel Ángel Martínez, Raúl Esteban Portillo y César Fidelino Ojeda Acevedo, la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 305 y 309 de la presente Sentencia;

d) a Pedro Iván Peña, Ever Ramón Molinas Zárate, Arsenio Joel Barrios Báez y Francisco Ramón Adorno, la cantidad de US$ 45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 305 y 309 de la presente Sentencia;

e) a Alfredo Duarte Ramos, Abel Achar Acuña, Osvaldo Mora Espinola, Ismael Méndez Aranda y Hugo Antonio Vera Quintana, la cantidad de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 305 y 309 de la presente Sentencia;

f) a Clemente Luis Escobar González, Juan Ramón Lugo y Carlos Román Feris Almirón, la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 305 y 309 de la presente Sentencia;

g) a Pablo Ayala Azola, Julio César García, José Amado Jara Fernández, Rolando Benítez, Antonio Delgado, Aristides Ramón Ortiz Bernal, Carlos Raúl Romero Giacomo, Claudio Coronel Quiroga, Demetrio Silguero, Eduardo Vera, Francisco Noé Andrada, Heriberto Zarate, Hugo Olmedo, Jorge Daniel Toledo, José Milciades Cañete Chamorro, Nelson Rodríguez, Osmar López Verón, Osvaldo Daniel Sosa, Pablo Emmanuel Rojas, Oscar Rafael Aquino Acuña, Sixto Gonzáles Franco, Cándido Ulises Zelaya Flores y Walter Javier Riveros Rojas, la cantidad de US$ 22,000.00 (veintidós mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos de los párrafos 305, 306 y 309 de la presente Sentencia;

h) a los familiares identificados de los internos fallecidos, la cantidad de US $ 25,000.00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado para cada uno de los padres, en los términos de los párrafos 307 y 309; e

i) a los familiares identificados de los ex internos heridos en los incendios, la cantidad de US $ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado para cada uno de ellos, en los términos de los párrafos 307 y 309 de la presente Sentencia.

18. el Estado debe pagar por concepto de costas y gastos a la Fundación Tekojojá la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la cantidad de US$ 12.500,00 (doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional del Estado, en los términos del párrafo 330 de la presente Sentencia.

19. el Estado debe efectuar el pago de las indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 331 de ésta. Lo anterior salvo cuando se fijan plazos distintos, conforme a lo señalado en los párrafos 315 a 322 y 331 de esta Sentencia.

20. el Estado debe consignar la indemnización ordenada a favor de las víctimas que sean niños en una inversión bancaria a nombre de éstos en una institución paraguaya solvente, en dólares estadounidenses, dentro del plazo de un año, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias mientras sean menores de edad, en los términos del párrafo 336 de esta Sentencia.

21. el Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. En el caso de la constitución de la inversión bancaria, ésta deberá realizarse en dólares de los Estados Unidos de América, en los términos de los párrafos 335 y 336 de esta Sentencia.

22. los pagos por concepto de daño material, inmaterial y costas y gastos establecidos en la presente Sentencia no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 337 de la presente Sentencia.

23. en caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Paraguay.

24. si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que éstos las reciban dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria paraguaya solvente, en los términos del párrafo 335 de la presente Sentencia.

25. supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 339 de la misma.

113. Hay que dar prioridad a la plena implementación del Código de la Niñez y la Adolescencia y, en particular, del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. La creación, capacitación y fortalecimiento de las CODENI, así como la transferencia de recursos de la Administración Central a los municipios para dotar a las CODENI, tiene que ser una prioridad en la agenda de la Secretaría de la Niñez. Respecto al sistema de administración de justicia, el Código debe implementarse con la plena habilitación de tribunales y juzgados especializados y la presencia de personal capacitado de la policía en los temas de la niñez.

114. El Estado tiene que asumir su papel y responsabilidad en los temas sociales con programas de gran envergadura de reducción de la pobreza y de la exclusión social. El proyecto Gasto Social en el Presupuesto es un ejemplo positivo en esta dirección. Igualmente, el Estado tiene que liderar la lucha contra el crimen organizado, no sólo con medidas policiales, sino también con políticas y programas sociales que aseguren estándares básicos de bienestar y de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Si el Estado no tiene un papel más activo en la defensa de los sectores más vulnerables, los poderes fácticos pueden poner en jaque a la democracia.

115. Las instituciones paraguayas necesitan ser fortalecidas para enfrentar coordinadamente problemas complejos como la explotación sexual infantil y juvenil. Se recomienda al Gobierno promover instancias de articulación institucional construyendo y ampliando la experiencia en la Triple Frontera.

116. Las Unidades de Derechos Humanos de varias instituciones públicas, inclusive en el área de justicia, representan una forma creativa de integrar la perspectiva de derechos humanos que merece ser fortalecida.

117. En materia de legislación, el Relator Especial recomienda: a) La tipificación del delito de pornografía, como prevista por el proyecto de ley preparado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia; b) El aumento de las penas para delitos de explotación sexual; c) La armonización de las legislaciones penales entre los países del MERCOSUR; d) La conclusión de un Acuerdo Trilateral de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales para la Triple Frontera.

118. Hay que poner en marcha mecanismos adecuados que aseguren la implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Se sugiere la definición de indicadores de éxito para medir el impacto de las acciones surgidas del Plan.

119. El Relator Especial insta al Gobierno a que investigue y reprima firmemente los casos de corrupción o inacción de la policía. También se recomienda la creación de una Unidad Especializada de la Policía Nacional, como la Policía de Familia, y llevar a cabo programas de capacitación del cuerpo policial sobre la atención de casos de explotación sexual.

120. El Relator Especial recomienda mejorar el sistema de control de los niños y niñas que pasan la frontera. También se recomienda la necesidad de desarrollar un plan de cooperación en políticas sociales de promoción y protección a la infancia y adolescencia entre el Paraguay, el Brasil y la Argentina.

121. Tener identidad es condición primordial para ejercer los derechos humanos. El Relator Especial insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para asegurar que todos los ciudadanos paraguayos tengan su certificado de nacimiento y que el registro civil sea un instrumento fiable y gratuito. En particular, recomienda: e) La informatización del registro civil, en el marco de los proyectos de modernización del registro actualmente en curso; f) La instalación de unidades del registro civil en los hospitales para facilitar la inscripción de las niñas y niños nacidos en los hospitales; g) La creación de unidades móviles de registro civil que puedan alcanzar las comunidades más aisladas; h) La continuación de los programas de inscripciones masivas de nacimientos realizados bajo la coordinación de la Dirección General del Registro del Estado Civil.

122. La atención a las víctimas de explotación sexual es un área prioritaria. Se recomienda la creación de centros especializados de atención a las víctimas tomando como referencia las experiencias existentes y que tienen que ser fortalecidas.

123. La progresiva erradicación de la institución de las "criaditas" tiene que ser un objetivo prioritario, desde el sistema educativo, los programas de prevención y las campañas de sensibilización sobre derechos de la niñez.

124. Los docentes son actores clave que, desde las escuelas, pueden trabajar con los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Tienen un papel estratégico en prevenir y detectar casos de abuso sexual y canalizar las denuncias, inclusive las relativas a la explotación sexual. Se recomienda la ejecución a escala nacional de iniciativas de capacitación de los docentes como las efectuadas en el marco del Programa de Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en la Triple Frontera y del Proyecto de Atención Integral a Niños y Niñas Trabajadores Domésticos en Hogares de Terceros en el Gran Asunción.

125. Reconociendo los esfuerzos y logros del Paraguay para poner término a la trata de bebés a través de adopciones internacionales, el Relator Especial apoya la decisión de no apertura a las adopciones internacionales y recomienda fortalecer el Centro de Adopciones para que pueda desempeñar sus funciones eficazmente y asegurar que las guardas no se usen con fines de adopción. Esto es lo que más garantiza la legalidad del proceso de adopción.

126. El Relator Especial sugiere la implementación de programas de desarrollo sostenible a favor de las comunidades indígenas. En particular, se recomienda la identificación y la protección de las comunidades amenazadas por terratenientes. Asimismo la inscripción en el registro civil de las comunidades más aisladas, a través de unidades móviles del registro civil y la creación de escuelas cerca de las comunidades, sería un paso en el mismo sentido.

127. Respecto a los adolescentes detenidos en cárceles, el Relator Especial exhorta al Gobierno a que respete la normativa internacional en la materia y asegure que los adolescentes no sean encarcelados con presos adultos sin ser adecuadamente separados. Asimismo deben crearse más alternativas educativas a la privación de libertad y programas de rehabilitación en forma sistemática.

128. Se recomienda al Gobierno solicitar la cooperación técnica del equipo de país de las Naciones Unidas en la implementación de las recomendaciones del presente informe. En particular, el equipo de país podría brindar asistencia técnica en programas de erradicación del trabajo doméstico; en la informatización del registro civil; en programas de capacitación institucional y promoción del diálogo social; en la creación y capacitación de centros de atención a las víctimas de explotación sexual; en campañas de concienciación; en mecanismos de monitoreo de la implementación de políticas sociales.

129. Se recomienda a los donantes internacionales invertir en la promoción de los derechos de la niñez a través del sistema de protección integral previsto por el Código. En particular, se recomienda apoyar el proceso de informatización del registro civil. El Programa de Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en la Triple Frontera puede ser replicado en otras áreas críticas del Paraguay, como la zona de Pedro Juan Caballero.

130. Para finalizar el Relator Especial desea reproducir algunas frases, de las muchas registradas durante la visita, provenientes de niños y niñas de diversas localidades. Quizás ellas sean más gráficas que todo lo anterior del enorme desafío que espera al Paraguay: "¿Qué se hace para prevenir que una menor caiga en la prostitución?", "Hay muchas vendiéndose mientras su familia está cerca", "Si no hubiera adultos que la usaran, no habría prostitución infantil", "El juez tiene que hablar con los niños y no imponerle sus reglas e ideas", "El cariño que uno busca hace que uno tenga un proxeneta y no se de cuenta", "Hay padres que parece que no están preparados para tener hijos adolescentes", "En la calle todo es fácil", "Nunca supimos que las víctimas éramos nosotras, que nosotras éramos las que necesitábamos que alguien nos ayudara, que alguien nos diera una mano".

17. El Comité observó que el Estado parte estaba obligado a dar efecto, en forma sistemática y permanente, a todas las disposiciones de la Convención. Al propio tiempo, opinó que el Estado parte debía dar prioridad a los problemas y recomendaciones mencionado en las presentes observaciones finales en el intervalo hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhortó al Estado parte a que se concentrara en esas esferas en sus actividades de aplicación y a que informara de las medidas adoptadas y de los resultados logrados en su próximo informe periódico. Exhortó al Estado parte a que hiciera llegar las presentes observaciones a todos los ministerios competentes y al Parlamento a fin de asegurar su aplicación cabal.

18. El Comité expresó preocupación por que el Estado parte no hubiera adoptado medidas adecuadas para poner en práctica las recomendaciones relativas a diversas inquietudes señaladas en anteriores observaciones finales en 1996 (documento A/51/38). En particular, observó que no se habían abordado de manera suficiente sus preocupaciones por la baja participación de la mujer en los organismos de adopción de decisiones y en la vida política y pública (párr. 129) y por las elevadas tasas de analfabetismo y deserción escolar de las mujeres (párr.130).
19. El Comité reiteró esas preocupaciones y recomendaciones e instó al Estado parte a que procediera a abordarlas sin dilación, a la luz de las recomendaciones generales 23, sobre la vida política y pública, y de la 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 relativo a las medidas especiales de carácter temporal.

20. El Comité expresó preocupación de que, si bien en la Constitución se reconocía la igualdad entre mujeres y hombres en los artículos 47 y 48, no había una definición de discriminación conforme al artículo 1 de la Convención ni una prohibición de esa discriminación ni en la Constitución ni en otra legislación nacional. El Comité manifestó también la inquietud de que, aunque la Convención formaba parte de la legislación nacional y podía invocarse ante los tribunales, no había causas en las que se hubiera invocado esas disposiciones. Al Comité le preocupaba igualmente la falta de programas de difusión de conocimientos jurídicos básicos para la mujer.

21. El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara medidas urgentes para incorporar en la Constitución u otra legislación nacional una definición de discriminación contra la mujer como la contenida en el artículo 1 de la Convención. También pidió al Estado parte que adoptara medidas para asegurar que las disposiciones de la Convención pudieran aplicarse eficazmente en el ordenamiento jurídico nacional. El Comité invitó al Estado parte a que adoptara medidas para sensibilizar a las mujeres acerca de sus derechos, a fin que pudieran hacer valer todos sus derechos.

22. El Comité observó con inquietud que, aunque la Constitución se refería al principio de igualdad, el término que fundamentalmente se usaba en los planes y programas era el de "equidad", que el Estado parte consideraba como medio compensatorio de lograr igualdad.

23. El Comité instó al Estado parte a que tomara nota de que los términos "equidad" e "igualdad" no eran sinónimos o intercambiables, y que la Convención tenía por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres. Por consiguiente, el Comité recomendó que el Estado parte usará en lo sucesivo el término "igualdad".

24. Aunque encomió al Estado parte por la sanción de la Ley 1600 relativa a la violencia doméstica, que estatuía medidas protectoras para la mujer y otros miembros del hogar, en particular los niños y ancianos, el Comité expresó inquietud por que la pena aplicada a los autores de esa violencia fuera sólo una multa. También manifestó preocupación por que las disposiciones del Código Penal relativas a la violencia doméstica y los vejámenes sexuales sancionaran esos delitos en forma inadecuada.

25. El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara un enfoque integral de la violencia contra la mujer y la niña. Con ese fin, instó al Estado parte a que emprendiera, sin dilación, una revisión del artículo 229 de la Ley 1600 relativa a la violencia doméstica y de los artículos 136 y 137 del Código Penal, para armonizarlos con la Convención y con la recomendación general 19 del Comité, relativa a una lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, psicológica y económica, para lo cual se había de asegurar que los autores de esos actos fueran encausados y sancionados y que las mujeres estuvieran protegidas eficazmente contra las represalias. El Comité exhortó al Estado parte a que estableciera albergues y otros servicios para las víctimas de la violencia. El Comité invitó al Estado parte a que redoblara sus esfuerzos para sensibilizar a los funcionarios públicos, especialmente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el poder judicial, los agentes de servicios de salud y los asistentes sociales, e inculcar la idea que la violencia era social y moralmente inadmisible y constituía una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos. El Comité alentó al Estado parte a que mejorara la colaboración y coordinación con organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones femeninas, para fortalecer la aplicación y supervisión de la legislación y de los programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer.

26. El Comité expresó inquietud por que la edad legal mínima para contraer matrimonio fuera de 16 años, tanto para las niñas como para los varones, y que esa edad precoz para contraer matrimonio impidiera que las niñas continuaran su educación y abandonaran tempranamente la escuela.

27. El Comité alentó al Estado parte a que adoptara medidas para aumentar la edad legal mínima para contraer nupcias para niñas y varones, con miras a conformarla al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a tenor de la cual se entendía por niño al menor de 18 años de edad, y con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

29. El Comité recomendó que el Estado parte conformara su legislación nacional a los instrumentos internacionales ratificados y aplicara y financiara plenamente una estrategia nacional para combatir la trata de mujeres y niñas, que debía incluir el enjuiciamiento y castigo de los infractores. El Comité alentó también al Estado parte a que intensificara su cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de origen, tránsito y estino de mujeres y niñas objeto de la trata. Recomendó que el Estado parte abordara las causas de la trata y adoptara medidas encaminadas a mejorar: la situación económica de la mujer a fin de eliminar su vulnerabilidad a los traficantes, las iniciativas de educación y las medidas de apoyo social y las medidas de rehabilitación y reintegración de las mujeres y niñas que habían sido víctimas de la trata.

31. El Comité instó al Estado parte a que estableciera mecanismos eficaces de supervisión del cumplimiento de la legislación vigente, en particular en cuanto se aplicaba a los trabajadores domésticos. También instó al Estado parte a que aplicara medidas especiales de carácter temporal conforme al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, para aumentar el número de mujeres en la fuerza de trabajo estructurada. El Comité pidió al Estado parte que abordara la cuestión de las niñas en el trabajo doméstico, conformando sus política y su legislación a las obligaciones que había asumido de conformidad con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo No. 138 y No. 182, relativos respectivamente a la edad mínima de admisión al empleo (14 años) y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. También alentó al Estado parte a que emprendiera campañas de sensibilización por conducto de los medios de comunicación y los programas de educación pública sobre la situación de las niñas que realizaban trabajos domésticos. El Comité instó al Estado parte a que rectificara las causas subyacentes de que hubiera un número tan elevado de niñas en el trabajo doméstico.

33. El Comité reiteró la recomendación formulada en anteriores observaciones finales y exhortó al Estado parte a que actuara sin dilación y adoptara medidas eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna y para impedir que las mujeres tuvieran que recurrir a abortos peligrosos y para protegerlas de sus efectos negativos sobre su salud, de acuerdo con la recomendación general 24 del Comité sobre el acceso a la atención de salud y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité instó al Gobierno a que fortaleciera la ejecución de programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, con la mira de prevenir abortos clandestinos. Además, recomendó que se celebrara una consulta nacional con grupos de la sociedad civil, incluidos los grupos femeninos, para examinar la cuestión del aborto, que era ilegal de acuerdo con el derecho vigente y que constituía una de las causas de las elevadas tasas de mortalidad de las mujeres.

35. El Comité instó al Estado parte a que velara por los derechos, las necesidades y las preocupaciones de las mujeres en el medio rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la ejecución de programas de formación profesional para la mujer rural, a fin de brindarle igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Alentó asimismo al Estado parte a que velara por la participación de las mujeres en las zonas rurales en la formulación de las políticas encaminadas a beneficiar a las zonas rurales y para mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que no fueran perjudiciales para su salud.

37. El Comité instó al Estado parte a que velara por que todas las políticas y programas tuvieran explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo y las necesidades de las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, y que tratara activamente de hacerlas participar en la formulación y aplicación de las políticas y programas sectoriales. Recomendó que el Estado parte intensificara la ejecución de programas educativos bilingües a todos los niveles de educación y asegurara el acceso de las mujeres indígenas a la educación y la atención de salud. Alentó además al Estado parte a que adoptara medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, a fin de acelerar ese acceso de las mujeres indígenas. El Comité recomendó que el Estado parte reforzara sus programas de difusión, educación y capacitación sobre la Convención y su Protocolo Facultativo entre las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües.

38. El Comité exhortó al Estado parte a que estableciera un mecanismo para vigilar y evaluar la ejecución y la repercusión de los planes y políticas actuales encaminados a lograr la igualdad para las mujeres y a que tomara medidas correctivas, cuando fuera necesario, si comprobaba que eran inadecuados para alcanzar las metas previstas. El Comité invitó al Estado parte a que incluyera en su próximo informe una evaluación, con estadísticas, de la repercusión sobre las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres guaraníes monolingües y las mujeres de las zonas rurales, de las actividades, medidas, políticas y estudios encaminados a lograr la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres.

39. El Comité pidió al Estado parte que respondiera a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el sexto informe periódico que debía presentar de conformidad con el artículo 18 de la Convención en mayo de 2008.

40. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los programas y las plataformas de acción adoptados por las conferencias, cumbres y períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas, como el vigésimo primer período extraordinario de sesiones para el examen y la evaluación generales de la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, el Comité pidió al Estado parte que en su próximo informe periódico incluyera información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que se relacionaran con los artículos pertinentes de la Convención.

42. El Comité pidió que se diera amplia difusión en el Paraguay a las presentes observaciones finales para que el pueblo del Paraguay, en particular los funcionarios de la administración pública, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones femeninas y de derechos humanos, estuvieran al corriente de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y las medidas que serían necesarias en ese sentido en el futuro. También pidió al Estado parte que continuara difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones femeninas y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI".

6. el Estado deberá identificar el territorio tradicional de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de manera gratuita, en un plazo máximo de tres años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 211 a 217 de la presente Sentencia.

7. mientras los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia, en los términos del párrafo 221 de la presente Sentencia.

8. el Estado deberá crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa, en un plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 218 de la misma.

9. el Estado deberá implementar un programa y un fondo de desarrollo comunitario, en los términos de los párrafos 205 y 206 de la presente Sentencia.

10. el Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas, en los términos del párrafo 225 de la presente Sentencia.

11. el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 226 de la misma.

12. el Estado deberá publicar, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto la sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos Primero a Décimo Cuarto de ésta. Asimismo, el Estado deberá financiar la transmisión radial de esta Sentencia, en los términos del párrafo 227 de la misma.

13. el Estado deberá efectuar los pagos por concepto de daño material y costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 195 y 232 de esta Sentencia.

14. la Corte supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 241 de la misma.

6. el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para, en el plazo máximo de tres años, entregar física y formalmente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa sus tierras tradicionales, en los términos de los párrafos 210 a 215 de la presente Sentencia.

7. el Estado deberá implementar un fondo de desarrollo comunitario, en los términos de los párrafos 224 y 225 de la presente Sentencia.

8. el Estado deberá efectuar el pago por concepto de daño inmaterial y costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 218, 226 y 227 de esta Sentencia.

9. mientras los miembros de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia, en los términos del párrafo 230 de la presente Sentencia.

10. En el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado deberá establecer en los asientos Santa Elisa y Kilómetro 16 de la Comunidad Sawhoyamaxa un sistema de comunicación que permita a las víctimas contactarse con las autoridades de salud competentes, para la atención de casos de emergencia, en los términos de los párrafos 232 de la presente sentencia.

11. el Estado deberá realizar, en el plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, un programa de registro y documentación, en los términos del párrafo 231 de la presente Sentencia.

12. el Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos sobre sus tierras tradicionales, en los términos del párrafo 235 de la presente Sentencia.

13. el Estado deberá realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 236 de la presente sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma. De igual forma, el Estado deberá financiar la transmisión radial de esta Sentencia, en los términos del párrafo 236 de la misma.

14. la Corte supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 247 de la misma.

7. Si bien el Comité acoge con agrado la creación de la Comisión de Verdad y Justicia, cuya tarea principal consiste en la investigación de las principales violaciones de derechos humanos del pasado, lamenta la falta de financiamiento estatal adecuado y el hecho que su mandato (de 18 meses) sea demasiado breve para el cumplimiento de sus objetivos. (Artículo 2 del Pacto).

El Estado Parte debe asegurar que la Comisión tenga suficiente tiempo y recursos para cumplir con su mandato.

8. El Comité toma nota con interés del progreso normativo realizado para eliminar la discriminación de género, así como de la creación de la Secretaría de la Mujer y otras instituciones. Sin embargo, lamenta que la discriminación contra la mujer persista en la práctica. Ejemplo representativo sería la discriminación de la mujer respecto de las condiciones en el trabajo. (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto)

El Estado Parte debe asegurar que la protección legislativa en contra de la discriminación de género se aplique y que las instituciones creadas con tal propósito reciban financiamiento adecuado para su correcto funcionamiento. El Estado Parte debe asimismo adoptar medidas para asegurar la igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres y para aumentar la participación de la mujer en todas las áreas de la vida pública y privada.

9. Si bien el Comité celebra la aprobación de la ley contra la violencia doméstica, lamenta la persistencia de este problema, incluido el abuso sexual como práctica recurrente, así como la impunidad de los agresores. (Artículos 3 y 7 del Pacto )

El Estado Parte debe tomar las medidas adecuadas para combatir la violencia doméstica y asegurar que se juzgue a los responsables y que éstos reciban una sanción adecuada. Se invita al Estado Parte a educar a la población en su conjunto sobre la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres.

10. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte con relación a la planificación familiar. Sin embargo, sigue preocupado por los altos índices de mortalidad infantil y materna, especialmente en zonas rurales. El Comité reitera su preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del aborto que induce a las mujeres a recurrir a formas inseguras e ilegales de aborto con riesgos latentes para sus vidas y salud. (Artículos 6 y 24 del Pacto)

El Estado Parte debe adoptar medidas efectivas para reducir la mortalidad infantil y materna mediante, entre otras, la revisión de su legislación relativa al aborto para que concuerde con el Pacto, y el acceso de la población a los medios anticonceptivos, especialmente en zonas rurales.

11. El Comité toma nota con preocupación de la persistencia del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y del personal penitenciario como práctica común, incluyendo golpes y muerte de personas. También preocupa al Comité el hecho que la mayor parte de los miembros de la Policía Nacional compren sus propias armas sin ningún tipo de control estatal al respecto. Esta situación, junto con la impunidad y la falta de entrenamiento de la fuerzas de seguridad, incitaría al uso desproporcionado de armas de fuego, resultando en muertes ilegales. (Artículo 6 y 7 del Pacto)

El Estado Parte debe proporcionar y controlar todas las armas pertenecientes a las fuerzas de policía. Debe proporcionarse, asimismo, educación adecuada en materia de derechos humanos al personal encargado de hacer cumplir la ley para cumplir con los Principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por los oficiales encargados de hacer cumplir la ley. El Estado Parte debe asegurar que se investiguen minuciosamente las alegaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y que se procese a los responsables. Las víctimas de estas prácticas deben recibir una indemnización justa y adecuada.

12. Si bien el Comité acoge con satisfacción la creación de Unidades Especiales de Derechos Humanos en el Ministerio Público, lamenta, al mismo tiempo, que ninguno de los 56 casos de tortura investigados por dicha oficina haya resultado en el enjuiciamiento de los responsables de estos actos de tortura. (Artículo 7 del Pacto)

El Estado Parte debe juzgar a los responsables de los actos de tortura y asegurar que sean debidamente sancionados. Las víctimas de estos actos deben recibir una indemnización justa y adecuada.

13. Es motivo de preocupación para el Comité la persistencia en el Estado Parte del tráfico de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual, especialmente en la región de la triple frontera. (Artículos 3, 8, y 24 del Pacto)

El Estado Parte debe tomar medidas urgentes y apropiadas para erradicar esta práctica y que haga lo posible para identificar, asistir e indemnizar a las víctimas de la explotación sexual.

14. El Comité lamenta que el Estado Parte no haya proporcionado información detallada sobre las medidas adoptadas para erradicar la práctica del reclutamiento de niños en el servicio militar y le preocupa la persistencia de esta práctica, particularmente en las zonas rurales. Los niños soldados serían utilizados como mano de obra forzosa, habiéndose denunciado asimismo casos de malos tratos y muerte. (Artículos 6, 8 y 24 del Pacto)

El Estado Parte debe erradicar la práctica del reclutamiento de niños para el servicio militar, investigar los casos de malos tratos y muertes de conscriptos e indemnizar a las víctimas.

15. El Comité toma nota con agrado de los esfuerzos del Estado Parte para acelerar los procesos relativos a casos de personas en prisión preventiva. Sin embargo, lamenta la alta proporción de reclusos en prisión preventiva, así como las dificultades de acceso adecuado de las personas en detención provisional a una defensa pública capaz de representar efectivamente los intereses de las personas detenidas. (Artículos 9 y 14 del Pacto)

El Estado Parte debe corregir las prácticas arribas mencionadas y asegurar que la Oficina de la Defensa Pública cuente con el personal y los recursos necesarios.

16. Al Comité le preocupan las condiciones carcelarias en el Estado Parte, a saber, el hacinamiento, las deficientes condiciones de reclusión, la falta de separación entre acusados y condenados, entre menores y adultos y entre mujeres y hombres. (Artículos 7 y 10 del Convenio)

El Estado Parte debe mejorar las condiciones carcelarias para adecuarlas a los requisitos del artículo 10 del Pacto.

17. El Comité lamenta la falta de criterios objetivos en relación al nombramiento y destitución de jueces, incluidos los de la Corte Suprema, lo que puede menoscabar la independencia judicial. (Artículo 14 del Pacto)

El Estado Parte debe adoptar medidas efectivas para asegurar la independencia judicial.

18. El Comité acoge con satisfacción el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar en la Constitución del Paraguay y las medidas provisorias tomadas por la Cámara de Diputados para garantizar su cumplimiento ante la falta de regulación específica de este derecho. Sin embargo, lamenta que las zonas rurales no cuenten con acceso a la información sobre la objeción de conciencia. (Artículo 18 del Pacto)

El Estado Parte debe regular de forma específica la objeción de conciencia, para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho y garantizar la difusión adecuada de información sobre su ejercicio entre toda la población.

19. El Comité acoge con satisfacción la mejora de la situación de la libertad de expresión en el Estado Parte. Sin embargo, le preocupa la existencia de procesos de difamación contra periodistas que podrían ser motivados políticamente. (Artículo 19 del Pacto)

El Estado Parte debe asegurar que los casos de difamación no impidan el libre ejercicio de este derecho.

20. Al Comité observa con inquietud que la ley 1066/1997 limita en la práctica el derecho de manifestación pacífica al establecer condiciones irrazonables de tiempo, lugar y número de manifestantes y al requerir previa autorización policial. (Artículo 21 del Pacto)

El Estado Parte debe modificar dicha legislación para asegurar el libre ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.

21. El Comité nota que, a pesar de existir cierto progreso normativo e institucional, el trabajo infantil persiste, así como la situación de un elevado número de niños de la calle. (Artículo 8 y 24)

El Estado Parte debe adoptar medidas para asegurar el respecto de los derechos del niño, incluyendo medidas urgentes para erradicar el trabajo infantil.

22. El Comité observa con satisfacción la campaña lanzada por el Estado parte para promover el registro de niños. Sin embargo, el Comité lamenta la persistencia de un alto índice de niños no registrados, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas (Artículos 16, 24 y 27)

El Comité recomienda que el Estado parte intensifique el registro de niños en la totalidad de su territorio y que mantenga informado al Comité sobre el tema.

23. Si bien el Comité toma nota de las iniciativas adoptadas por el Estado Parte para restituir las tierras ancestrales a las comunidades indígenas, le preocupa la falta de progreso significativo en la aplicación efectiva de las mismas. (Artículo 27 del Pacto)

El Estado Parte debe acelerar la efectiva restitución de las tierras ancestrales indígenas.

24. El Comité pide que el segundo informe periódico del Estado Parte y las presentes observaciones finales sean publicados y difundidos ampliamente en el Estado Parte en sus idiomas oficiales.

25. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado Parte debería proporcionar, en el plazo de un año, la información pertinente sobre la evaluación de la situación y el cumplimiento de las recomendaciones del Comité contenidas en los párrafos 7, 12, 17 y 21.

5. El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar efectivamente, en un plazo razonable, la investigación para determinar las correspondientes responsabilidades intelectuales y materiales de los autores de los hechos cometidos en perjuicio de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba, así como llevar a término los procesos penales incoados. Además, dichos resultados deberán ser públicamente divulgados por el Estado en un plazo razonable. En este sentido, en los términos de los párrafos 123 a 132 y 164 a 166 de la Sentencia, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Asimismo, Paraguay, al igual que los demás Estados partes en la Convención, deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso mediante el juzgamiento y, en su caso, sanción de sus responsables y a colaborar de buena fe entre sí, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de los responsables de los hechos.

6. El Estado debe proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba y, si se encuentran sus restos, deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares y cubrir los eventuales gastos de entierro, en los términos del párrafo 172 de la Sentencia.

7. El Estado debe llevar a cabo, en el plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio, en los términos del párrafo 173 de la Sentencia.

8. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 39 a 41 y 48 a 54 del capítulo relativo al allanamiento parcial, los hechos probados de esta Sentencia sin las notas al pie de página correspondientes; el capítulo llamado "Responsabilidad internacional del Estado en el contexto del presente caso"; los párrafos considerativos 80 a 104 y 111 a 113, y la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 175 de la misma.

9. El Estado debe proveer a todos los familiares de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia y por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamentos, en los términos del párrafo 176 de la Sentencia.

10. El Estado debe construir, en el plazo de un año, un monumento en memoria de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba, en los términos del párrafo 177 de la presente Sentencia.

11. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos dentro de las fuerzas policiales paraguayas, en todos los niveles jerárquicos, en los términos del párrafo 178 de la Sentencia.

12. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, la tipificación de los delitos de tortura y desaparición "forzosa" de personas contenidas en los artículos 236 y 309 del actual Código Penal a las disposiciones aplicables al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en los términos del párrafo 179 de la Sentencia.

13. El Estado debe pagar en efectivo a los familiares de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño material, las cantidades fijadas en el párrafo 155 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 147 y 149 de la misma.

14. El Estado debe pagar en efectivo a Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, Rodolfo Ramírez Villalba, Benjamín Ramírez Villalba, Elva Elisa Benítez Feliú de Goiburú, Rogelio Agustín Goiburú Benítez, Rolando Agustín Goiburú Benítez, Patricia Jazmín Goiburú Benítez, Rosa Mujica Giménez, Gladis Ester Ríos de Mancuello, Claudia Anahí Mancuello Ríos, Carlos Marcelo Mancuello Ríos, Ana Arminda Bareiro de Mancuello, Mario Mancuello, Ana Elizabeth Mancuello Bareiro, Hugo Alberto Mancuello Bareiro, Mario Andrés Mancuello Bareiro, Emilio Raúl Mancuello Bareiro, Fabriciana Villalba de Ramírez, Lucrecia Ramírez de Borba, Eugenia Adolfina Ramírez de Espinoza, Sotera Ramírez de Arce, Sara Diodora Ramírez Villalba, Mario Artemio Ramírez Villalba, Herminio Arnoldo Ramírez Villalba, Julio Darío Ramírez Villalba y María Magdalena Galeano, en el plazo de un año, por concepto de indemnización por daño inmaterial, las cantidades fijadas en el párrafo 161 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 147 a 149 y 162 de la misma.

15. El Estado debe pagar en efectivo, en el plazo de un año, por concepto de costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo 183 de la presente Sentencia, la cual deberá ser entregada a las señoras Elva Elisa Benítez Feliú de Goiburú y Ana Arminda Bareiro de Mancuello, y al señor Julio Darío Ramírez Villalba, en los términos de los párrafos 183 y 187 de la misma.

16. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

9. El Estado debe emprender, con plena observancia de las garantías judiciales y en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en el presente caso, en los términos de los párrafos 153 a 156 y 168 de esta Sentencia.

10. El Estado debe realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia, en la comunidad en la que vive la familia de Gerardo Vargas Areco y en presencia de ésta y de autoridades civiles y militares del Estado, en el cual se colocará una placa en memoria del niño Vargas Areco, en los términos de los párrafos 157, 158 y 168 del presente Fallo.

11. El Estado debe proveer tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, según sea el caso, a los señores De Belén Areco, Pedro Vargas, y Juan, María Elisa, Patricio, Daniel, Doralicia, Mario, María Magdalena, Sebastián y Jorge Ramón, todos ellos de apellido Vargas Areco, si así lo requieren, y por el tiempo que sea necesario, en los términos de los párrafos 159, 160 y 168 de esta Sentencia.

12. El Estado debe diseñar e implementar programas de formación y cursos regulares sobre derechos humanos para todos los miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas, en los términos de los párrafos 161 y 168 del presente Fallo.

13. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva del presente Fallo, en los términos de los párrafos 162 y 168 del mismo.

14. El Estado debe adecuar su legislación interna en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las fuerzas armadas del Paraguay, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, en los términos de los párrafos 163, 164 y 168 de la presente Sentencia.

15. El Estado debe pagar a los señores De Belén Areco y Pedro Vargas por concepto de la indemnización por daño material, la cantidad fijada en el párrafo 148 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 168 y 174 de la misma.

16. El Estado debe pagar a los señores De Belén Areco, Pedro Vargas, y Juan, María Elisa, Patricio, Daniel, Doralicia, Mario, María Magdalena, Sebastián y Jorge Ramón, todos ellos de apellido Vargas Areco, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, la cantidad fijada en el párrafo 151 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 168 y 174 de la misma.

17. El Estado debe pagar, por concepto de las costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo 167 de la presente Sentencia, la cual deberá ser entregada a la señora De Belén Areco y al señor Pedro Vargas, en los términos de los párrafos 168 y 174 de la misma.

18. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 175 del presente Fallo.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos. [...]

a) El Gobierno debería enmendar el Código Penal para ajustar la definición de tortura al artículo 1 de la Convención contra la Tortura.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

b) El Gobierno debería tipificar la tortura como delito en el Código Penal Militar de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y asegurar que, en reconocimiento de la gravedad de los actos de tortura, se impongan penas apropiadas.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

c) El Gobierno debería establecer una autoridad independiente que investigue todas las denuncias de tortura o malos tratos que den lugar a una acción penal.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

d) El Gobierno debería asegurar que los funcionarios públicos que sean objeto de investigación en relación con denuncias de tortura o malos tratos sean inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se conozca el resultado de la investigación, o de cualquier acción judicial posterior. En caso de que sean condenados por tortura o malos tratos deben ser despedidos inmediatamente.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

e) El Gobierno debería asegurar que toda autoridad competente inicie ex officio una investigación rápida e imparcial dondequiera que haya bases razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos. Los jueces y los fiscales deberían inquirir rutinariamente de las personas traídas en detención preventiva cómo han sido tratadas y, en caso de duda (e incluso en ausencia de una denuncia oficial del acusado) ordenar un examen médico independiente.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

f) Las víctimas de tortura y de malos tratos deberían recibir una indemnización sustancial y tratamiento médico y rehabilitación adecuados. La indemnización de las víctimas del régimen de Stroessner no se limitará a la tortura que haya tenido como resultado daños físicos o psicológicos graves y manifiestos sino que debe ser tan amplia como se solicita en el artículo 14 de la Convención contra la Tortura.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

g) El Gobierno debería garantizar que la Comisión de Verdad y Justicia reciba apoyo político y financiero suficiente, sin ambigüedades, en su labor de elucidar violaciones pasadas de los derechos humanos por parte del Estado y agentes conexos y garantizar el derecho de las víctimas y de sus familiares a conocer la verdad. Todos los casos presentados por la Comisión deberían ser enjuiciados rigurosamente.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

h) Se alienta a la Oficina del Defensor del Pueblo a cumplir un papel más dinámico en lo que se refiere a investigar las denuncias de tortura y a iniciar diligencias penales contra los culpables, así como a asegurar el derecho de las víctimas a una indemnización. El Relator Especial subraya la importancia de la independencia de la Oficina en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, y hace un llamamiento a todos los interesados para que cumplan este requisito.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

i) El Gobierno debería asegurar que el derecho a asistencia letrada se garantice en la práctica desde el momento del arresto, según se establece en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal, particularmente en el caso de los detenidos que, debido a restricciones financieras, dependen de abogados nombrados por el Estado. Debería garantizarse la disponibilidad de defensores de oficio bien capacitados. Además se insta a los defensores públicos a hacerse cargo de sus casos diligentemente y a mantener un contacto periódico con sus clientes.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

j) El Gobierno debería proporcionar personal encargado de hacer cumplir la ley con capacitación amplia y completa en técnicas para llevar a cabo investigaciones criminales y técnicas eficaces de interrogación, utilizando un plan de estudios que incorpore la educación en derechos humanos.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

k) Con objeto de asegurar que las pruebas obtenidas mediante tortura sean efectivamente excluidas, las confesiones realizadas por personas arrestadas sin la presencia de un abogado y que no sean confirmadas por un juez no deberían ser admitidas como prueba contra las personas que hicieron la confesión. Debería prestarse seria consideración a la posibilidad de hacer cintas de vídeo o cintas auditivas de los interrogatorios y de cualesquiera declaraciones posteriores.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

l) El Gobierno debería asegurar que los exámenes médicos sean realizados normalmente por profesionales médicos calificados cuando los detenidos son arrestados, trasladados y puestos en libertad.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

m) El Gobierno debería mantener registros exactos de los detenidos en lo que se refiere a la hora y el lugar de arresto, la identidad de los funcionarios que lo arrestaron, el lugar de detención, el estado de salud al llegar al centro de detención, la hora en que se ha hecho contacto con los familiares y el abogado y la hora en que han visitado al detenido, y la información sobre exámenes médicos obligatorios a la llegada, el traslado y la puesta en libertad.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

n) El Gobierno debería designar un mecanismo nacional eficaz e independiente para llevar a cabo visitas preventivas y sin aviso previo a los lugares de detención en pleno cumplimiento de los requisitos que figuran en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y considerar seriamente las recomendaciones que va a presentar el Grupo de Trabajo, que también debería incluir miembros de la sociedad civil así como expertos independientes.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

o) El Gobierno debería garantizar que las personas privadas de su libertad estén detenidas en penitenciarías en que las condiciones se ajusten a las normas sanitarias y de higiene mínimas, y debería eliminar el hacinamiento. Esto es particularmente importante con respecto a las instalaciones en Ciudad del Este y Tacumbú.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

p) El Gobierno debería limitar el recurso a la detención preventiva, particularmente en los casos de delitos no violentos, leves y menos graves, y aumentar la aplicación de medidas no privativas de la libertad. El uso extensivo de la prisión preventiva es contrario a la presunción de inocencia, agrava el hacinamiento y expone a los sospechosos a un medio ambiente de criminalidad e inseguridad.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

q) El Gobierno debería atender las necesidades básicas de los detenidos, tales como alimentos suficientes y adecuados, ropa de cama, atención de salud, más oportunidades de empleo, de educación y de rehabilitación, y asegurar su libre acceso a esos servicios.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

r) El Gobierno debería erradicar la corrupción en el sistema penitenciario y de justicia penal en general. En relación con el sistema carcelario, los guardias de prisión deberían recibir un salario apropiado, que debería pagarse puntualmente.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]
s) El Gobierno debería asegurar la efectiva separación de los presos en prisión preventiva y los presos convictos, así como de los menores y los adultos. La separación efectiva incluye asegurar que ambas categorías de presos no se mezclen, incluso durante el día, como es el caso en muchos establecimientos penitenciarios de régimen abierto.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

t) El Gobierno debería asegurar que se emplea suficiente personal de prisiones. La escasez de personal en las prisiones provoca la inseguridad de los propios funcionarios y les dificulta cumplir sus obligaciones de proteger a los reclusos de la violencia entre presos. Además, aumenta las posibilidades de escapar.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

u) El Gobierno debería asegurar que el uso de celdas de castigo se limite a aquellos casos en que se justifica. Debe ponerse fin a la práctica aparentemente normal de confinar a los recién llegados en celdas de castigo, y deben introducirse procedimientos para normalizar toda la documentación acerca de tales medidas. Los detenidos deberían ser informados con antelación sobre la duración de su confinamiento en celdas de castigo.

90. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y asistencia a esos efectos [...]

v) Debería garantizarse efectivamente a todos los detenidos la capacidad de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente, por ejemplo, mediante procedimientos de hábeas corpus, la posibilidad de contar con un número suficiente de defensores de oficio y el derecho efectivo a tener acceso a asistencia letrada.

91. El Relator Especial también recomienda que los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, los gobiernos donantes y los organismos de desarrollo presten asistencia al Gobierno del Paraguay en la aplicación de estas recomendaciones y, en particular, en sus esfuerzos por mejorar el sistema policial y carcelario mediante la construcción de instalaciones, e impartir capacitación apropiada al personal policial y de prisiones.

92. También se alienta a los donantes a apoyar el mecanismo nacional independiente de prevención que se establecerá de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con la tarea de llevar a cabo visitas regulares y sin previo aviso a todos los lugares de detención.

23.a) El Comité exhorta al Estado parte a que tome todas las medidas necesarias para reducir la extrema pobreza y que mejore sus estrategias de desarrollo social, incluyendo medidas de coordinación entre las diferentes instituciones, y de evaluación que permitan conocer el impacto de los planes e identificar sus deficiencias. El Estado parte debería también tomar medidas adicionales de índole fiscal dirigidas a una mejor distribución de la riqueza entre la población, tanto en las áreas rurales como urbanas. Al respecto, el Comité le invita a tomar en consideración su declaración sobre la Pobreza y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada el 4 de mayo de 2001 (E/2002/22-E.12/2001/17, anexo VII). El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya datos desagregados y comparativos, e indicadores, sobre el número de personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, así como sobre los progresos realizados en el combate a la pobreza y a la extrema pobreza.

23.b) El Comité recomienda al Estado parte que incremente sus esfuerzos para acelerar la demarcación y recuperación de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, acompañando la repartición de tierras a los campesinos de medidas tales como asistencia técnica, insumos, herramientas, microcréditos, capacitación e infraestructura como sistemas de irrigación y electricidad. El Estado parte debe vigilar que el presupuesto destinado a la reforma agraria no sea desviado de su fin.

23.c) El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer incluyendo salario igual por trabajo igual. El Estado parte debería adoptar cuanto antes la ley de igualdad de salarios que está siendo discutida por el Senado, vigilando que la misma sea plenamente compatible con el Pacto.

23.d) El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos para eliminar la violencia doméstica y considerar la posibilidad de modificar su legislación penal en materia de violencia doméstica, aumentando la pena para esta conducta delictiva.

23.e) El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas urgentes eficaces para reducir la tasa de desempleo y la economía informal; así como para garantizar a los trabajadores el ejercicio de sus derechos laborales, incluyendo a la seguridad social.

23.f) El Comité recomienda al Estado Parte que vigile que el Ministerio de Justicia y del Trabajo realice con diligencia el trámite de registro de sindicatos. El Estado parte debe tomar medidas enérgicas para proteger a los trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes de actos de intimidación, incluyendo a través de la investigación de tales hechos y de juicios y sanciones a los responsables.

23.g) El Comité pide al Estado parte que tome medidas efectivas para garantizar la igualdad del salario mínimo entre el sector público y privado, vigilando que el mismo permita a todas las familias llevar un nivel de vida adecuado.

23.h) El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para eliminar el trabajo infantil, en particular en el servicio doméstico, tomando todas las medidas apropiadas. Le pide que se investigue todo caso de explotación y abusos sexuales de niños trabajadores, y se juzguen y castiguen a los responsables.

23.i) El Comité recomienda al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos en el área de salud, y lo invita a que adopte una política global de salud que permita garantizar el acceso de las poblaciones más pobres a una atención primaria de la salud gratuita y de calidad. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe presente información detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desagregados e indicadores que permitan apreciar los avances logrados en esta área.

24. El Comité pide al Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces para luchar contra la discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al empleo, y las condiciones de trabajo. El Comité recomienda al Estado la adopción de una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que vigile que las actividades de la Secretaría de la Mujer tengan un impacto en la vida real de las mujeres.

25. El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas positivas necesarias para eliminar la discriminación de las que son víctimas las mujeres en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres en zonas rurales, incluyendo el diseño de una política pública integral para combatir la trata de personas y proporcionar protección y asistencia a las víctimas.

26. El Comité recomienda al Estado parte que modifique los artículos del Código Laboral que establecen condiciones discriminatorias al trabajo doméstico, y que incremente el número de inspecciones laborales en este sector.

27. El Comité insta al Estado parte a que tome medidas urgentes para controlar que el cultivo de la soja no traiga aparejado detrimento en el disfrute, por parte de la población, de los derechos reconocidos por el Pacto. Además de garantizar la observancia de la Ley de Agrotóxicos, el Estado parte debe crear un marco legal efectivo de protección contra el uso de agro-tóxicos y realizar inspecciones eficaces y frecuentes.

28. El Comité insta al Estado parte a tomar las medidas necesarias, incluyendo de orden legislativo, para: a) evitar que las familias campesinas e indígenas que ocupan las tierras sean desalojadas; b) que los reclamos de las familias campesinas e indígenas sean atendidos y no sean objeto de represión; c) se dé curso a las denuncias presentadas ante la fiscalía; d) asegurarse que el poder judicial en sus decisiones tome en cuenta las disposiciones del pacto; y e) investigar, juzgar y sancionar a los responsables de desalojos forzados y violaciones conexas a los derechos reconocidos por el pacto.

29. El Comité insta al Estado parte a que tome todas las medidas necesarias para garantizar que los pueblos indígenas cuenten con un título legal de sus tierras indígenas.

30. El Comité exhorta al Estado parte, de conformidad con su Observación General No.4, sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, a tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la construcción de unidades habitacionales, para solucionar el problema de la escasez de viviendas que afecta principalmente a las zonas rurales, a las familias con bajos ingresos y a otras personas y grupos marginalizados. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe presente información detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desagregados e indicadores que permitan apreciar los avances logrados en esta área.

31. El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas eficaces y urgentes para combatir el hambre y la desnutrición. El Estado parte debería revisar sus políticas públicas agrícolas de modo que se impulse el fomento de la agricultura familiar campesina y la seguridad alimentaria. Utilizar el máximo de recursos disponibles para el apoyo financiero y técnico destinado a los productores de pequeña y mediana escala.

32. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que tome las medidas legislativas necesarias para solucionar el problema de la mortalidad de las mujeres a causa de abortos clandestinos y le recomienda que en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodos de planificación familiar sean abordados abiertamente, de tal manera que contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la transmisión de enfermedades sexuales. Le recomienda también que adopte una ley sobre salud sexual y reproductiva compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe también continuar con sus esfuerzos para disminuir la mortalidad materna e infantil.

33. El Comité alienta al Estado parte a que continúe con sus esfuerzos para mejorar la situación de las personas bajo tratamiento neuropsiquiátrico internadas en los hospitales de salud, acelerando los avances en la implementación del Acta de compromiso firmada en 2004, y especialmente garantizando el acceso a recursos de revisión judicial en casos de internamiento. El Comité también recomienda que adopte una Ley de salud mental, plenamente compatible con el Pacto, en un corto avenir.

34. El Comité recomienda al Estado parte que, al abordar el programa de restitución de tierras, tome debidamente en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, elemento esencial para la expresión de su identidad cultural y de su misma supervivencia.

35. El Comité recomienda que, en su próximo informe periódico, el Estado parte proporcione análisis más detallados de casos examinados y de los resultados de las actividades emprendidas por el Defensor del Pueblo.

36. El Comité recomienda que el Estado parte refuerce el mandato de la Comisión de Derechos Humanos, inclusive mediante un financiamiento adecuado, y que, a nivel nacional, participe en actividades de seguimiento, de las observaciones finales de este Comité.

37. El Comité pide al Estado Parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, y en particular entre los funcionarios del Estado, el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil en general, y le comunique en su próximo informe periódico todas las medidas que haya adoptado para ponerlas en práctica. Alienta también al Estado Parte a que integre a las organizaciones no gubernamentales y a otros miembros de la sociedad civil en el proceso de debate nacional previo a la presentación de su próximo informe periódico.

38. El Comité invita al Estado Parte a actualizar su Documento Básico Común de conformidad con las Directrices Armonizadas sobre Preparación de Informes de 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

39. El Comité pide al Estado Parte que presente su cuarto informe periódico en un documento único a más tardar el 30 de junio de 2011.

7.5 Teniendo en cuenta todo lo que antecede, el Comité concluye que el Estado parte no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la familia, en virtud del artículo 23 del Pacto, a favor del autor y de sus hijas, así como el derecho de éstas, en su condición de menores, a la protección con arreglo al artículo 24, párrafo 1 del Pacto.

8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los artículos 23 y 24, párrafo 1 del Pacto.

9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, que incluya facilitar los contactos entre el autor y sus hijas. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado parte asimismo que publique el Dictamen del Comité.

28. Todos los poderes del Gobierno del Paraguay (legislativo, ejecutivo y judicial) y todos sus organismos constitucionales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, deben asumir plenamente la responsabilidad de poner fin a las prácticas de trabajo forzoso y deben celebrar consultas y cooperar con los pueblos indígenas para establecer planes de acción que acaben con las prácticas de trabajo forzoso y la discriminación contra los pueblos indígenas.

29. Todas las recomendaciones formuladas en el presente informe deben aplicarse con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas interesados.

30. De conformidad con sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay debe adoptar medidas que garanticen la adecuada presencia de las instituciones del Estado en las zonas afectadas por las prácticas de trabajo forzoso e infantil mediante, entre otros, el fortalecimiento de la presencia del Fiscal de Distrito, del Defensor del Pueblo y de los Ministerios de Justicia y Trabajo, Educación y Cultura, y Salud Pública y Bienestar. Esto comporta incrementar el personal técnico cualificado (incluyendo a personas indígenas) en los distintos ministerios, y garantizar la prestación de servicios públicos a las comunidades indígenas, así como asignaciones presupuestarias suficientes de forma sostenida.

31. Dichos cometidos gubernamentales se llevarán a cabo con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas a través del INDI reformado o por cualquier otro medio. El Gobierno del Paraguay debe asegurarse de que las autoridades e instituciones locales de la región del Chaco no tomen decisiones sobre cuestiones que afectan a los pueblos indígenas sin su debido consentimiento.

32. La existencia en el Paraguay de prácticas de trabajo forzoso que afectan a los pueblos indígenas está bien documentada. El Gobierno debe proceder sin dilación a la recopilación de datos que identifiquen a los empleadores involucrados en dichas prácticas para efectos legales, incluidas las responsabilidades penales.

33. El Gobierno del Paraguay debe proporcionar al Departamento de Trabajo recursos suficientes para llevar a cabo las investigaciones del trabajo adecuadas y oportunas en la región del Chaco. Dichos recursos deben incluir los sueldos de los inspectores, computadoras y acceso a Internet, vehículos y equipos.

34. Los inspectores del trabajo deben recibir capacitación en materia de derechos humanos, a saber, derechos laborales, de la mujer, del niño y de los pueblos indígenas, incluidos los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los organismos de las Naciones Unidas en el Paraguay deben ofrecer apoyo técnico y capacitación en esta materia.

35. El Ministerio de Justicia y Trabajo del Paraguay debe garantizar la integridad de los inspectores del trabajo mediante la aplicación de mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente a los conflictos de intereses.

36. El Gobierno del Paraguay debe garantizar la seguridad de los inspectores del trabajo y su libre acceso a todas las propiedades.

37. El Gobierno del Paraguay debe crear un sistema accesible para recibir y tramitar las quejas sobre abusos laborales.

38. En los casos en que los inspectores del trabajo documenten prácticas contrarias al derecho nacional o internacional, sus conclusiones deben conducir a rápidas medidas jurídicas de reparación.

39. El Ministerio de Justicia y Trabajo debe modificar la composición de las comisiones tripartitas, compuestas actualmente por la administración pública, los sindicatos y las organizaciones patronales. Dichas comisiones deben contar también con una representación indígena de conformidad con lo establecido por el Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

40. El Ministerio de Justicia y Trabajo debe garantizar que a los trabajadores indígenas no se les pague por debajo del salario mínimo y que disfruten de servicios y prestaciones sociales en igualdad de condiciones con respecto a los trabajadores no indígenas.

41. Debe considerarse que la ambición última de los pueblos indígenas sometidos a trabajo forzoso no es convertirse en trabajadores contratados en las haciendas, sino recuperar sus tierras y recursos.

42. Conforme a sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay debe garantizar la integridad de las fuerzas del orden, de los fiscales y de los tribunales mediante la aplicación de mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente a los conflictos de intereses. Las fuerzas policiales en la región del Chaco deben estar dirigidas por funcionarios que se mantengan neutrales en el ejercicio de sus funciones oficiales.

43. El Gobierno del Paraguay debe garantizar que los miembros de la policía, los fiscales y los jueces de la región del Chaco reciban capacitación en materia de derechos humanos, a saber, derechos laborales, de la mujer, del niño y de los pueblos indígenas, incluidos los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los organismos de las Naciones Unidas en el Paraguay deben ofrecer apoyo técnico y capacitación en esta materia.

44. Las comunidades indígenas han de tener acceso a los servicios jurídicos necesarios para proteger y defender sus intereses de forma colectiva.

45. Los fiscales deben actuar enérgicamente ante los casos de violación de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, de los pueblos indígenas y de sus simpatizantes, y deben contar con recursos suficientes para que dichos casos se traten con la prioridad adecuada y se instruyan sin dilaciones indebidas. Toda decisión contraria a la iniciación de la instrucción debe comunicarse sin demora y junto con la justificación de dicha decisión a la persona que denuncie la violación.

46. El poder judicial, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo deben defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas conforme se reconocen en la Constitución, los tratados y las normas internacionales de derechos humanos.

47. La estructura y el funcionamiento del INDI deben reformarse con el objetivo de adaptarlos a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, y en especial con el de defender el derecho al consentimiento previo, libre e informado recogido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El nuevo INDI no debe depender de un ministerio gubernamental, sino de la Presidencia, o bien ser una institución autónoma dotada de autoridad para influir en las políticas de todos los ministerios. En el diseño de esta reforma institucional deben participar todas las partes implicadas, teniendo en cuenta especialmente las opiniones de los pueblos indígenas sobre esta cuestión. La misión acoge con beneplácito el plan diseñado por el Gobierno del Paraguay para llevar a cabo dichas reformas e insta al Congreso a que lo respalde mediante la aprobación de las enmiendas legislativas necesarias.

48. Una vez reformado, el INDI y la nueva comisión encargada de la erradicación del trabajo forzoso deben, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, formular y promover un plan de acción sobre el trabajo forzoso capaz de abordar sus causas profundas, especialmente las relativas a la tenencia de tierras.

49. La profunda reforma del INDI no debe impedir ni coartar la libertad de los pueblos y organizaciones indígenas para actuar y tomar decisiones exclusivamente por sí mismos. Debe respetarse siempre su derecho al consentimiento previo, libre e informado.

50. El Congreso y el Gobierno del Paraguay deben garantizar una financiación pública y asignaciones presupuestarias suficientes para poner en práctica las recomendaciones formuladas en el presente informe.

51. El sistema de las Naciones Unidas debe prestar asistencia en las cuestiones indígenas del Paraguay, incluida la abolición del trabajo forzoso.

52. La misión insta a la comunidad de donantes, incluidas las bilaterales, a apoyar las iniciativas encaminadas a la aplicación de las presentes recomendaciones en el Paraguay.

53. El Gobierno del Paraguay debe crear urgentemente un registro catastral para la región del Chaco. Hay que establecer un plazo fijo para su finalización, y debe someterse a revisión con el objetivo de evaluar la legitimidad de los títulos de propiedad existentes, particularmente en el caso de tierras reclamadas por comunidades indígenas.

54. Dado que los pueblos indígenas fueron desposeídos de sus tierras sin su consentimiento y sin compensación, cuando se cuestionen las demandas de los indígenas, la carga de la prueba corresponderá a la parte no indígena en relación con la tierra en cuestión.

55. La devolución de tierras a los pueblos indígenas, especialmente a las comunidades que ahora no poseen tierras o solo poseen pequeñas parcelas, debería formar parte de los procesos judiciales de conformidad con el derecho de los pueblos indígenas a recuperar sus tierras. Además, se recomienda que el Gobierno y los representantes indígenas entablen negociaciones con la sociedad menonita y las organizaciones de ganaderos de la región. Dichas negociaciones deben basarse en los principios de los derechos humanos y en la igualdad, con la convicción de que es posible crear una sociedad intercultural más justa, en la que todos los ciudadanos, tanto si pertenecen a pueblos indígenas como si no, puedan desarrollarse pacíficamente.

56. El Gobierno del Paraguay debe aplicar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a la situación de las comunidades indígenas. Yakye Axa y Saxhoyamaxa, las cuales, desde que fueron desplazadas de sus tierras tradicionales, viven en condiciones precarias con suministros discontinuos de agua y alimentos y una atención médica inadecuada. La misión reconoce que el Presidente Fernando Lugo Méndez ha dado los primeros pasos hacia la aplicación del caso Yakye Axa, pero pide la aplicación inmediata e íntegra de las decisiones.

57. La reforma agraria debe basarse en una gestión integrada y participativa a nivel local, regional y nacional, y debe emprenderse conjuntamente con el PLANAL en la región del Chaco y con el apoyo de la FAO. De conformidad con la iniciativa del PLANAL, el objetivo de la reforma debe ser garantizar procesos sostenibles para las poblaciones beneficiarias, que incluyan programas de desarrollo de la capacidad y garanticen el acceso permanente a servicios básicos como la alimentación, el agua y la educación.

58. La sequía en el Chaco es un fenómeno cíclico que se ha agravado durante los últimos años, dificultando el acceso de los pueblos indígenas y los minifundistas al agua y a alimentos suficientes. Aunque desde 2004 la región del Chaco viene siendo declarada anualmente en estado de emergencia debido a la sequía, se recomienda al Gobierno del Paraguay que elabore un plan de contingencia que se ponga en marcha antes de la estación seca para garantizar la disponibilidad de agua potable y alimentos a la población afectada, especialmente los pueblos indígenas. El Gobierno debe considerar este plan como un punto de partida para garantizar la seguridad alimentaria y de agua potable para los pueblos indígenas y pobres del Chaco de forma continuada, haciendo del PLANAL su pilar fundamental.

59. De conformidad con sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los departamentos pertinentes deben apoyar el desarrollo de alternativas viables para la obtención de ingresos e iniciar actividades productivas y comerciales sostenibles para los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, afectadas por las prácticas de trabajo forzoso.

60. La misión observa que el Ministerio de Educación y Cultura está llevando a cabo importantes iniciativas con el objetivo de mejorar las oportunidades educativas de los niños indígenas. El Gobierno del Paraguay debe, asimismo, buscar una solución a los obstáculos a los que se enfrentan los niños indígenas a la hora de matricularse y asistir a la escuela, ampliar los servicios educativos y proporcionar asignaciones presupuestarias adecuadas para garantizar una educación para todos.

61. De conformidad con sus poderes constituciones, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los departamentos pertinentes deben ampliar la cobertura de la atención de la salud y la seguridad social. Se podrían establecer y financiar adecuadamente brigadas móviles para prestar a las comunidades indígenas dichos servicios, que de otra forma les resultarían inaccesibles.

62. Se debe revocar o reformar la ley de Ayuda Mutual Hospitalaria en virtud de la cual se ha creado un sistema de seguro médico especial que solo se aplica a los pueblos indígenas de la región del Chaco.

63. Los consejos menonitas no deben tener competencias sobre los sistemas de servicios sociales y atención sanitaria prestados a los indígenas.

64. De conformidad con sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los departamentos pertinentes deben conceder prioridad al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones indígenas, así como al desarrollo de las habilidades profesionales y de liderazgo. Dichos programas deben incluir a las mujeres indígenas.

65. El Gobierno del Paraguay debe mejorar la infraestructura de comunicaciones en la región del Chaco mediante, entre otros medios, facilitando el acceso de los pueblos indígenas a las comunicaciones radiofónicas y telefónicas.

66. La misión apoya los esfuerzos realizados por la Secretaría de Ambiente en la prevención de la deforestación del Chaco y le pide que mantenga sus esfuerzos a este respecto con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas de la región.

67. El Gobierno del Paraguay debe adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas efectivas para combatir la discriminación contra dichos pueblos.

68. El Gobierno del Paraguay debe revocar toda ley o práctica discriminatoria, incluida la Ley de Ayuda Mutual Hospitalaria ya mencionada.

69. El Gobierno del Paraguay debe erradicar la segregación en los servicios sociales, como los colegios y los centros de atención de la salud.

70. Los Gobiernos de la República del Paraguay y del Estado Plurinacional de Bolivia deben cooperar y compartir prácticas prometedoras para la erradicación del trabajo forzoso de los pueblos indígenas en las regiones del Chaco de cada país. Debe examinarse la posibilidad de elaborar un programa transfronterizo para la protección de los pueblos indígenas del Chaco.

71. Las Naciones Unidas y los organismos bilaterales de asistencia deben compartir las buenas prácticas pertinentes recabadas a lo largo de su experiencia en distintos países y financiar programas transfronterizos.

72. El Gobierno del Paraguay y la nueva comisión encargada de la erradicación del trabajo forzoso deben, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, elaborar un plan de acción nacional sobre el trabajo forzoso. Dicho plan debe abordar la discriminación como causa de fondo del trabajo forzoso y establecer un proceso de supervisión para garantizar su aplicación.

73. El Gobierno del Paraguay debe estudiar la posibilidad de celebrar una conferencia nacional sobre los pueblos indígenas con el objetivo de aumentar la visibilidad de las cuestiones indígenas en el país y mejorar la coordinación entre los organismos gubernamentales y de las Naciones Unidas y las organizaciones de los pueblos indígenas.

74. Todos los poderes del Gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) y todos sus organismos constitucionales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, deben cumplir las obligaciones en virtud de las leyes y los convenios internacionales.

75. La misión recuerda al Gobierno del Paraguay que, en su labor de erradicación de las causas de fondo del trabajo forzoso de los pueblos indígenas, debe guiarse por los instrumentos internacionales y, en especial, por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a favor de la cual el Paraguay votó en la Asamblea General, y por el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Paraguay. La misión apoya la decisión del Gobierno de aplicar el Convenio núm. 169 de la OIT.

76. La misión pide al Gobierno que tome medidas urgentes para garantizar que se respeten y protejan los derechos laborales de los pueblos indígenas, especialmente las normas laborales básicas de la OIT relativas a la libertad de asociación, la erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y la igualdad de oportunidades sin discriminación, así como las normas laborales internacionales relativas a la seguridad social y los salarios.

77. La Corte Suprema de Justicia y, en particular, su Sala Constitucional deben prestar mayor atención a los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio núm. 169 de la OIT. La Corte debe, asimismo, ser consciente de los problemas constitucionales en lo referente a las leyes que respetan el derecho de consulta de los pueblos indígenas.

78. La Corte Suprema de Justicia y, en particular, su Sala Constitucional deben prestar mayor atención a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los pueblos indígenas, más allá de los casos anteriormente mencionados que afectan directamente al Paraguay.

64. El Relator Especial lamenta que la definición de la tortura y la criminalización de la tortura en la legislación aún no cumplen los requisitos de los artículos 1 y 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inhumanos o degradantes (CAT).

7. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para seguir las recomendaciones de las observaciones finales sobre el segundo informe periódico que todavía no se hayan llevado a efecto o que lo hayan sido de manera insuficiente, en particular las relativas a la armonización de la legislación con la Convención, el mejoramiento de la coordinación a nivel nacional y local, la asignación de recursos para los niños, la recopilación de datos, los principios generales de la Convención, el registro de los nacimientos, los niños con discapacidad, la violencia y el maltrato de niños, incluidos los abusos sexuales, y la justicia juvenil, y a que dé un seguimiento adecuado a las recomendaciones recogidas en las presentes observaciones finales.

9. El Comité recomienda al Estado parte que siga armonizando su legislación con los principios y disposiciones de la Convención, y que refuerce la aplicación de la legislación interna. Recomienda asimismo que las iniciativas que se adopten con fines de reforma legislativa se enmarquen en un análisis integral del sistema legislativo cuyo objetivo sea el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Convención, e incluyan la realización efectiva de los derechos de niños y niñas, medidas eficaces para protegerlos contra la violencia y reformas en materia de asignación presupuestaria. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de introducir enmiendas legislativas que prevean penas proporcionales al daño infligido a la víctima y a la sociedad. También recomienda al Estado parte que ponga el Código Penal en conformidad con la Ley Nº 2861/2006.

11. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce el papel del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia a fin de asegurar la eficacia del sistema nacional de protección de la infancia;

b) Inste a los departamentos y municipios a que designen a sus respectivos consejos de la niñez y la adolescencia;

c) Establezca consejerías en cada municipio del país con el fin de asegurar su representación en todo el país y para todos los niños;

d) Dote a las consejerías municipales de recursos humanos y técnicos adecuados; y

e) Asigne los debidos recursos financieros a todos los mecanismos de coordinación con el fin de garantizar una coordinación efectiva entre las diversas instituciones.

13. El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo las actividades de vigilancia y evaluación que sean necesarias para evaluar regularmente los progresos realizados por el Plan Nacional de Acción por la Niñez y la Adolescencia (2003-2008) y detectar las posibles deficiencias con respecto al presupuesto asignado. Recomienda asimismo al Estado parte que adopte las medidas necesarias para asegurar la participación efectiva de los niños en la (ejecución, vigilancia y) evaluación del Plan Nacional de Acción. Además, insta al Estado parte a que adopte un nuevo plan nacional de acción que se pueda aplicar eficazmente con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros.

15. El Comité recomienda al Estado parte que defina claramente el mandato del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Recomienda asimismo al Estado parte que adopte medidas para promover el funcionamiento eficaz de la Defensoría y la difusión efectiva de sus informes entre la población en general, especialmente los niños, y que se cerciore de que los mecanismos de queja sean fácilmente accesibles, estén adaptados a los niños y sean conformes a los Principios de París, y tengan en cuenta la Observación general Nº 2, de 2002, sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo debería tener el mandato de vigilar la aplicación de la Convención y atender las quejas de todos los niños, y hacerlo de manera expedita y adaptada a sus necesidades.

17. El Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que:

a) Asigne recursos suficientes para los niños a nivel nacional y municipal, de conformidad con el artículo 4 de la Convención. b) Asegure una presupuestación transparente y participativa mediante el diálogo y la participación del público, especialmente de los niños. c) Utilice un enfoque basado en los derechos del niño al elaborar el presupuesto del Estado, aplicando un sistema de seguimiento para la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo el presupuesto, que permita asegurar la visibilidad de la inversión en la infancia. El Comité insta también al Estado parte a que emplee ese sistema de seguimiento para evaluar en qué medida las inversiones en cualquier sector contribuyen al "interés superior del niño", cerciorándose de que se mida la repercusión diferencial de dicha inversión en los niños y las niñas. d) Defina partidas presupuestarias estratégicas para aquellas situaciones que puedan requerir medidas sociales afirmativas (como el registro de los nacimientos, la educación de los niños indígenas o la violencia contra los niños), y se asegure de que dichas partidas estén protegidas incluso en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias. e) Siga, cuando sea posible, las recomendaciones de las Naciones Unidas de empezar a utilizar la presupuestación basada en los resultados para controlar y evaluar la eficacia de la asignación de recursos y, en caso necesario, pida cooperación internacional a este respecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros interesados como la que se está suministrando a otros Estados partes de la región. f) Tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité tras su día de debate general celebrado en 2007 y titulado "Recursos para los derechos del niño - Responsabilidad de los Estados".

19. El Comité, en consonancia con sus anteriores recomendaciones, insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para desarrollar un sistema integral de acopio de datos sobre la aplicación de la Convención mediante el establecimiento de un sistema nacional de estadísticas. Los datos deberían abarcar a todos los niños hasta los 18 años de edad y estar desglosados por sexo, edad y otros indicadores pertinentes. El Comité recomienda también al Estado parte que utilice esos datos para vigilar y evaluar eficazmente los progresos logrados en la aplicación de la Convención, y que haga posible la formulación y promulgación de políticas públicas pertinentes.

21. El Comité reitera su recomendación anterior e insta al Estado parte a que:

a) Redoble sus esfuerzos para traducir el material informativo al guaraní y a los principales idiomas indígenas y para difundirlo;

b) Desarrolle métodos más creativos de promoción de la Convención, en particular a través de medios audiovisuales como libros ilustrados y carteles, especialmente a nivel local;

c) Siga organizando actividades de capacitación y/o sensibilización adecuada y sistemática para los grupos de profesionales que trabajan con y para los niños, como jueces, abogados, agentes del orden público, maestros, directores de escuela y personal de los servicios de salud y de los medios de comuncación;

d) Integre plenamente la Convención en los programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y asegure su traducción a todos los idiomas del país; y

e) Solicite en caso necesario asistencia técnica al UNICEF, entre otros.

23. El Comité recomienda al Estado parte que fije la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años tanto para las niñas como para los niños.

25. El Comité, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, recomienda encarecidamente al Estado parte que:

a) Redoble sus esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños indígenas, los que viven en la pobreza, las niñas, los niños en situación de calle y los niños con discapacidad;

b) Acelere el proceso de aprobación del proyecto de ley contra todas las formas de discriminación;

c) Garantice de forma efectiva los servicios de salud, nutrición, educación, acceso al empleo y actividades culturales para los niños indígenas.

26. El Comité pide también que en el próximo informe periódico se incluya información específica sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención que haya adoptado el Estado parte en seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como en relación con el documento final de la Conferencia de Examen de Durban de 2009.

28. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga y refuerce su labor para asegurar que el principio general del interés superior del niño sea debidamente operativo en todas las disposiciones legales, así como en las decisiones administrativas y judiciales y en los proyectos, programas y servicios que afecten a los niños.

30. El Comité insta al Estado parte a que haga todo lo posible para reforzar la protección del derecho a la vida de los niños en el Estado parte. También recomienda al Estado parte que realice investigaciones efectivas de los presuntos casos de tortura y detención arbitraria de niños y lleve a los autores ante la justicia, y que en su próximo informe periódico suministre información sobre todas las investigaciones realizadas con respecto a las denuncias de tortura y detención arbitraria de niños durante la dictadura.

32. A la luz del artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que haga todo lo necesario para reforzar la aplicación de medidas encaminadas a garantizar el derecho de los niños a ser escuchados en la escuela, en el hogar y en cualquier procedimiento judicial y administrativo que pueda afectar a sus derechos, así como en la esfera pública a nivel nacional, departamental y municipal. También recomienda al Estado parte que tenga en cuenta la Observación general Nº 12 del Comité, aprobada en 2009, sobre el derecho del niño a ser escuchado.

34. A la luz del artículo 7 de la Convención y en consonancia con sus recomendaciones anteriores, el Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que se inscriba en el registro a todos los niños, prestando especial atención a los indígenas y a los que viven en zonas rurales. Insta al Estado parte a que cree oficinas y dependencias de registro descentralizadas, dotadas de recursos humanos, materiales y financieros suficientes, y a que refuerce sus actividades de sensibilización en todas las comunidades sobre la importancia de registrar el nacimiento de todos los niños y niñas. Además, el Comité recomienda al Estado parte que garantice que los niños no registrados no se vean privados de sus derechos, especialmente a la salud y a la educación.

36. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas adecuadas para combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras cosas mediante programas de capacitación sistemática a nivel nacional y local, dirigidos a todos los profesionales que trabajan con y para los niños en la prevención y la protección contra la tortura y otras formas de maltrato;

b) Investigue y enjuicie todos los casos de tortura y maltrato de niños a fin de prevenir la impunidad y asegurar que los niños maltratados no se conviertan de nuevo en víctimas en el procedimiento judicial y que se proteja su intimidad;

c) Garantice que los niños víctimas reciban los servicios adecuados de atención, recuperación y reintegración;

d) Realice campañas de educación pública para promover una cultura de la no violencia;

e) Establezca un mecanismo nacional para la prevención de la tortura.

38. El Comité recomienda al Estado parte que, con carácter urgente:

a) Prohíba expresamente y por ley el castigo corporal en todos los contextos teniendo en cuenta la Observación general Nº 8 del Comité, sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes;

b) Establezca un sistema eficaz de vigilancia para asegurar que no se produzcan abusos de poder por parte de maestros y otros profesionales que trabajan con niños; y

c) Lleve a cabo campañas de educación pública, sensibilización y movilización social sobre el castigo corporal, con vistas a modificar la actitud general hacia esta práctica y promover formas positivas, no violentas y participativas de crianza y educación de los niños.

39. En relación con el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Tome todas las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones que figuran en el informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, teniendo en cuenta el resultado y las recomendaciones de la consulta regional para América Latina celebrada en la Argentina del 30 de mayo al 1º de junio de 2005. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que preste especial atención a las siguientes recomendaciones:

i) Prohibir toda la violencia contra los niños, en particular el castigo corporal en todos los entornos;

ii) Promover valores no violentos y la creación de conciencia;

iii) Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad;

iv) Abordar la dimensión de género de la violencia contra los niños;

v) Elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de recopilación de datos e investigación.

b) Utilice estas recomendaciones como un instrumento para la acción, en colaboración con la sociedad civil, y en particular con la participación de los niños, a fin de garantizar la protección de todos los niños contra todas las formas de violencia física, sexual y psicológica y de generar el impulso necesario para la adopción de medidas concretas y sujetas a plazos definidos para prevenir tales actos de violencia y abusos, y reaccionar frente a ellos. c) En su próximo informe periódico proporcione información acerca del cumplimiento por el Estado parte de las recomendaciones del Estudio; y d) Solicite asistencia técnica en este sentido a la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud.

41. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas preventivas para apoyar y fortalecer a las familias, en particular medidas de educación familiar y concienciación, por ejemplo mediante oportunidades de formación evaluable para los padres, a fin de evitar el internamiento de niños en instituciones. Con ese fin, el Comité recomienda que se dé prioridad a los servicios sociales destinados a los niños de los grupos más vulnerables y al apoyo financiero y psicológico para ayudar a los padres a ejercer sus responsabilidades de crianza y desarrollo de los niños. Recomienda también que el Estado parte evalúe el efecto de todas las formas de migración en la desintegración de la familia nuclear.

43. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Emprenda un estudio para evaluar la situación de los niños internados en instituciones y, en particular, sus condiciones de vida y los servicios prestados;

b) Adopte todas las medidas necesarias para permitir que los niños internados en instituciones regresen a sus familias lo antes posible, y considere el acogimiento de niños en instituciones como último recurso y por el plazo más breve posible; y

c) Establezca normas claras para las instituciones existentes, las capacite y garantice un mecanismo general de examen periódico de los niños internados, a la luz del artículo 25 de la Convención y las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que figuran en la resolución 64/142 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 20 de noviembre de 2009.

45. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte una estrategia en la que se tengan en cuenta el interés superior del niño y los demás principios generales de la Convención;

b) Modifique la legislación sobre la adopción para impedir la guarda previa en el proceso de adopción;

c) Proporcione los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para lograr un procedimiento de adopción basado en los derechos;

d) Fortalezca la autoridad central en la adopción;

e) Descentralice determinados servicios para facilitar la adopción en todo el país.

47. El Comité insta al Estado Parte a que:

a) Intensifique las campañas de concienciación de la población y proporcione información, orientación parental y asesoramiento para, entre otras cosas, prevenir el maltrato y la negligencia de niños;

b) Se asegure de que los profesionales que trabajan con niños (como los maestros, los trabajadores sociales, los profesionales de la medicina, los policías y los jueces) reciban capacitación sobre su obligación de denunciar los presuntos casos de violencia doméstica contra niños y adoptar las medidas apropiadas al respecto;

c) Fortalezca el apoyo a las víctimas de maltrato y negligencia para que reciban servicios adecuados de recuperación, asesoramiento y otras formas de rehabilitación;

d) Aplique políticas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato de niños y fortalecer la coordinación entre los diferentes organismos a fin de dar respuesta a los casos denunciados y detectados;

e) Establezca centros para el cuidado, la recuperación y la reintegración de las víctimas prestando especial atención al género.

49. El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando las medidas de protección y promoción de los derechos de los niños con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006), relativa a los derechos de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y:

a) Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de la salud, educación general y protección a los niños y los adolescentes con discapacidad;

b) Reforzando las instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la aplicación de políticas generales;

c) Publicando datos desglosados fiables y de alta calidad sobre el alcance y las causas de la discapacidad;

d) Redoblando los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en discapacidad) y financieros necesarios, especialmente en el plano municipal, y promover y ampliar los programas de rehabilitación basados en la comunidad, como los grupos de apoyo a los padres, para atender a todos los niños con discapacidad.

51. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte todas las medidas necesarias para ampliar la atención médica gratuita a todos los niños, especialmente los que viven en las zonas rurales y los que viven en la extrema pobreza;

b) Aumente el presupuesto de salud para hacer más eficaz la aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios de atención de la salud, como los de las comunidades indígenas;

c) Evalúe sistemáticamente el efecto de los programas de salud, especialmente los que se están ejecutando en zonas afectadas por la pobreza;

d) Aplique todas las medidas necesarias, con inclusión de estudios y evaluaciones, para hacer frente a las consecuencias extremadamente negativas de la fumigación con productos fitosanitarios en las comunidades rurales.

53. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Realice un estudio exhaustivo para comprender la naturaleza y la magnitud de los problemas de salud de los adolescentes y se base en él para formular políticas y programas de salud destinados a ese sector de la población, prestando especial atención a las adolescentes, con la plena participación de los interesados;

b) Forje alianzas con las organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas de sensibilización sobre, por ejemplo, los riesgos para la salud que existen tanto para el bebé como para la madre en los embarazos en la adolescencia y la importancia de la vacunación;

c) Prepare estrategias para prevenir los embarazos en la adolescencia, las infecciones de transmisión sexual y el abuso de las drogas, el tabaco y el alcohol, mediante actividades atractivas en las que emplear el tiempo libre;

d) Promueva y asegure el acceso a los servicios de salud reproductiva por todos los adolescentes, incluida la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los centros de salud;

e) Tenga en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención.

55. El Comité recomienda que el Estado redoble sus esfuerzos por promover la lactancia materna, proporcionando información en particular a las adolescentes. Recomienda también que se aplique efectivamente la Ley Nº 1478.

57. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Redoble sus esfuerzos por luchar más decididamente contra las múltiples causas de la malnutrición, preparar un sistema de vigilancia de la nutrición y evaluar la eficacia de las estrategias existentes;

b) Aumente la inversión y refuerce la coordinación entre las instituciones públicas, las empresas privadas y las organizaciones sociales para garantizar el suministro de agua potable y la prestación de servicios adecuados de saneamiento a la población, especialmente a los niños de las zonas rurales;

c) Redoble sus esfuerzos por que todos los niños, especialmente los niños que viven en las zonas rurales, se beneficien de los programas que se están ejecutando.

59. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la propagación del VIH en su territorio, especialmente entre los jóvenes. Recomienda en particular al Estado parte que:

a) Continúe, fortalezca y desarrolle las políticas y los programas para atender y apoyar a los niños infectados o afectados por el VIH/SIDA, incluidos los programas y las políticas para fortalecer la capacidad de las familias y la comunidad para atender a esos niños;

b) Garantice fondos públicos para adquirir suministros de prevención de la transmisión vertical, como pruebas de diagnóstico rápido y otros materiales;

c) Prosiga la labor de concienciación para prevenir la incidencia y la propagación del VIH/SIDA;

d) Luche contra todas las formas de discriminación hacia los niños que viven con el VIH/SIDA;

e) Establezca servicios públicos para atender a los niños afectados por el VIH/SIDA y sus familias;

f) Recabe asistencia técnica del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y el PNUD, entre otros; y

g) Tenga en cuenta la Observación general Nº 3 (2003) del Comité, relativa al VIH/SIDA, y los derechos del niño, y las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos al formular sus políticas y programas.

61. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Suministre fondos suficientes para asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria en todos sus niveles y para todos los niños, suprimiendo los derechos de matrícula y demás costos en todas las escuelas;

b) Ofrezca incentivos para mantener escolarizados a los niños y para facilitar la transición de la enseñanza primaria a la secundaria;

c) Refuerce el carácter multilingüe de la población (guaraní, español y demás idiomas) y adapte las metodologías y materiales de enseñanza a esa realidad;

d) Mejore la calidad de la formación de los docentes, especialmente en lo relativo a la enseñanza intercultural y bilingüe;

e) Proporcione suficientes establecimientos de enseñanza inicial, en particular para los niños pequeños, y conciencie a los padres sobre la importancia de la estimulación precoz y la educación inicial;

f) Redoble esfuerzos para que los niños de las zonas rurales e indígenas accedan a la enseñanza, especialmente a la educación inicial;

g) Amplíe el sistema de formación profesional y mejore el acceso de los adolescentes a esos establecimientos.

63. El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para asegurar que las solicitudes de asilo presentadas por niños se estudien con arreglo a un procedimiento de determinación del estatuto de refugiado que tenga en consideración las necesidades y los derechos específicos de los niños solicitantes de asilo, de conformidad con el derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos, y que tenga en cuenta las Directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la determinación del interés superior del niño. En este sentido, el Comité hace referencia a su Observación general Nº 6 (2005) sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.

65. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas urgentes para supervisar y reducir las formas de explotación del trabajo infantil:

a) Tomando medidas para impedir que los niños que no hayan alcanzado la edad mínima trabajen en ningún sector;

b) Redoblando sus esfuerzos para facilitar información fiable sobre el número de niños que ejercen actividades económicas;

c) Mejorando los mecanismos de vigilancia con el fin de hacer cumplir las leyes laborales en vigor y proteger a los niños de la explotación económica; y

d) Solicitando la asistencia técnica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, el UNICEF, las organizaciones no gubernamentales competentes y los asociados para el desarrollo, con el fin de elaborar programas de rehabilitación y reinserción de los niños trabajadores.

67. El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos para erradicar la práctica del criadazgo. A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Realice un estudio para analizar todos los efectos negativos de este fenómeno en los niños;

b) Proceda, con carácter urgente, a tipificar la práctica del criadazgo como delito en la ley;

c) Elabore políticas y programas para crear conciencia sobre las consecuencias negativas de este fenómeno en los niños.

69. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Siga ocupándose de la cuestión de los niños en situación de calle en cooperación con los propios niños, por ejemplo elaborando un plan de acción nacional con programas y servicios de prevención y respuesta que estén vinculados a las medidas de erradicación de la pobreza extrema;

b) Se asegure de que los niños de la calle reciban protección y asistencia, nutrición y refugio adecuados, así como atención de la salud y oportunidades de educación, para contribuir a su pleno desarrollo;

c) Respete el derecho de los niños en situación de calle a ser escuchados en el contexto de la elaboración de programas y medidas destinados a protegerlos y asistirlos.

71. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Asigne los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes;

b) Aplique políticas y programas apropiados de prevención, recuperación y reinserción social de los niños víctimas, teniendo en cuenta los documentos finales de los tres Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrados en 1996, 2001 y 2008, respectivamente;

c) Instruya a los agentes del orden, los trabajadores sociales, los jueces y los fiscales sobre la forma de recibir, supervisar e investigar las denuncias de modo que se tengan en cuenta los intereses del niño y se respete la confidencialidad; y

d) Dé prioridad a la asistencia para la recuperación y se asegure de que se presten a las víctimas servicios de educación y capacitación, así como asistencia y asesoramiento psicológicos.

73. El Comité insta al Estado parte a que:

a) Adopte todas las medidas necesarias para asegurar la protección de los niños contra la trata y la venta a nivel internacional y nacional;

b) Se esfuerce más en atacar las causas fundamentales de la venta y la trata, como la discriminación basada en el género, la pobreza y la falta de acceso a la educación y la formación profesional;

c) Investigue y enjuicie todos los casos de trata de niños a efectos de evitar la impunidad;

d) Proporcione asistencia social y psicológica integral a los niños víctimas de la trata y la venta para lograr su recuperación y reinserción social;

e) Establezca un sistema de recopilación y desglose de datos sobre la venta y la trata de niños; y

f) Lleve a cabo actividades de sensibilización a fin de que tanto los padres como los niños sean conscientes de los peligros de la trata y la venta.

75. El Comité insta al Estado parte a que:

a) Asigne los recursos necesarios al servicio telefónico de asistencia infantil a fin de asegurar la gratuidad de las llamadas desde todo tipo de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles;

b) Dé a conocer entre los niños el servicio telefónico de asistencia infantil;

c) Asigne recursos financieros suficientes para apoyar las actividades de largo plazo del servicio telefónico de asistencia, incluidas las de formación y de fomento de la capacidad para que satisfagan las normas internacionales de calidad;

d) Se esfuerce por promover y lograr una mejor coordinación entre las diferentes instituciones participantes; y

e) Establezca un sistema eficaz de vigilancia y seguimiento de las llamadas que se reciban.

77. El Comité insta al Estado parte a asegurar que las normas relativas a la justicia juvenil sean plenamente aplicadas, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité exhorta al Estado parte a que tenga en cuenta su Observación general Nº 10 (2007), relativa a los derechos del niño en la justicia juvenil. Asimismo, recomienda al Estado parte que:

a) Se esfuerce por aplicar la política relativa a la justicia juvenil;

b) Institucionalice la figura de los jueces especializados en casos relacionados con niños en todas las regiones y se cerciore de que éstos reciban una formación y capacitación adecuadas;

c) Se asegure de que todos los sectores que intervienen en el sistema de justicia juvenil sean formados para la aplicación efectiva de la justicia, en particular los agentes de policía y los fiscales;

d) Aplique medidas distintas de la privación de libertad, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad o la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que sea posible;

e) Se asegure de que la pena de privación de libertad se aplique tan sólo como medida de último recurso por el período más breve que proceda y se revise periódicamente, y que se mantenga a los niños separados de los adultos durante ese período;

f) Solicite la asistencia técnica y cooperación de otro tipo al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, que incluye la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el UNICEF y organizaciones no gubernamentales.

78. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que se asegure, mediante disposiciones, procedimientos y reglamentos jurídicos adecuados, de que todos los niños víctimas o testigos de delitos (por ejemplo, los niños víctimas de abusos sexuales, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro y trata de seres humanos, y los propios niños testigos) tengan acceso efectivo a la justicia y reciban la protección prevista en la Convención, y que tome debidamente en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.

80. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños indígenas contra la discriminación y garantizar que esos niños disfruten de los derechos consagrados en el ordenamiento interno y en la Convención. En este sentido, el Comité remite al Estado parte a su Observación general Nº 11, relativa a los niños indígenas y los derechos de que disfrutan en virtud de la Convención.

81. El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, insta al Estado parte a que presente lo antes posible sus informes iniciales previstos en los dos Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que debía haber presentado en octubre de 2004 y en septiembre de 2005, respectivamente.

82. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas adecuadas para que se cumplan plenamente las presentes recomendaciones, por ejemplo, transmitiéndolas a la Corte Suprema, al Parlamento y a los ministerios y las autoridades locales competentes para su debido examen y la adopción de medidas complementarias.

83. El Comité recomienda, además, que el tercer informe periódico y las respuestas por escrito presentadas por el Estado parte, así como las recomendaciones conexas (observaciones finales) aprobadas por el Comité, se divulguen ampliamente entre el público en general (especialmente entre los niños, los grupos juveniles y las organizaciones de la sociedad civil) a fin de suscitar el debate y promover el conocimiento de la Convención, su aplicación y su seguimiento.

84. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos cuarto, quinto y sexto en un informe consolidado, en octubre de 2017. El informe no deberá exceder de 120 páginas (véase el documento CRC/C/118).

238. En vista del actual tipo penal de tortura en el Código Penal paraguayo, el Subcomité recomienda la pronta adopción de las medidas legislativas necesarias para adecuar la legislación paraguaya a los tratados internacionales sobre tortura, especialmente al artículo 1 de la Convención contra la Tortura.

239. El Subcomité recomienda enmendar la ausencia de un tipo penal de tortura en el Código Penal Militar mediante la inclusión de un tipo penal de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y establecer penas acordes con la gravedad de este delito.

240. El Subcomité recomienda al Estado parte que preste el apoyo financiero y logístico necesario a las comisiones interinstitucionales de visita a lugares de privación de libertad, de manera que puedan realizar sus visitas periódicas a dichos lugares. Asimismo, el Subcomité recomienda que las funciones, experiencia y conocimientos adquiridos por estas comisiones sean tenidos en cuenta por el MNP, una vez este haya sido creado.

241. En relación con la Defensoría del Pueblo, el Subcomité recomienda que esta institución:

a) Realice visitas periódicas y desarrolle técnicas de visita en profundidad, que privilegien la relación inmediata con la persona detenida y la inspección directa de los lugares de detención, para verificar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y el trato recibido por estas;

b) Dé un tratamiento ágil y efectivo de las quejas por violaciones de derechos humanos que reciba;

c) Mantenga una base de datos donde se compile de forma sistemática información sobre el tipo de quejas recibidas, los resultados de la investigaciones realizadas y las recomendaciones formuladas; y

d) Cumpla con su mandato legal de denunciar ante el ministerio público las violaciones de derechos humanos que detecte.

242. En relación con la Policía Nacional, el Subcomité recomienda que la Dirección General de Orden y Seguridad u otra oficina idónea, existente o que deberá ser creada, supervise periódicamente las condiciones de detención de personas privadas de libertad en dependencias policiales, y presente informes con recomendaciones para la mejora continua de dichas condiciones. Deberá asegurarse asimismo que se dé un seguimiento adecuado a dichas recomendaciones.

243. En relación con el poder judicial, el Subcomité recomienda que se destine a la Unidad de Supervisión Penitenciaria los recursos humanos y financieros necesarios para que esta pueda cumplir las funciones que le fueron encomendadas por la Acordada Nº 30, en particular sus atribuciones de inspección de los establecimientos de detención y reclusión y la recopilación de datos estadísticos. En relación con las visitas de inspección, el Subcomité recomienda que, a fin de dotarlas de mayor efectividad, las visitas no sean anunciadas y que privilegien el contacto directo con las personas privadas de libertad, las que no deberán ser seleccionadas previamente por el personal penitenciario, y que las visitas sean seguidas por recomendaciones.

244. El Subcomité recomienda que:

a) Se adopten las iniciativas necesarias para revisar la legislación en materia de hábeas corpus y amparo, y se examinen los problemas que estos instrumentos jurídicos presentan en la práctica, a fin de que su utilización responda eficazmente a las necesidades de las personas privadas de libertad.

b) Se verifique, con carácter prioritario, la situación procesal de todas aquellas personas recluidas que manifiesten haber cumplido sus penas, con miras a que, de confirmarse tal supuesto, puedan recobrar la libertad en forma inmediata.

c) Se ponga en funcionamiento, en todas las penitenciarías del país, el sistema de información sobre el estado de las causas y se permita su consulta periódica por parte de las personas recluidas.

d) Se estudien formas de simplificar la legislación y el procedimiento judicial para resolver el régimen de ejecución de la pena de forma que se base exclusivamente en el comportamiento del recluso. Ello no solo contribuiría a reducir la sobrepoblación carcelaria sino también a dar seguridad jurídica y a reducir espacios de arbitrariedad y corrupción.

245. El Subcomité recomienda que se asignen recursos adicionales al poder judicial, para su dedicación a los juzgados penales, a fin de que estos puedan cumplir de manera efectiva con su tarea de administración de justicia.

246. El Subcomité recomienda asimismo que se realice un censo de la población carcelaria a nivel nacional para determinar la cantidad de personas recluidas que están siendo procesadas desde hace más de tres años, en violación del plazo máximo legal.

247. El Subcomité recomienda al Estado parte que, desde el poder legislativo, se otorgue la prioridad necesaria al trámite del proyecto de creación de un MNP a fin de que el texto actual, o un proyecto similar que cumpla con las condiciones requeridas por el OPCAT, pueda convertirse en ley a la mayor brevedad posible.

248. El Subcomité recomienda asimismo, tal como ya lo hiciera el Relator Especial sobre la tortura, la pronta designación de un mecanismo nacional independiente y con los recursos necesarios que pueda asegurar una supervisión efectiva y continuada de las condiciones de privación de libertad.

249. El Subcomité recomienda que la Policía Nacional dé estricto cumplimiento a los plazos legales establecidos para comunicar cualquier detención al ministerio público y al juez competente, y para poner a la persona a disposición judicial, de lo que deberá quedar constancia escrita.

250. El Subcomité recomienda que se adopten las medidas necesarias para revisar la legislación procesal penal a fin de eliminar situaciones de vulnerabilidad extrema durante las primeras horas de la detención.

251. En relación con los registros en sede policial, el Subcomité recomienda:

a) Establecer un sistema obligatorio de registros de ingresos, encuadernado y foliado, separado del registro de guardias, donde se hagan constar los motivos que justifican la privación de libertad, la hora exacta de su comienzo, su duración, la autoridad que la ordenó y la identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan intervenido, así como información precisa acerca del lugar de custodia de la persona, y la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad;

b) Dejar constancia en registros de la sumisión de toda persona detenida a examen médico, de la identidad del médico y de los resultados de dicha visita;

c) Dejar constancia en registros de las quejas recibidas, de las visitas de familiares, de abogados o de órganos de supervisión y de los objetos personales de las personas detenidas;

d) Entrenar al personal policial para que haga un uso adecuado y consistente de los registros; y

e) Supervisar estrictamente el sistema de registros por parte de oficiales superiores, con el fin de asegurar la trascripción sistemática de toda la información relevante relativa a la privación de libertad de personas.

252. Que se produzcan carteles, cartillas y otros materiales de divulgación, en ambos idiomas oficiales, con información sobre los derechos de las personas privadas de libertad, expuesta en forma clara y sencilla. Los carteles deberán ser colocados en todos los lugares donde existan personas privadas de libertad y a la vista de ellas. El Subcomité recomienda, asimismo, que se capacite al personal policial para que informe sistemáticamente de sus derechos a las personas privadas de libertad en un idioma que comprendan, y que presten asistencia para el ejercicio de dichos derechos desde el momento mismo de la detención. Dicha información deberá ser recogida en un formulario, que deberá ser entregado a toda persona detenida y firmado por esta. La persona detenida deberá conservar una copia del formulario.

253. El Subcomité exhorta al Estado parte a que se incorporen garantías procesales a fin de asegurar que no se ejerza ningún tipo de coerción sobre las personas detenidas bajo custodia policial para obligarlas a confesar la comisión de un delito o para obtener prueba de manera ilegal. En particular, el Estado parte debe asegurar que ninguna persona sea sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio.

254. El Subcomité recuerda que cualquier declaración firmada por personas detenidas deberá hacerse en una lengua que conozca y comprenda.

255. Con el fin de prevenir abusos, el Subcomité recomienda al Estado parte que garantice la aplicación del artículo 90 del Código Procesal Penal en la práctica, de forma que las declaraciones indagatorias tomadas por la policía -en violación de la disposición legal referida- durante la detención, no sean tenidas en cuenta por los jueces a efectos de resolver sobre las medidas cautelares, o inclusive incriminar o condenar al imputado. De conformidad con el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, el Estado deberá asegurar que las declaraciones que hayan sido hechas como resultado de tortura sean invocadas únicamente en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

256. En relación con la defensa pública, recomienda al Estado parte que aumente los recursos financieros y humanos de dicha institución, en un marco de y autonomía funcional. El Subcomité recomienda, asimismo, que una vez aseguradas su independencia y autonomía, la defensa pública celebre acuerdos con universidades, colegios de abogados, y otras organizaciones de la sociedad civil, en todo el país, para aumentar su capacidad operativa.

257. El Subcomité recuerda que se debe respetar el derecho de las personas privadas de libertad a ser examinadas por un médico y recomienda al Estado parte que consagre legislativamente este derecho.

258. El Subcomité recomienda a las autoridades que se ofrezca sistemáticamente un examen médico a todas las personas detenidas por la policía con la menor dilación posible luego de su ingreso en las comisarías, y que el médico deje constancia del estado de salud de la persona en un registro destinado a tal efecto. Este examen médico deberá ser gratuito.

259. El Subcomité también recomienda que los exámenes médicos se realicen con arreglo al principio de la confidencialidad médica: ninguna persona que no sea el personal médico debe estar presente durante el reconocimiento. En casos excepcionales, por ejemplo cuando el médico considere que una persona detenida por motivos médicos o psiquiátricos supone un peligro para el personal médico, se pueden contemplar medidas especiales de seguridad, como la presencia de un funcionario de policía a poca distancia. En dichos supuestos, el médico deberá dejar constancia escrita de los motivos de dicha decisión y de la identidad del funcionario de policía presente. Salvo en esos casos, los funcionarios de policía deben mantenerse fuera del alcance de lo que se puede decir y ver en el lugar donde se practica el reconocimiento médico.

260. El Subcomité recomienda asimismo que el examen médico de cada persona detenida incluya: a) los antecedentes médicos; b) la presencia de malestar y síntomas y la descripción por parte la persona examinada de la forma en que sufrió las lesiones, si las hubiere; c) el resultado del examen médico, en especial la descripción de las lesiones, si las hubiere, y una nota que indique si se examinó todo el cuerpo; y d) las conclusiones del médico acerca de la coherencia de los tres elementos mencionados. Cuando el médico tenga motivos para presumir la existencia de tortura y malos tratos deberá informar al registro que se establece en el párrafo siguiente.

261. El Subcomité recomienda al Estado parte que inicie gestiones tendientes a establecer un registro nacional de alegaciones de tortura y malos tratos, el que deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: a) identidad de la presunta víctima (nombre y apellido y/o número de documento de identidad); b) edad y sexo de la presunta víctima; c) lugar donde ocurrieron los hechos denunciados; d) identidad de los presuntos responsables, incluido el órgano del Estado al que pertenecen; e) métodos de tortura y malos tratos utilizados; f) circunstancias relativas a la tortura y malos tratos; g) conclusiones del médico que examinó a la presunta víctima; h) resultado del examen médico realizado de conformidad con el Protocolo de Estambul; i) información relativa a investigaciones realizadas, incluido su resultado, condena de los responsables y reparación a las víctimas. Otros actores, tales como el ministerio público y comisiones de visita, también deberán informar a dicho registro de los casos de posible tortura y malos tratos de los que tengan conocimiento. La presunta víctima deberá prestar su consentimiento en relación con la información mencionada en los apartados a) y b).

262. El Subcomité recomienda que el Estado parte establezca un sistema de exámenes independientes, a cargo de médicos forenses y psicólogos calificados, a fin de llevar a cabo exámenes exhaustivos cuando el médico que haya revisado a la persona detenida pueda suponer que esta ha sido sometida a tortura y malos tratos.

263. El Subcomité recomienda que el personal asignado a dependencias policiales facilite sistemáticamente información a toda persona privada de libertad sobre el derecho a presentar una petición o recurso por el trato recibido bajo custodia. Toda petición o recurso deberá ser examinado sin dilación y contestado sin demora injustificada y se asegurará que las personas detenidas no sufran perjuicios por el hecho de haberlo presentado.

264. El Subcomité recomienda asimismo que las autoridades paraguayas aseguren que el derecho a denunciar la tortura y los malos tratos y a presentar un recurso pueda ser ejercido en la práctica y que se respete debidamente el principio de confidencialidad. El personal policial no deberá interferir en el proceso de denuncias ni filtrar las quejas dirigidas a las autoridades competentes, ni tener acceso al contenido de las quejas. El Subcomité recomienda el establecimiento de un reglamento para el tratamiento de quejas por parte de los oficiales de policía, relativas al traslado de quejas a las autoridades competentes, y el deber de proporcionar el material necesario para redactar una queja.

265. El Subcomité recomienda que se lleve adelante una revisión de la situación salarial del personal policial con vistas a que reciban un salario apropiado. Los instrumentos necesarios para el desarrollo de la labor policial deberán ser proporcionados por las autoridades.

266. El Subcomité recomienda que el personal policial y funcionarios asignados a comisarías y otros centros de detención de la policía reciban capacitación adecuada sobre la custodia de personas privadas de libertad, incluida capacitación en derechos humanos, y sobre el uso adecuado de registros.

267. El Subcomité recomienda que las autoridades paraguayas establezcan un sistema de control y supervisión efectivo de la labor de los agentes de policía por parte de oficiales superiores.

268. La responsabilidad de los agentes de policía que cometan actos de tortura o inflijan malos tratos a personas detenidas, así como la responsabilidad de los superiores jerárquicos que instiguen, alienten, consientan o toleren dichos actos deberá ser investigada a fondo tanto por los mecanismos de control internos policiales como por los órganos fiscales y judiciales competentes.

269. El Subcomité recomienda que se lleve a cabo a la brevedad una auditoría de las comisarías que albergan detenidos para determinar posibles mejoras de los sitios de detención dentro de los establecimientos actuales y con la dedicación de recursos modestos:

a) Que tal auditoría esté a cargo de un equipo multidisciplinario con integración proveniente de los diferentes sectores que han estado hasta ahora involucrados en la visita de cárceles.

b) Que se dote a las comisarías de presupuesto para la adquisición de alimentos para las personas detenidas, las que deberán recibir comida, de un valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas, al menos dos veces al día.

c) Que se mejore de inmediato las condiciones materiales de las celdas, en especial en lo que concierne a superficies mínimas por persona detenida, volumen de aire, alumbrado y ventilación.

d) Que se provea a las personas privadas de libertad de al menos dos litros de agua potable para beber por día, en forma gratuita y sistemática.

e) Que se asegure el acceso regular al baño y duchas a las personas privadas de libertad, así como que se provean camas con colchones para aquellas personas que deban pasar la noche en detención. Las celdas deberán ser aseadas en forma regular por personal de la comisaría. Las instalaciones sanitarias deberán estar limpias y en funcionamiento, de manera que las personas detenidas puedan satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.

270. El Subcomité recomienda que, en la medida de lo posible, las personas detenidas en comisarías por más de 24 horas tengan la posibilidad de realizar ejercicio físico fuera de sus celdas al menos una vez al día por el término de una hora.

271. El Subcomité recomienda que, a menos que el personal policial cuente con la capacitación médica requerida para efectuar un diagnóstico de las dolencias de las personas privadas de libertad, ese personal autorice de inmediato toda solicitud de ver a un médico realizada por una persona privada de libertad.

272. El Subcomité recomienda que las mujeres detenidas sean trasladadas a comisarías que cuenten con personal femenino para custodiarlas y con la infraestructura adecuada a tal efecto, de forma que se asegure la separación de los detenidos hombres.

273. El Subcomité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para aumentar el personal policial femenino en las comisarías.

274. El Subcomité recomienda al Estado parte que, como cuestión de urgencia, ponga término a la práctica de detención prolongada de personas en departamentos de la Policía Nacional. El Subcomité recomienda que las personas detenidas en prisión preventiva sean inmediatamente trasladadas a centros penitenciarios en espera del juicio, donde deberán permanecer separadas de las personas condenadas. A estos efectos el Estado parte deberá adoptar las medidas interinas necesarias para poder alojar a los detenidos en condiciones compatibles con la dignidad de las personas.

275. Que se instruya al personal policial, de manera clara, categórica y periódica, sobre la prohibición absoluta e imperativa de toda clase tortura y malos tratos y que dicha prohibición se incluya en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones del personal policial.

276. Que, de acuerdo a las obligaciones asumidas por el Estado parte de conformidad con los artículos 12 y 16 de la Convención contra la Tortura, se proceda a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos. Esta investigación deberá tener lugar aún en ausencia de una queja formal.

277. Que todas las comisarías y destacamentos policiales del país cuenten con información disponible y visible al público sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos, así como sobre cómo y ante quién denunciar estos hechos.

278. Que, a fin de disminuir la impunidad, el personal policial que no use su uniforme al realizar funciones policiales (de "particular"), esté obligado a identificarse con nombre, apellido y cargo durante el arresto, y transporte de las personas privadas de libertad. Como regla general, el personal policial a cargo de llevar adelante una privación de libertad o que tenga bajo su custodia personas privadas de libertad, deberá ser identificado en los registros respectivos.

279. El Subcomité recomienda la ejecución en el corto plazo de las obras mencionadas en el párrafo 149.

* 149. En una constructiva reunión mantenida por miembros del Subcomité con el director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú al final de la visita, este manifestó la previsión del centro de construir un nuevo pabellón en el recinto actualmente denominado "ex sótano", así como la habilitación de camas adicionales en el actual pabellón D y la provisión de colchones. El director manifestó asimismo la previsión de trasladar una parte de los reclusos de Tacumbú al penal de la Emboscada, que será prontamente habilitado y que contará con 135 plazas. El Subcomité solicita a las autoridades paraguayas que le mantengan informado acerca del desarrollo y ejecución de estas previsiones y recomienda su ejecución en el corto plazo, de forma que se garantice el derecho de todo recluso a disponer de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente . De manera inmediata, el Estado parte debe buscar una solución para la situación de los "pasilleros".

280. El Subcomité recomienda que se instalen camas y colchones adecuados a disposición de todos los reclusos, incluidos las personas detenidas en aislamiento.

281. El Subcomité recomienda a las autoridades paraguayas que aseguren que las distintas categorías de reclusos (menores y adultos, procesados y condenados, mujeres y hombres) sean alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro del mismo establecimiento.

282. El Subcomité recomienda el establecimiento de un sistema uniforme de registro de entrada, encuadernado y numerado, donde conste claramente la identidad de la persona recluida, los motivos de la detención y la autoridad competente que lo dispuso, así como el día y hora de su ingreso y de su salida. El personal penitenciario deberá ser instruido en el uso de dichos registros, de forma que no se dejen espacios en blanco entre las anotaciones.

283. El Subcomité recomienda el establecimiento de un sistema uniforme de registros de medidas disciplinarias, en el que conste la identidad del infractor, la sanción adoptada, la duración de la misma y el oficial competente.

284. En relación con el problema de la corrupción, el Subcomité recomienda:

a) La adopción de una política penitenciaria firme y transparente de lucha contra la corrupción por parte de las más altas autoridades; b) La capacitación del personal penitenciario, oficiales de supervisión y dirección penitenciaria; así como remuneración adecuada del personal penitenciario; c) La adopción de medidas que incentiven el acceso de la sociedad civil y de los representantes de los medios de comunicación como formas de control comunitario; d) Que se adopten de inmediato las siguientes medidas: i) Controles en la asignación de celdas y camas para asegurar que todo recluso tenga un sitio decente para dormir sin estar obligado a pagar por él; ii) Prohibición del personal de llevar dinero dentro de la institución y supervisión del respeto a dicha prohibición; y iii) Dejar constancia en el legajo personal de la persona recluida del pabellón al que fue asignada y de las razones de dicha asignación.

285. El Subcomité recomienda que las autoridades penitenciarias, paralelamente al refuerzo de la seguridad y la lucha contra la corrupción, hagan un esfuerzo concertado para evitar el ingreso de drogas en la penitenciaría, identificar las vías de ingreso y establecer campañas para disuadir a los reclusos del consumo de dichas sustancias. Simultáneamente, deben introducirse programas de desintoxicación individual y tratamientos de reinserción familiar.

286. El Subcomité recomienda que se incremente el número de guardias penitenciarios en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a un nivel adecuado para garantizar la situación de seguridad y el respeto a la integridad de todas las personas privadas de libertad.

287. El Subcomité recomienda que profesionales médicos examinen a todos los reclusos al momento de su ingreso a la penitenciaría. Dicho examen debe llevarse a cabo de acuerdo con un cuestionario general que, además de las cuestiones de salud generales, deberá incluir el historial de los hechos de violencia sufridos recientemente. El profesional médico deberá también realizar un examen médico completo, que incluya un examen de toda la superficie del cuerpo. En caso de que el paciente manifieste haber sufrido hechos de violencia, el médico deberá evaluar la concordancia entre la historia y el resultado del examen médico. Cuando el médico tenga motivos para presumir la existencia de tortura y malos tratos deberá informar al registro que establece en el párrafo 97.

288. El Subcomité recomienda que las historias clínicas de los reclusos se mantengan bajo estricta confidencialidad y que solo el personal médico pueda tener acceso a las mismas.

289. El Subcomité recomienda que se incremente el abastecimiento de medicinas para cubrir lo requerido en las recetas médicas. En caso de falta de medicamentos, deberán ser los médicos quienes determinen el orden de prioridades entre los pacientes.

290. El Subcomité recuerda que el derecho de los reclusos a acceder a un profesional médico en cualquier momento y en forma gratuita debe ser respetado, y recomienda que se tomen medidas para hacer efectivo este derecho. Los reclusos deberían poder dirigirse a los profesionales médicos en forma confidencial y sin que sus solicitudes sean obstaculizadas o filtradas por los guardias o por otros reclusos.

291. El Subcomité recomienda que, por medio de un consultorio móvil, se ofrezca la posibilidad de tomar radiografías a la totalidad de la población penitenciaria y que se inicie tratamiento para los casos positivos. Debe darse la posibilidad de una segunda radiografía y la reacción de mantoux (para los no vacunados) a los compañeros de celda de la persona con tuberculosis después de tres meses. Este proceso deberá repetirse periódicamente para prevenir futuros casos. En relación con el VIH/SIDA, el Subcomité recomienda que se ofrezca a la población carcelaria exámenes gratuitos y voluntarios de VIH. Dichos exámenes deberán ser confidenciales, estar acompañados de asesoramiento y ser administrados solamente con el consentimiento informado de las personas recluidas.

292. El Subcomité recomienda que el Paraguay adopte legislación que garantice los derechos de los pacientes con discapacidad mental que se encuentren privados de libertad y/o sean tratados en contra de su voluntad. El Subcomité recomienda asimismo que las personas privadas de libertad con discapacidades mentales sean trasladas lo antes posible a instituciones especializadas dirigidas por médicos.

293. El Subcomité recomienda que el mobiliario y el techo del pabellón de personas con discapacidad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú sean reparados, y que se inicien programas de actividades para aquellos pacientes que estén en condiciones de participar en dichos programas y deseen hacerlo.

294. El Subcomité hace notar que las penas de aislamiento deben aplicarse únicamente mediante certificación médica que confirme, tras la debida revisión de la persona recluida, que esta se encuentra en condiciones de soportarla. Además, el médico de la penitenciaría deberá visitar todos los días a los reclusos que se encuentren en aislamiento, en el entendimiento de que dichas visitas deben ser en interés de la salud del recluso. Además, los reclusos que se encuentren en aislamiento durante más de 12 horas deberán tener acceso al aire libre durante al menos una hora diaria.

295. El Subcomité recuerda que el aislamiento prolongado puede constituir un acto de tortura y recomienda al Estado parte que el uso de aislamiento como sanción disciplinaria a las personas privadas de libertad sea severamente restringido. El aislamiento no deberá ser utilizado contra menores ni contra personas con discapacidad mental.

296. El Subcomité recomienda que la finalización de la nueva Penitenciaría de Pedro Juan Caballero sea acelerada y que se haga de la clausura del actual centro una materia de máxima prioridad.

297. El Subcomité recomienda la elaboración y difusión de un plan de acción en materia penitenciaria, con el fin de garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan aseguradas sus necesidades básicas. Como prioridad, dicha revisión deberá incluir una auditoría de las condiciones materiales de las instituciones del sistema penitenciario paraguayo, a fin de establecer y poner en marcha programas de limpieza, remodelación y reacondicionamiento. En particular, se deberá atender a lo siguiente:

a) Que cada persona privada de libertad tenga una cama y colchón donde dormir, con ropa de cama suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza;

b) Que se garantice la ventilación, volumen de aire, superficies mínimas, alumbrado y el acceso a la luz natural en las celdas y dormitorios;

c) Que las prisiones cuenten con instalaciones sanitarias suficientes y en buen estado, que brinden la posiblidad de aseo personal, lavado de ropa y manejo de los desechos.

298. El Subcomité insta al Estado parte a aumentar la cantidad de sanitarios existentes y a proceder a la reparación urgente y periódica de todos los sanitarios averiados y a la limpieza general de las instalaciones en la totalidad de los pabellones.

299. El Subcomité recomienda que el Estado parte destine partidas presupuestarias suficientes para la alimentación de los reclusos y que se asegure, mediante los mecanismos de control necesarios, que los alimentos adquiridos sean nutritivos, lleguen efectivamente a todos los reclusos y sean preparados y servidos de una manera correcta y digna.

300. Respecto del proyecto de capacitación en derechos humanos en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Subcomité anima al Estado parte a extender este tipo de proyectos a todos los oficiales en servicio activo.

301. El Subcomité recomienda incrementar el número de agentes penitenciarios de forma que se garantice la seguridad general de los centros, así como la propia seguridad de los agentes y la de los reclusos frente a posibles actos de violencia de otros reclusos. El Subcomité recomienda asimismo que, de conformidad con los estándares mínimos internacionales, dicho personal reciba una remuneración adecuada y un curso de formación general y especial, y que sea sometido a pruebas teóricas y prácticas para determinar su capacidad para prestar ese tipo de servicios.

302. El Subcomité recomienda que el Estado considere la posibilidad de instituir la carrera penitenciaria como una forma de mejorar y profesionalizar al personal de prisiones.

303. El Subcomité recomienda que todos los establecimientos penitenciarios cuenten con un reglamento disciplinario que determine: a) las conductas que constituyen una infracción disciplinaria; b) el carácter y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse; y c) la autoridad competente para pronunciar dichas sanciones. Cualquier medida disciplinaria deberá adoptarse sobre la base de dicho reglamento, del que todas las personas recluidas deberán tener una copia. El Subcomité recomienda que se reconozca a las personas privadas de libertad el derecho a ser oídas antes de que se tomen medidas disciplinarias, y a someter tales medidas a autoridades superiores para su examen.

304. El Subcomité recomienda a las autoridades paraguayas que aseguren que todos reclusos y reclusas dispongan de al menos una hora al día de ejercicio físico adecuado al aire libre, de conformidad con los estándares mínimos internacionales.

305. El Subcomité recomienda asimismo que se ofrezca a todos los reclusos y reclusas que lo deseen acceso a actividades laborales, educativas y culturales y que se ponga a su disposición una biblioteca suficientemente provista de libros instructivos y recreativos.

306. El Subcomité recomienda a las autoridades penitenciarias que se asegure que en cada penitenciaría existan al menos dos teléfonos en funcionamiento y accesibles a las personas privadas de libertad.

307. El Subcomité alienta al Estado parte a que mantenga y aumente las medidas preventivas de la tortura y otros malos tratos, lo cual debe insertarse en una amplia política pública estatal. Dicha revisión debería ir acompañada de amplias campañas de sensibilización sobre la prevención de la tortura y los malos tratos y de información sobre cómo y dónde denunciar los casos. El Subcomité recomienda asimismo que el Estado parte se comprometa a capacitar al personal penitenciario en materia de derechos humanos.

308. El Subcomité solicita al Estado parte que proceda a una investigación pronta e imparcial de cualquier alegación de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura. En el caso que dichas alegaciones involucren a agentes penitenciarios, estos deberán ser suspendidos de sus funciones mientras dure el proceso y removidos de su cargo en el caso que fueran encontrados culpables.

309. El Subcomité recomienda al Estado parte que se ponga en funcionamiento un sistema de quejas efectivo, confidencial e independiente, en todas las prisiones del país. Cada penitenciaría deberá llevar un registro de quejas, donde se incluya información sobre la identidad del denunciante, la naturaleza de la queja, el tratamiento que se le dé y el resultado de la misma.

310. El Subcomité recomienda que se ofrezcan a los pacientes [del hospital neuropsiquiatrico] una mayor cantidad de oportunidades de participar en actividades de rehabilitación.

311. El Subcomité recomienda también que todos los pacientes [del hospital neuropsiquiatrico] cuenten con casilleros donde puedan guardar sus efectos personales.

312. El Subcomité desea recibir información del Estado parte sobre lo siguiente:

a) El número de denuncias de tortura o malos tratos recibidas por la Policía Nacional en contra de sus efectivos en los últimos cinco años, así como sobre el estado actual de las mismas, incluidas las medidas disciplinarias que se hayan adoptado. b) La manera concreta en que, en un marco de independencia y autonomía institucional, planea aumentar los recursos humanos y financieros de la defensa pública de manera que esta pueda garantizar la asistencia jurídica gratuita, efectiva e integral a todas las personas que lo requieran desde el momento de su detención. c) La manera en que, en la práctica, el ministerio público cumple con sus funciones de supervisión tanto en comisarías como en centros penitenciarios. En particular, el Subcomité desea información sobre cual es la frecuencia de las visitas, si existe un instructivo interno acerca de cómo se llevan a cabo dichas visitas, si se producen informes sobre las observaciones recogidas en las visitas y, en su caso, ante quién se presentan y el número de denuncias realizadas por el ministerio público como resultado de estas visitas. d) El desarrollo y la ejecución de los trabajos mencionados en el párrafo 149. e) El progreso en el establecimiento del sistema de promoción de salud a cargo de reclusos (ver párrafo 180), y en particular sobre el control de enfermedades transmisibles como el VIH y la tuberculosis. f) La clausura definitiva del pabellón de aislamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, así como información sobre el avance de las obras y la fecha estimada de apertura de las nuevas celdas de aislamiento en dicha penitenciaría. g) Si las instalaciones mencionadas en el párrafo 190 fueron efectivamente reparadas tal como se le prometió al Subcomité. h) El presupuesto anual, por penitenciaría, destinado a alimentación con el que cuenta la Dirección General de Institutos Penales. El Subcomité desea asimismo recibir aclaraciones sobre las medidas adoptadas para una transparente y efectiva administración de dicho presupuesto. i) Las medidas adoptadas a fin de evitar toda represalia contra las personas privadas de libertad que proporcionaron información al Subcomité.

313. El Subcomité desea recibir copia de:

a) Los tres últimos informes trimestrales que la Unidad de Supervisión Penitenciaria debe presentar a la Corte Suprema de conformidad con el artículo 2 de la Acordada Nº 30; b) Las directrices de la Corte Suprema en relación con los derechos al debido proceso de las personas privadas de libertad; c) El proyecto de ley de defensa pública, así como información sobre el estado en el que se encuentra dicho proyecto; d) El reglamento de sanciones de cada penitenciaría así como mayor precisión sobre el procedimiento para aplicar sanciones y la autoridad responsable de dictarlas.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay:

a) Otorgar un lugar preponderante a la educación en la lucha contra la pobreza. Eso implica, para empezar, otorgarle el presupuesto que requiere. Se deben llevar a cabo las medidas adecuadas para aumentar las asignaciones presupuestarias para la educación, en particular para la mejora de la infraestructura escolar con un presupuesto adecuado para cumplir esta obligación (con prioridad para la provisión de agua y electricidad en los centros educativos). Se debe aumentar el presupuesto para la educación en al menos un 0,5% anual del PIB, hasta alcanzar al menos el 6% que establecen los estándares internacionales.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

b) Profundizar los programas de transferencia a las familias más empobrecidas, que deben favorecer especialmente a las mujeres indígenas y a las que se encuentran en las zonas rurales. Se debe incluir a las comunidades indígenas en todas las acciones prioritarias de la educación permanente.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

c) Adoptar con urgencia la ley de lenguas, que está pendiente ante las cámaras del Congreso nacional desde 2007 y establecer e implementar las modalidades de utilización de las lenguas oficiales; es decir el castellano y el guaraní, en todas los actos y políticas del Estado, incluyendo la educación, tal como se encuentra previsto en la Constitución nacional.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

d) Promover la creación próxima de una academia de lenguas a partir de la pronta promulgación de la ley de lenguas.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

e) Establecer, en todas las dependencias ministeriales, los criterios de bilingüismo para el diseño e implementación de los proyectos y programas en guaraní. Estas medidas tienen que acompañarse de acciones urgentes de formación y capacitación docente en la enseñanza y aprendizaje del guaraní y de otros idiomas indígenas.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

f) Investigar con urgencia la relación entre las dificultades de lectoescritura y de calidad educativa y la baja estima del guaraní. Se ha advertido que la falta de una educación en lengua materna podría tener efectos cognitivos no deseados a lo largo de la vida educativa. Esto debe investigarse con urgencia.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

g) Incluir en la política educativa un plan transversal de género, que fomente la inclusión de educación sexual y reproductiva en el currículum.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

h) Involucrar más decididamente a la Defensoría del Pueblo en los mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad del derecho humano a la educación.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

i) Mejorar la calidad de la educación con el fin de alcanzar los objetivos mencionados en el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de conformidad con la Observación general Nº 1 del Comité de los Derechos del niño sobre los propósitos de la educación, y las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el tercer informe periódico del Paraguay. Solicitar cooperación técnica adicional, entre otros, de la UNESCO y el UNICEF.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

j) Transversalizar los derechos de los pueblos indígenas en todas las acciones ministeriales, para que la actividad curricular llegue a constituirse en una acción afirmativa para estos pueblos, de modo que sus culturas y cosmovisiones estén debidamente representadas en el currículum nacional.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

k) Desarrollar acciones de estímulo y dignificación de las lenguas y las culturas indígenas, que muestren a todos los grupos sociales (incluyendo a los no indígenas) los beneficios de una educación intercultural.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

l) Impulsar en la Campaña Nacional de Alfabetización la enseñanza del guaraní a todos los niveles. El Relator Especial recomienda asimismo establecer directrices claras y la aplicación efectiva de las metodologías de la educación bilingüe en la formación inicial docente, particularmente la que proporcionan las escuelas normales bilingües.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

m) Formular un sistema de atención efectiva de las niñas y niños que se han desplazado por diferentes motivos a las grandes ciudades, particularmente a la capital, con el fin de mitigar la exclusión, pobreza y aculturación. Para ello, el Relator Especial recomienda la provisión de escuelas con infraestructuras adecuadas, de docentes y materiales educativos que les permitan ejercer su derecho a la educación.

82. [...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]

n) Poner en marcha la concepción, diseño e implementación de programas de educación inclusiva, que busquen incorporar progresivamente a las y los estudiantes con discapacidades en el sistema educativo regular.

65. El Relator Especial aplaude el rol de seguimiento y, en algunos casos la presentación misma de denuncias por violaciones de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. También considera como un paso positivo creación de nuevas defensorías en el área penal, y espera que en un futuro próximo éstas puedan asegurarle el derecho a la asistencia letrada a todos aquellos que lo necesiten.

66. El Relator Especial toma nota con satisfacción del Proyecto de Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura que se encuentra en estudio en el Congreso Nacional y exhorta a los miembros del Congreso a trabajar para su rápida aprobación y efectiva aplicación.

12. El Estado deberá devolver a los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek las 10.700 hectáreas reclamadas por ésta, en la forma y en los plazos establecidos en los párrafos 281 a 290 de esta Sentencia.

13. El Estado deberá velar inmediatamente que el territorio reclamado por la Comunidad no se vea menoscabado por acciones del propio Estado o de terceros particulares, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 291 de esta Sentencia.

14. El Estado deberá, dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, remover los obstáculos formales para la titulación de las 1.500 hectáreas en "25 de Febrero" a favor de la Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 293 de esta Sentencia.

15. El Estado deberá titular, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, las 1.500 hectáreas en "25 de Febrero" a favor de la Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad con lo establecido en los párrafos 294 y 295 de esta Sentencia.

16. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, en los términos del párrafo 297 de la misma.

17. El Estado deberá realizar las publicaciones ordenadas en el párrafo 298 de esta Sentencia, en la forma y en los plazos indicados en el mencionado párrafo.

18. El Estado deberá dar publicidad, a través de una emisora radial de amplia cobertura en la región del Chaco, al resumen oficial de la Sentencia emitido por la Corte, en la forma y en el plazo indicado en el párrafo 299 de esta Sentencia.

19. El Estado, mientras entrega el territorio tradicional, o en su caso las tierras alternativas a los miembros de la Comunidad, deberá adoptar de manera inmediata, periódica y permanente, las medidas indicadas en los párrafos 301 y 302 de esta Sentencia.

20. El Estado deberá elaborar el estudio señalado en el párrafo 303 de esta Sentencia en el plazo de seis meses a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos expuestos en los párrafos 304 y 305 del mismo.

21. El Estado deberá establecer en "25 de Febrero" un puesto de salud permanente y con las medicinas e insumos necesarios para una atención en salud adecuada, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 306 de la misma.

22. El Estado deberá establecer inmediatamente en "25 de Febrero" el sistema de comunicación señalado en el párrafo 306 de esta Sentencia.

23. El Estado deberá asegurarse que el puesto de salud y el sistema de comunicación señalados en los puntos resolutivos 21 y 22 supra se trasladen al lugar donde la Comunidad se asiente definitivamente una vez que haya recuperado su territorio tradicional, conforme a la orden dada en el punto resolutivo 12 supra.

24. El Estado deberá realizar, en el plazo máximo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia, un programa de registro y documentación, en los términos expuestos en el párrafos 308 de esta Sentencia.

25. El Estado deberá, en el plazo de dos años a partir de la notificación de la presente Sentencia, adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas que posibilite la concreción de su derecho de propiedad, en los términos expuestos en los párrafos 309 y 310 de este Fallo.

26. El Estado deberá adoptar inmediatamente las medidas necesarias para que el Decreto No. 11.804 que declaró como área silvestre protegida a parte del territorio reclamado por la Comunidad no sea un obstáculo para la devolución de las tierras tradicionales, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 311 y 313 de esta Sentencia.

27. El Estado deberá, dentro del plazo dos años a partir de la notificación de esta Sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 318, 325 y 331 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, bajo las condiciones y en los términos de los párrafos 317, 321, 322 y 330 de la presente Sentencia.

28. El Estado deberá crear un fondo de desarrollo comunitario, en los términos expuestos en los párrafo 323 de esta Sentencia, así como conformar un comité de implementación de dicho fondo, en los términos y plazos establecidos en el párrafo 324 del Fallo.

29. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

84.1 Aplicar todas las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en particular la eliminación de los obstáculos físicos a la información, los transportes públicos y las instalaciones (Tailandia)

84.2 Esforzarse por eliminar todas las formas de discriminación aprobando el actual proyecto de ley contra toda forma de discriminación y asegurando que toda la legislación vigente se ajuste a sus objetivos (Australia)

84.3 Proseguir los esfuerzos para fortalecer la legislación para prevenir y sancionar la utilización de niños y niñas en la pornografía (Argentina)

84.4 Seguir consolidando la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (República Bolivariana de Venezuela, Honduras, República Dominicana)

84.5 Adoptar medidas adicionales en cuestiones relativas a la infancia, como la recopilación de datos estadísticos, el establecimiento de un sistema de supervisión y la mejora general de las medidas de protección del niño (Japón)

84.6 Garantizar, dentro del mandato del Departamento de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, que los mecanismos de denuncia de violaciones de los derechos del niño sean fácilmente accesibles y estén adaptados a los niños (Eslovaquia)

84.7 Fortalecer el sistema nacional de protección y promoción de la infancia y la adolescencia (Perú)

84.8 Seguir avanzando en la consolidación institucional de los mecanismos encargados de la protección y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad (Colombia)

84.9 Seguir mejorando la situación de los derechos humanos en el país (Azerbaiyán)

84.10 Poner en práctica el plan para establecer un sistema de indicadores de derechos humanos (Argelia)

84.11 Hacer operacional el Plan de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de niños/as y adolescentes mediante la asignación de fondos públicos (Polonia)

84.12 Ampliar la cobertura de los programas de lucha contra la pobreza, como el Programa Tekopora (Brasil)

84.13 Seguir aplicando los planes nacionales de reducción de la pobreza y promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Palestina)

84.14 Fortalecer la protección de los derechos e intereses de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables (China)

84.15 Seguir esforzándose por aplicar planes y programas de promoción y protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad (Panamá)

84.16 Seguir aplicando programas y medidas para mejorar el disfrute del derecho a la educación y del derecho a la salud, en particular por los pueblos indígenas (Cuba)

84.17 Seguir cooperando plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos (Honduras, República Dominicana)

84.18 Seguir cooperando plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con los órganos de tratados (República Bolivariana de Venezuela)

84.19 Seguir esforzándose por asegurar la presentación de informes nacionales a los órganos de tratados (Honduras, República Dominicana)

84.20 Emprender un proceso participativo e inclusivo con las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de los pueblos indígenas, para aplicar las recomendaciones del examen periódico universal (Noruega)

84.21 Seguir fortaleciendo la perspectiva de género en todas las esferas de la vida nacional con medidas positivas para lograr la promoción y protección efectivas de los derechos de la mujer (República Bolivariana de Venezuela)

84.22 Adoptar medidas adicionales para aplicar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en particular la baja participación de la mujer en los órganos de adopción de decisiones y en la vida pública, y las elevadas tasas de analfabetismo y abandono escolar entre las mujeres (República de Moldova)

84.23 Seguir aplicando medidas de acción afirmativa para aumentar la participación de las mujeres en puestos de elección popular (Costa Rica)

84.24 Continuar impulsando la rápida aprobación de una ley para combatir todas las formas de discriminación, de conformidad con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos (Estado Plurinacional de Bolivia)

84.25 Continuar impulsando medidas para prevenir la discriminación contra cualquier persona por su orientación sexual o su identidad de género (Colombia)

84.26 Garantizar que las personas con discapacidad tengan un acceso adecuado a las instalaciones y servicios como la educación, la información y los transportes públicos (Estados Unidos)

84.27 Abolir la pena de muerte conforme a la legislación militar (Eslovenia, España)

84.28 Proseguir los esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niños, mediante la financiación completa y la aplicación del Plan de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de niños/as y adolescentes. Introducir enmiendas en la legislación nacional sobre la explotación sexual y la trata de niños para armonizarla con los instrumentos internacionales (República de Moldova)

84.29 Prestar más atención a la protección de las mujeres y los niños víctimas de la trata (Santa Sede)

84.30 Redoblar los esfuerzos destinados a combatir la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y niños y el problema de los niños de la calle (Malasia)

84.31 Fortalecer la aplicación de políticas pertinentes, como el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, así como el empoderamiento de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, en particular en relación con el Convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, a fin de abordar el problema del trabajo infantil (Eslovaquia)

84.32 Redoblar sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y ofrecer toda la atención y asistencia posibles a los niños que viven o trabajan en la calle (República de Corea)

84.33 Seguir trabajando para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, incluida la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura (Cuba)

84.34 Seguir esforzándose por investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y ofrecer a las víctimas y a sus familias las correspondientes reparaciones (Uruguay)

84.35 Asegurar que la familia, tal como se define en la Constitución, siga siendo la auténtica expresión de la cultura nacional (Santa Sede)

84.36 Continuar diseñando y aplicando programas de lucha contra la pobreza y la miseria con un planteamiento basado en los derechos humanos para superar las desigualdades estructurales (Uruguay)

84.37 Continuar sus planes y políticas para asegurar que las mejoras económicas se traduzcan en mejoras sociales para toda la población (Cuba)

84.38 Reforzar las medidas que protejan, promuevan y faciliten la aplicación del derecho a la alimentación, especialmente para la población que vive por debajo del umbral de pobreza (Malasia)

84.39 Continuar impulsando programas que protejan el derecho a la alimentación mediante una agricultura sostenible que preserve el ecosistema (Estado Plurinacional de Bolivia)

84.40 Intensificar la descentralización de sus servicios de atención de salud para que puedan ampliar su cobertura, especialmente en las zonas rurales (Estado Plurinacional de Bolivia)

84.41 Tener en cuenta las inquietudes expresadas en relación con el ejercicio del derecho a la educación por todos los ciudadanos (Argelia)

84.42 Incrementar los esfuerzos para aumentar la tasa de alfabetización entre las comunidades indígenas y las personas que viven en zonas rurales (Malasia)

84.43 Proseguir sus esfuerzos de alfabetización, acceso a la educación bilingüe y promoción y protección del idioma guaraní en todo su territorio (Estado Plurinacional de Bolivia)

84.44 Considerar la posibilidad de adoptar medidas inclusivas para atender las reivindicaciones de los pueblos indígenas, teniendo debidamente en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (República de Corea)

84.45 Redoblar sus esfuerzos para resolver el problema de las tierras indígenas y dar prioridad al apoyo al Instituto Paraguayo del Indígena (Suiza)

84.46 Adoptar nuevas medidas para proteger los derechos de propiedad colectiva de los ciudadanos indígenas (Hungría)

85.1 Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (República de Moldova)

85.2 Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (República de Moldova)

85.3 Adoptar lo antes posible un proyecto de ley para combatir todas las formas de discriminación (Uruguay)

85.4 Aprobar disposiciones legislativas para incorporar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al derecho interno (Australia)

85.5 Aprobar lo antes posible el proyecto de ley para armonizar las definiciones de la tortura y las desapariciones forzadas con los instrumentos internacionales de derechos humanos (Perú)

85.6 Garantizar la plena incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en su legislación interna (Eslovaquia)

85.7 Poner en práctica el plan para establecer una institución encargada de asuntos relacionados con la justicia y los derechos humanos (Argelia)

85.8 Aprobar y aplicar lo antes posible el Proyecto de Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (México)

85.9 Aplicar plenamente el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y Adolescencia para contribuir a la protección de niños y adolescentes en situación vulnerable (Canadá)

85.10 Fortalecer la función del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Polonia)

85.11 Designar una institución adecuada para la aplicación y el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Reino Unido)

85.12 Elaborar y aplicar políticas de igualdad de género, en particular en el mercado de trabajo, y políticas para combatir la violencia sexual y doméstica (Brasil)

85.13 Nombrar un coordinador para la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; establecer indicadores de seguimiento y supervisión; asegurar que el organismo de supervisión esté facultado para contribuir a la elaboración de una política nacional sobre discapacidad y hacer un seguimiento de esta, y garantizar que la discapacidad sea un tema transversal en sus políticas públicas (España)

85.14 Seguir presentando sus informes relativos a la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Noruega)

85.15 Establecer medidas prontas y efectivas para garantizar la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad civil y en el aparato estatal, habida cuenta de que las leyes y las políticas actuales todavía no han dado los resultados esperados (Nicaragua)

85.16 Adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de trato de la mujer en la legislación y en la práctica, de conformidad con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Suecia)

85.17 Adoptar medidas para subsanar la escasa participación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones y en la vida pública, las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la elevada tasa de analfabetismo entre las mujeres (Noruega)

85.18 Abordar el problema de la escasa participación de las mujeres en la vida política y en los órganos de adopción de decisiones, en particular considerando la posibilidad de aplicar medidas afirmativas (Eslovenia)

85.19 Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, en particular en relación con la remuneración, las oportunidades de empleo y el acceso a los servicios de educación y de salud (México)

85.20 Seguir esforzándose por aumentar la participación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones y en las instituciones públicas (Argentina)

85.21 Adoptar nuevas medidas para asegurar una mayor participación y representación de las mujeres en la administración pública, así como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (Perú)

85.22 Asegurar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en la práctica (Eslovenia)

85.23 Promover la igualdad de género, incluida la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por igual trabajo (Ghana)

85.24 Adoptar las medidas necesarias para promover el principio de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (Turquía)

85.25 Tomar medidas para poner fin a la discriminación basada en la raza y la etnia (Suecia)

85.26 Aprobar y promulgar cuanto antes el proyecto de ley contra toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (Francia)

85.27 Adoptar las medidas necesarias para combatir con eficacia en la legislación y en la práctica la discriminación basada en la orientación sexual (Suecia)

85.28 Incluir una definición clara del delito de tortura en su ordenamiento jurídico interno, de conformidad con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, asegurar la investigación de todas las denuncias de tortura y malos tratos, enjuiciar a los autores con arreglo a las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial y prestar servicios de rehabilitación a las víctimas (Eslovaquia)

85.29 Considerar la posibilidad de aprobar disposiciones legislativas u otras medidas nuevas para mejorar la supervisión, la documentación, la investigación y el procesamiento de todas las denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales u otros tipos de maltrato de las personas encarceladas (Estados Unidos)

85.30 Investigar plenamente todas las denuncias de tortura o malos tratos y, si procede, enjuiciar a los autores de esos actos, y considerar la posibilidad de armonizar el Código Penal con la Convención contra la Tortura (República de Corea)

85.31 Garantizar la investigación efectiva de los casos de tortura y malos tratos y el enjuiciamiento de los autores, y adaptar la definición nacional de la tortura a la que figura en la Convención contra la Tortura (Suiza)

85.32 Adoptar medias eficaces para frenar y prevenir el recurso frecuente a la tortura durante los primeros días de detención policial, en consonancia con sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura (Japón)

85.33 Adoptar medidas para combatir la impunidad en los casos de tortura (Costa Rica)

85.34 Asegurar que los mecanismos de denuncia del Defensor del Pueblo sean fácilmente accesibles a todas las personas que los necesiten, incluidos los niños (Eslovenia)

85.35 Asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la objeción de conciencia y que no se reclute en las Fuerzas Armadas a ningún menor (de menos de 18 años) (Eslovenia)

85.36 Aplicar efectivamente la legislación que prohíbe el reclutamiento forzoso en las fuerzas armadas de niños menores de 18 años (Ghana)

85.37 Cumplir la legislación que prohíbe el reclutamiento forzoso de niños (Hungría)

85.38 Establecer medidas para prevenir eficazmente el reclutamiento de menores de edad (Japón)

85.39 Asegurar que los sistemas judicial y penitenciario del país trabajen para mejorar las condiciones de las prisiones, de conformidad con las normas internacionales (Santa Sede)

85.40 Adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de privación de libertad en las prisiones se ajusten a las normas internacionales (Suiza)

85.41 Hacer un mayor esfuerzo para poner fin a las prácticas abusivas de las fuerzas del orden y mejorar las condiciones de las prisiones y otros centros de privación de libertad (Australia)

85.42 Adoptar una nueva política penitenciaria para mejorar las condiciones de las cárceles y, de ser posible, aumentar los salarios de los guardias y del personal administrativo de las prisiones (Hungría)

85.43 Introducir enmiendas en el Código Penal y en las leyes relativas a la violencia doméstica para prohibir todas las formas de violencia en el hogar, y no solo el maltrato considerado habitual o excesivo (Canadá)

85.44 Redoblar sus esfuerzos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer (Argentina)

85.45 Considerar la posibilidad de aprobar disposiciones legales u otras medidas que permitan la investigación y el enjuiciamiento de la violencia de género Estados Unidos)

85.46 Compilar estadísticas oficiales sobre los casos de violencia doméstica, feminicidio, maltrato, abuso sexual y explotación sexual, esta última especialmente de niños y adolescentes, y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y el procesamiento de los responsables (Uruguay)

85.47 Armonizar la legislación nacional sobre la explotación sexual y la trata de niños con los instrumentos internacionales (Eslovenia)

85.48 Asegurar que los niños que viven o trabajan en la calle reciban protección, asistencia, nutrición y refugio adecuados, así como atención de salud y oportunidades de educación (Polonia)

85.49 Aplicar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, en particular las relativas a los niños de la calle y al trabajo infantil (Francia)

85.50 Asegurar que los niños que viven o trabajan en la calle reciban protección, asistencia, nutrición y refugio adecuados (Hungría)

85.51 Aplicar con rigor su legislación de lucha contra la corrupción y asegurar la eficacia, independencia e imparcialidad del sistema judicial (Suiza)

85.52 Seguir promoviendo la modernización de los sistemas judicial y administrativo del país (China)

85.53 Considerar la posibilidad de adoptar y aplicar criterios objetivos y equilibrados para el nombramiento y remoción de los jueces que limiten las injerencias políticas y se centren en mejorar la objetividad y la eficacia del sistema judicial del Paraguay (Estados Unidos)

85.54 Aprobar disposiciones legislativas para asegurar que los niños no inscritos en el registro no se vean privados de sus derechos, y adoptar medidas concretas para reducir los actuales obstáculos para la inscripción de los nacimientos (Canadá)

85.55 Garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo iguales y satisfactorias, en particular para los trabajadores domésticos (Brasil)

85.56 Intensificar las medidas para combatir la pobreza con miras a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio pertinentes (Marruecos)

85.57 Introducir programas para combatir la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de la población (Argelia)

85.58 Adoptar medidas efectivas para reducir la elevada tasa de mortalidad materna (Eslovenia)

85.59 Hacer un mayor esfuerzo para garantizar la gratuidad de la educación para todos, puesto que las familias siguen soportando gran parte de la carga económica (Nicaragua)

85.60 Aumentar sus esfuerzos para ofrecer igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los grupos vulnerables y a las minorías (Tailandia)

85.61 Prestar especial atención, en su política pública de enseñanza, a la educación de las personas indígenas y los niños que viven en la pobreza (Costa Rica)

85.62 Asegurar la protección constante de los pueblos indígenas y sus derechos a la tierra y a la preservación de su cultura (Santa Sede)

85.63 Intensificar sus esfuerzos de protección de los derechos de la población indígena; crear un mecanismo nacional específico para abordar cualquier queja formulada por la población indígena en relación con el uso de sus tierras tradicionales, asegurando la participación de los grupos indígenas y sus representantes (España)

85.64 Reforzar la aplicación de la política pública integral para los pueblos indígenas, con el fin de promover y proteger todos sus derechos, y fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena para garantizar el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, de conformidad con sus obligaciones derivadas del Convenio Nº 169 de la OIT (Estado Plurinacional de Bolivia)

85.65 Establecer un mecanismo eficaz para atender las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, con la participación adecuada de grupos indígenas, y aplicar las decisiones resultantes (Reino Unido)

85.66 Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento del Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular el reconocimiento del derecho de todos los pueblos indígenas del Paraguay a la tierra y a los recursos naturales (Noruega)

85.67 Establecer un registro de tierras completo e infalsificable para permitir a las comunidades indígenas obtener títulos de propiedad sobre sus tierras ancestrales (Alemania)

85.68 Aplicar plenamente, con rapidez y eficacia las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a las reivindicaciones de tierras indígenas por las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa (Canadá)

85.69 Adoptar medidas para aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas del Paraguay (Noruega)

85.70 Aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a las comunidades yakya axa y sawhoyamaxa, dictadas en 2005 y 2006 respectivamente, que establecen concretamente que las tierras reclamadas por estas dos comunidades deben serles devueltas (Francia)

85.71 Institucionalizar un mecanismo de consulta con las asambleas comunitarias indígenas para incluirlas en cualquier toma de decisiones que pueda afectar a sus derechos e intereses (México)

85.72 Aplicar políticas adecuadas y eficientes que aborden la cuestión del acceso de la población indígena al empleo, los servicios de salud, la educación y la vivienda (Eslovaquia)

85.73 Asegurar el disfrute de todos los derechos humanos por los migrantes e intensificar los esfuerzos para regularizarlos (Brasil)

86.1 Informar periódicamente al Consejo del seguimiento dado a las recomendaciones del examen periódico universal (Hungría)

86.2 Elaborar un plan de acción para abordar las desigualdades en los indicadores socioeconómicos entre las personas pertenecientes a comunidades indígenas y las personas no indígenas (Suecia)

86.3 Incluir en el Proyecto de Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura un artículo relativo a la rehabilitación de las víctimas de tortura (Hungría)

86.4 Analizar el alcance de los abortos ilegales y poco seguros e introducir medidas de protección del derecho universal de la mujer a la vida y la salud (Noruega)

86.5 Adoptar las medidas necesarias para eliminar las desigualdades socioeconómicas que afectan a la población indígena (Francia)

16. [...] El SPT recomienda al Poder Legislativo paraguayo, en especial a la Cámara de Diputados, que de prioridad al tratamiento y posterior aprobación del proyecto de ley de creación del MNP. Asimismo, el SPT recomienda a otros poderes del Estado parte que insten al Poder Legislativo a dar prioridad al proyecto de ley de creación del MNP con miras a su inmediata aprobación. Luego de su aprobación y promulgación como ley, el SPT recomienda al Estado parte que tome con urgencia las medidas legislativas, administrativas u de otra índole que sean necesarias a fin de que el MNP pueda ser puesto en marcha y pueda desempeñar su labor efectivamente a la mayor brevedad. Por último, el SPT solicita al Estado parte recibir información antes del 15 de enero de 2011 sobre el avance el trámite parlamentario del proyecto de ley de creación del MNP. Una vez la ley se haya promulgado, el SPT solicita al Estado parte recibir información periódica sobre la puesta en marcha del MNP.

18. En su respuesta a las observaciones del SPT, el Estado parte no suministró información sobre la forma en que piensa dar cumplimiento a dicha recomendación. Sin embargo, el SPT obtuvo información que indica que existe un proyecto de ley presentado por un Senador en mayo de 2009 para la modificación de los artículos 236 y 309 del Código Penal, el cual se encontraría en estudio de diferentes comisiones del Senado. El SPT da la bienvenida a dicha iniciativa y reitera su recomendación relativa a la pronta adecuación del tipo penal actual de tortura a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura. El SPT solicita al Estado parte una copia de tal proyecto de ley.

19. En relación con la ausencia de tipo penal de tortura en el Código Penal Militar, el SPT recomendó la inclusión de un tipo penal de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y establecer penas acordes con la gravedad de este delito. Más allá de resolver esta laguna legal, el SPT recuerda que la jurisdicción militar debe limitarse a infracciones de carácter específicamente militar cometidas por militares, con exclusión de las violaciones de los derechos humanos, las cuales son competencia de los tribunales nacionales ordinarios. El Estado parte informó al SPT que se encuentra en estudio un proyecto de modificación del Código Penal Militar a fin de adecuarlo a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura. El SPT se complace de esta iniciativa y solicita recibir información sobre su progreso.

23. El SPT recomienda que el Estado parte que:

a) Se ponga en funcionamiento la base de datos de la Defensoría del Pueblo donde se compile de forma sistemática información sobre el tipo de quejas recibidas, los resultados de la investigaciones realizadas y las recomendaciones formuladas. En la medida en que no se afecta la confidencialidad, esta base de datos o parte de ella deberá estar a disposición en la página de Internet de la Defensoría; b) Se informe al SPT sobre la puesta en funcionamiento de dicha base de datos, su disponibilidad en la página de Internet y sobre la estructura y contenido de la base de datos; c) Se realicen campañas de información pública sobre el mandato y las funciones de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de aclarar sus funciones y de alentar a la población a que utilice sus servicios. Esta campaña deberá tener un componente especialmente dirigido a los lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad. d) Se hagan públicos, con la debida protección a la identidad de las personas que no deseen ser identificadas, los informes de visitas a lugares donde se encuentren personas privadas de libertad realizados por la Defensoría del Pueblo, así como las recomendaciones efectuadas y su seguimiento.

25. En relación con la recomendación del SPT relativa a la capacitación del personal policial sobre la custodia de personas privadas de libertad y otros temas derechos humanos, el Estado parte proporcionó información sobre la inclusión de la materia "Derechos Humanos" en distintas escuelas y academias policiales, sobre la firma de un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la formación de formadores en derechos humanos, y sobre capacitaciones a aproximadamente 200 agentes policiales del Sistema 911 y de comisarías en los años 2009 y 2010. El SPT valora positivamente esta información y recomienda que las actividades de formación en derechos humanos sean regulares y periódicas, además de cubrir a la totalidad del personal policial del país.

27. El SPT se complace asimismo de la creación, por Decreto N° 1811 del 15 de abril de 2009, de una Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, que actualmente cuenta con 6 funcionarios y que puede constituirse en un componente clave del sistema de supervisión policial ya solicitado por el SPT. El SPT recomienda reforzar la actual estructura de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

29. A efectos de mejorar el efecto preventivo de dichas sanciones administrativas, el SPT recomienda que las estadísticas sobre número de sumarios y sanciones impuestas se hagan del conocimiento público, y especialmente se den a conocer entre los efectivos de la Policía Nacional. Adicionalmente, el SPT recomienda que el Ministerio del Interior haga un seguimiento de los casos presentados ante el Ministerio Público. Asimismo, el SPT solicita recibir información sobre la estructura y papel del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional y sobre los planes actuales para fortalecerlo, garantizando su independencia y efectividad, a fin de que pueda realizar investigaciones imparciales.

30. En relación con la instauración de un sistema de quejas en sede policial, autoridades del Ministerio del Interior reconocieron la necesidad de seguir trabajando para establecer un sistema efectivo y que proteja a aquellos que formulen quejas de eventuales represalias. Sobre este particular, el SPT nota la importancia de establecer procesos que permitan la canalización adecuada y confidencial de las quejas que sean presentadas por personas detenidas, protegiendo al quejoso de posibles represalias. En este sentido, funcionarios del Ministerio informaron al SPT sobre la existencia del Centro de Reclamo Ciudadano, que permite la presentación de quejas por medio de una línea telefónica gratuita, de la página de Internet del Ministerio, o personalmente. Como medida provisoria y hasta tanto se establezca un sistema formal, el SPT recomienda dar publicidad a este Centro de Reclamo Ciudadano, resaltando que puede utilizarse para presentar denuncias por tortura y malos tratos por parte de funcionarios policiales. Dicha publicidad deberá incluir pósters que deberán ser ubicados en cada estación de policía, a la vista de las personas privadas de libertad y en los lugares de atención al público que puedan presentar quejas de maltrato o por incumplimiento de cualquier otro deber del personal policial. Estas quejas deben ser recibidas por una autoridad independiente y con capacidad para tomar acciones, como podría ser la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, procesadas internamente a fines de las sanciones administrativas y remitidas, en su caso, al Ministerio Público.

32. Poder judicial. Durante su visita de seguimiento, el SPT pudo observar que la demora excesiva en la tramitación de ciertas causas penales sigue teniendo un impacto pernicioso en la población penitenciaria, que se manifiesta principalmente en la sobrepoblación y hacinamiento existentes y en el alto porcentaje de reclusos sin condena en las cárceles del país. El SPT fue informado que la falta de integración de la sala penal de la Corte Suprema, que estaría trabajando al 50% de su capacidad, es una de las causas de dicha demora. Esto se debería a la jubilación de uno de los Ministros de la Corte Suprema y a la falta de designación de un reemplazante por parte del Congreso. El SPT lamenta esta situación y recomienda al Estado parte que arbitre los medios para permitir el nombramiento de un reemplazante del juez saliente. Hasta tanto ese nombramiento se haga efectivo, el SPT recomienda se utilicen mecanismos alternativos a fin de que la Sala Penal pueda reducir sus casos pendientes, como por ejemplo el nombramiento provisorio y temporario de jueces de casación para integrar la Sala Penal.

33. El SPT fue también informado de la voluntad de autoridades del sistema penitenciario de trasladar internos a penales menos poblados, para así disminuir o evitar el hacinamiento en ciertas cárceles del país. Estos traslados son objetados por el poder judicial (principalmente por los jueces de ejecución), quienes argumentan que el traslado de un recluso a otro centro penitenciario sólo puede tener lugar previa autorización judicial. Dado el alto grado de hacinamiento de penitenciarías como la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el SPT considera necesario que las autoridades del Estado parte encuentren una rápida solución a la dificultad actual para efectuar traslados de internos a prisiones que tengan condiciones más adecuadas. El SPT recomienda al Estado parte se discutan posibles soluciones respecto de la situación de los traslados a la brevedad, de modo de agilizar el procedimiento actual, manteniendo el debido respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, en especial el derecho al contacto con la familia y al debido proceso.

38. El SPT reitera la importancia de una defensa pública gratuita y técnicamente calificada para la prevención de la tortura y los malos tratos, así como la necesidad de asegurar la paridad efectiva de armas entre la defensa pública y el ministerio público. El SPT reitera asimismo que la defensa pública debe estar dotada de independencia funcional y autonomía presupuestaria a fin de poder cumplir su labor eficazmente. El SPT recomienda al Estado parte, y en especial a su Poder Legislativo, que impulse la iniciativa legislativa actual u otro proyecto de ley que garantice la autonomía funcional y administrativa, así como la autarquía financiera de esta institución.

41. En relación con la Comisaría 1ª de San Lorenzo, al SPT le apena verse obligado a informar, como ya lo hizo en su informe anterior, sobre la falta de cooperación del comisario a cargo, quien en esta ocasión interrumpió entrevistas con detenidos de una manera muy agresiva y obligó a suspender la visita en forma temporal. El incidente se resolvió rápidamente gracias a la intervención del Ministerio del Interior. El SPT puso a disposición de las autoridades locales información sobre lo acontecido para que el Estado parte pudiera tomar medidas. El SPT recomienda al Estado parte que adopte las acciones necesarias a fin de que incidentes similares no se repitan en el futuro y solicita se lo mantenga informado sobre el resultado de las medidas tomadas en este sentido.

45. El SPT había sido informado de la existencia de la resolución N° 176 de fecha 10 de febrero de 2010, mediante la cual la Comandancia de la Policía Nacional ordenaba el establecimiento de un sistema de registro conforme a lo recomendado por el SPT. Según información brindada por el Ministerio del Interior y tal como lo pudo verificar el SPT durante su visita, esta resolución aún no había sido puesta en práctica. Se informó al SPT, asimismo, que existe un proyecto para informatizar los registros de las comisarías de Asunción. El SPT recomienda al Estado parte la inmediata implementación de la resolución N° 176. El SPT recomienda asimismo que se incluyan los contenidos mínimos de los registros recomendados por el SPT en todo proyecto de informatización de registros.

46. Información sobre los derechos de las personas detenidas. El SPT se apenó de no poder encontrar en ninguna de las tres comisarías visitadas el material de información recomendado sobre los derechos de las personas detenidas que el Estado parte afirmó haber producido. El SPT insiste en sus recomendaciones en este sentido.

48. Como única posible diferencia entre las observaciones realizadas en marzo de 2009 y las de la visita de seguimiento de septiembre de 2010, podría mencionarse la existencia de una cama de dos niveles en la celda de la comisaría 1a de San Lorenzo, la que no se encontraba en ese lugar en la visita anterior. Sin embargo, las dos camas no resultaban suficientes para los cinco detenidos presentes en la celda al momento de la visita. Por lo demás, ni en esa celda ni en ninguna otra de las celdas visitadas pudo observarse mobiliario como sillas o camas que permitiera una mayor comodidad a las personas que pasan horas o días en detención policial. El SPT recomienda que se dote a las celdas policiales de camas y/o sillas en un número adecuado.

49. Al SPT volvió a llamarle poderosamente la atención la gran diferencia que existe entre las condiciones materiales de los establecimientos policiales y las condiciones de las zonas asignadas a las personas detenidas dentro de dichos establecimientos. En la comisaría 3a, por ejemplo, a pocos metros de la celda, el SPT observó que se encontraba disponible un gran salón limpio y aireado, que podría utilizarse para los detenidos. El SPT reitera las recomendaciones realizadas en su informe de 2009 en relación con las condiciones materiales de las celdas en estaciones de policía.

50. Detención prolongada en dependencias de policía. Según informaron al SPT autoridades del Estado parte, la detención prolongada en dependencias de policía sigue siendo una práctica común en el país. Ciertas comisarías de Paraguay, por orden de los propios jueces, se ven obligadas a alojar detenidos en prisión preventiva por varios meses, aún cuando no cuentan con la infraestructura, ni el personal, ni el presupuesto para ello. El SPT ya condenó esta práctica pidiendo que se ponga fin a la misma de manera inmediata. El SPT reitera su recomendación y recomienda además que el Poder Judicial y el Ministerio del Interior entren en negociaciones que apunten a obtener un acuerdo que permita poner fin a esta práctica.

51. [...] El SPT insiste en las recomendaciones realizadas oportunamente, en especial las relativas a la instrucción periódica, clara y categórica al personal policial sobre la prohibición absoluta e imperativa de toda clase de tortura y malos tratos, así como la relacionada con una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos, aún en ausencia de quejas formales.

55. [...] El SPT es de la opinión que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú debe ser clausurada cuanto antes y solicita al Estado parte confirmación de este anuncio así como información sobre los plazos previstos para dicha clausura.

56. En relación con los "pasilleros", el SPT es de la opinión que su situación tiene implicancias de carácter humanitario que requiere medidas urgentes. El SPT recomienda al Estado que de manera inmediata resuelva el problema de los pasilleros, reduciendo su número a cero y que garantice a cada persona privada de libertad una cama y un techo.

57. [...] El SPT reitera su recomendación de que se proceda a una investigación pronta e imparcial de cualquier alegación de tortura y malos tratos de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura. En el caso que dichas alegaciones involucren a agentes penitenciarios, estos deberán ser suspendidos de sus funciones mientras dure el proceso y removidos de su cargo en el caso que fueran encontrados culpables.

63. El elevado grado de corrupción en el penal de Tacumbú quedó en evidencia con los acontecimientos relatados en la prensa poco después de la visita del SPT sobre una red de pornografía infantil que operaba desde dentro de esa prisión. Según tiene entendido el SPT, estos hechos dieron lugar a la remoción del Director del penal y a la intervención del mismo por parte de la Directora de Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal. El SPT deplora profundamente estos hechos, los que condena enérgica y categóricamente. El SPT recomienda una pronta investigación de estos hechos así como el enjuiciamiento y eventual castigo de los reclusos y funcionarios responsables.

64. La extensión y arraigo del fenómeno de la corrupción requiere, además de un alto grado de compromiso político para eliminarla, que se tomen una serie de medidas, tanto de prevención como de represión de la corrupción, a corto, mediano y largo plazo. El SPT reitera sus recomendaciones anteriores y, adicionalmente, recomienda al Estado parte:

a) La realización inmediata de una auditoría independiente, en primer lugar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pero luego en los demás centros penitenciarios del país, que investigue las características de la corrupción en este sector, identifique riesgos de corrupción, y formule recomendaciones de medidas tendientes a asegurar el control interno y externo. Esta auditoria inicial deberá ser seguida por inspecciones periódicas para verificar el grado de cumplimiento con las recomendaciones iniciales;

b) Se lleve a cabo una campaña de sensibilización contra la corrupción en el sistema penitenciario, destinado a funcionarios y a la opinión pública en general y que provea información sobre las consecuencias negativas de la corrupción;

c) La elaboración, aprobación y posterior difusión de un código de conducta para funcionarios penitenciarios;

d) Se tomen medidas destinadas a promover la transparencia en la administración de recursos en el sistema penitenciario, que incluya la publicidad de los presupuestos asignados a cada prisión, de las decisiones tomadas al respecto y de la identidad de los funcionarios responsables;

e) Aumentar el salario de los funcionarios penitenciarios, de modo que se garantice una remuneración justa y adecuada, y profesionalizar y dar prestigio a la tarea penitenciaria mediante la creación de una carrera penitenciaria.

f) Investigar las alegaciones de corrupción y presentar denuncias ante el Ministerio Público si se sospecha la comisión de un delito.

67. El SPT recomienda que las autoridades penitenciaria intensifiquen sus esfuerzos para evitar el ingreso de drogas en la penitenciaría, identificar las vías de ingreso y establecer campañas de prevención del consumo de dichas sustancias (programa de reducción de daños). Simultáneamente, deben introducirse programas de desintoxicación individual y tratamientos de reinserción familiar.

8. [...] El Comité recomienda que el Estado parte, en estrecha cooperación en todas las etapas del proceso con las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en particular, lleve a cabo las medidas necesarias para fortalecer su metodología censal y desarrollar las herramientas estadísticas confiables y adecuadas para asegurar el principio de la auto identificación en el Censo 2012. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe periódico datos estadísticos desglosados y actualizados de la composición de la población y le recuerda que dicha información es necesaria para el desarrollo de políticas públicas y programas adecuados a favor de los sectores de la población sujetas a la discriminación racial y para evaluar la aplicación de la Convención en relación a los grupos que componen la sociedad.

9. [...] El Comité alienta al Estado parte a agilizar la adopción de los instrumentos legislativos necesarios para prevenir el racismo y las conductas discriminatorias, como el Proyecto de Ley contra Toda Forma de Discriminación, que contenga una definición de la discriminación racial compatible con la definición contenida en el artículo 1 de la Convención, y tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de la discriminación racial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención. El Comité recomienda al Estado parte que tome en cuenta su Recomendación general No. 15 (1993) sobre el artículo 4, el cual explicita que todo lo estipulado en este artículo es de carácter obligatorio.

10. [...] El Comité recomienda al Estado parte que proporcione en su próximo informe una evaluación de las denuncias, acciones judiciales y de las sentencias recaudadas en el país por actos de racismo. A este respecto, el Comité invita al Estado parte a tomar en consideración su Recomendación general Nº 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal.

11. [...] El Comité alienta al Estado parte a iniciar una campaña de recaudación de datos para evaluar que las medidas especiales sean concebidas y aplicadas atendiendo a las necesidades de las comunidades concernidas. Le recomienda llevar a cabo un estudio sobre el impacto de las medidas especiales ya existentes en el goce de derechos de las comunidades a quienes están destinadas y que su aplicación sea vigilada y evaluada con regularidad. En este sentido, invita al Estado parte a tomar en cuenta su Recomendación general No. 32 (2009) sobre medidas especiales.

12. [...] El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo y en el Presupuesto General de la Nación, para garantizar la igualdad de derechos de los pueblos indígenas. También recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para implementar las recomendaciones del Informe de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación relevantes a afrontar la discriminación racial. El Comité invita al Estado Parte a aprovechar la asistencia técnica disponible en el marco de los servicios de asesoramiento y los programas de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con miras a examinar sus leyes y marco institucional encargado de la implementación de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, y lo alienta a aceptar la asesoría y visita a su territorio de expertos, incluyendo al Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El Comité también recomienda al Estado parte que tome en cuenta su Recomendación general No. 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género.

13. [...] El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar el registro de todos los niños en su territorio, en particular en las localidades en donde viven los pueblos indígenas protegiendo y respetando su cultura, y que garantice los servicios necesarios para su desarrollo intelectual y físico.

14. [...] El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo una evaluación institucional del INDI, con miras a su reforma hacia una institución autónoma y representativa de los pueblos indígenas con la autoridad y los recursos adecuados y un mandato que cubra las instancias de discriminación racial. El Comité también recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para crear un clima de confianza propicio al diálogo con los pueblos indígenas y para que los pueblos indígenas participen eficazmente en la toma de decisiones en todas las áreas que pudieran afectar sus derechos, tomando en cuenta la Recomendación general No. 23 del Comité sobre los pueblos indígenas (1997).

15. [...] El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo las reformas necesarias, incluyendo legales y administrativas, para garantizar que el sistema jurídico interno cuente con recursos eficaces y suficientes para proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, incluyendo mecanismos efectivos para la denuncia, el reclamo y la restitución de tierras y el reconocimiento de las mismas de manera coordinada, sistemática y completa. El Comité exhorta al Estado parte a llevar a cabo la investigación pronta y efectiva de los incidentes de amenazas y violencia, la identificación y enjuiciamiento de los autores y a garantizar a las víctimas y sus familiares un recurso efectivo.

16. [...] El Comité recomienda al Estado parte adoptar medidas urgentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas del Chaco. Le recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos para prevenir, investigar y procesar debidamente el trabajo forzado y garantizar el acceso a la justicia por parte de las comunidades afectadas. Alienta también al Estado parte a establecer un plan de acción que incluya capacitación para los inspectores laborales así como iniciativas de sensibilización de los trabajadores y los empleadores sobre la necesidad de erradicar el trabajo forzado en las comunidades indígenas del Chaco y a continuar su colaboración con las agencias especializadas de las Naciones Unidas relevantes en este aspecto.

17. [...] El Comité exhorta con urgencia al Estado parte a adoptar las medidas necesarias para cumplir cabalmente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xamok Kasek con arreglo a un calendario de ejecución establecido. También recomienda que se fortalezca la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales para que pueda llevar a cabo la coordinación entre las diferentes áreas del Estado parte en la implementación de sus obligaciones.

18. [...] El Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas necesarias, incluyendo la asignación de recursos humanos y financieros, para garantizar el goce de derechos de los afrodescendientes. También lo invita a que adopte mecanismos destinados a asegurar la participación de las comunidades afrodescendientes en el diseño y aprobación de normas y políticas públicas, y en la realización de proyectos que les afecten, en cooperación con dichas comunidades y las Naciones Unidas, en particular, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Comité recomienda que el Estado parte vele por que no se particularice ni se limite el acceso a lugares y servicios públicos a las personas por motivos de raza o de origen étnico.

19. [...] El Comité recomienda que el Estado parte implemente sin dilación la Ley de Lenguas no. 425/10, fijando un plan de concreción y un presupuesto adecuado, en especial a lo relativo al uso de ambas lenguas oficiales en condiciones equitativas, incluyendo en las áreas de la educación y la formación profesional y en la administración de la justicia. También recomienda que el Estado parte tome en consideración la opinión No. 1 (2009) del mecanismo de expertos sobre el derecho de los pueblos indígenas a la educación en sus esfuerzos para cultivar y fortalecer las lenguas indígenas y de otras minorías.

20. [...] El Comité alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias para fortalecer la capacidad funcional de la Defensoría del Pueblo, y a su vez que ésta asuma un mayor compromiso respecto a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades afroparaguayas. También recomienda al Estado parte que incluya información respecto a los avances en la resolución de los casos de discriminación racial recibidos por la Defensoría del Pueblo en su próximo informe periódico.

21. [...] El Comité alienta al Estado parte a avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, asegurando la participación e inclusión de la temática de la discriminación racial, los derechos de las comunidades indígenas, la población afrodescendiente, y demás grupos étnicos y nacionales que conforman la sociedad paraguaya, con la inclusión de indicadores de derechos humanos que puedan registrar el progreso e impacto de la implementación del Plan Nacional en estas comunidades. Asimismo, respecto a la implementación del Plan, el Comité exhorta al Estado parte a fomentar el apoyo al plan en los ámbitos nacional y departamental, con una asignación adecuada de recursos humanos y financieros para su cumplimiento. Le recomienda también que dicho plan se integrase con otros mecanismos para la realización de los derechos humanos en el Estado parte.

22. Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de adherirse a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los que aún no sea parte, en particular los que guardan relación directa con la cuestión de la discriminación racial, como el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional Sobre el Delito de Genocidio.

23. A la luz de su Recomendación general No. 33 (2009) sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el Documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009, al incorporar la Convención en su legislación nacional. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban en el ámbito nacional. Así mismo, el Comité recomienda al Estado parte que designe una institución autónoma responsable de la atención a situaciones de discriminación racial con facultades de seguimiento y apoyo a la implementación del Programa de Acción de Durban en el ámbito nacional.

24. El Comité recomienda al Estado parte que prepare y lleve a cabo, con una adecuada difusión en los medios de comunicación, un programa de actividades apropiado para conmemorar el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General en su sexagésimo cuarto periodo de sesiones (A/Res/64/169 del 18 de diciembre de 2009).

25. El Comité toma nota de la posición del Estado parte y le recomienda que ratifique las enmiendas al párrafo 6 del artículo 8 de la Convención aprobadas el 15 de enero de 1992 en la 14ª reunión de los Estados partes y aprobadas por la Asamblea General en su resolución 47/111, de 16 de diciembre de 1992. A este respecto, el Comité recuerda las resoluciones de la Asamblea General 61/148, de 19 de diciembre de 2006, y 62/243, de 24 de diciembre de 2008, en las cuales la Asamblea instó encarecidamente a los Estados partes a que aceleraran sus procedimientos internos de ratificación de la enmienda y que con prontitud notificaran por escrito al Secretario General su aceptación de la enmienda.

26. El Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de hacer la declaración facultativa prevista en el artículo 14 de la Convención.

27. El Comité toma nota con beneplácito que el Estado parte ponga sus informes a disposición del público en general desde el momento mismo de su presentación y recomienda que el Estado parte lo haga también para las observaciones finales del Comité, difundiéndolas en los idiomas oficiales y, si procede, en otras lenguas de uso común en el Estado parte.

28. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención y del artículo 65 de su reglamento enmendado, el Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, le presente información sobre el curso dado a las recomendaciones que figuran en los párrafos 9, 16 y 17 supra.

29. El Comité desea asimismo señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 8, 14, 15, 18 y 19 y pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas concretas que adopte para aplicarlas.

30. El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 4° al 6º en un solo documento, a más tardar el 17 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, aprobadas por éste en su 71º período de sesiones (CERD/C/2007/1), y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. El Comité también insta al Estado parte a que respete el límite de 40 páginas establecido para los informes de los órganos de tratados y de 60 a 80 páginas para el documento básico común (véanse las Directrices armonizadas para la preparación de informes que figuran en el documento HRI/GEN.2/Rev.6, párr. 19).

8. El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado parte a que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y dé cuenta de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe periódico. Asimismo, le exhorta a que remita las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes, a las dos cámaras del Parlamento y al poder judicial para garantizar su plena aplicación.

9. Al tiempo que reafirma que el Gobierno tiene la responsabilidad principal del pleno cumplimiento de las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención y debe particularmente rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes del Estado, por lo que invita al Estado parte a que aliente a las dos cámaras del Parlamento, conforme a sus procedimientos y cuando sea procedente, a que adopten las medidas necesarias con respecto a la puesta en práctica de las presentes observaciones finales y al próximo proceso de presentación de informes del Gobierno en virtud de la Convención.

11. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para que la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité sean mejor conocidos entre todos los interesados, en particular los ministerios gubernamentales, los parlamentarios, los jueces y los agentes del orden, así como para que sean adecuadamente difundidos entre ellos, con el fin de sensibilizar a las mujeres en materia de derechos humanos. El Comité también insta al Estado parte a que emprenda campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres, al poder judicial y a los profesionales del derecho, y a que vele por que las mujeres dispongan de procedimientos y puedan interponer recursos en caso de violación de los derechos que les confiere la Convención.

13. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas efectivas para prohibir la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, mediante la aprobación de las disposiciones legislativas nacionales adecuadas, tales como el proyecto de ley amplia sobre la discriminación, que está en espera de aprobación por el Parlamento. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que examine su legislación interna para armonizarla con la Convención.

15. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de:
a) Elevar el estatus de la Secretaría de la Mujer en el actual proceso de modernización del Estado;
b) Integrar la Secretaría de la Mujer en el gabinete ministerial, y
c) Asignar, con cargo al presupuesto nacional y de manera sostenible, recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la Secretaría de la Mujer y a otras entidades que tengan mandatos relacionados con el género, y velar por su coordinación, así como por el mejoramiento de los datos estadísticos necesarios.

17. El Comité recomienda al Estado parte que adopte nuevas medidas para extender la aceptación de medidas especiales de carácter temporal y su aplicación general, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité, como parte de la estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva de la mujer, en particular de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, en todas las esferas de la vida como la salud, la educación y el empleo.

19. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Redoble sus esfuerzos para organizar campañas de sensibilización y educación pública dirigidas a la población en general y, en particular, a los dirigentes políticos y religiosos y a los funcionarios del Gobierno, con miras a cambiar las actitudes tradicionales asociadas a la discriminación de género en la familia y en la sociedad en general, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la Convención, y
b) Aliente la autorreglamentación de los medios de información y la adopción de un código de conducta a fin de evitar los estereotipos y las prácticas de discriminación de género.

21. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Acelere la aprobación de un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de conformidad con la Convención y la Recomendación general Nº 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer;
b) Combata eficazmente todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, psicológica y económica, velando por que los autores de esos actos sean encausados y sancionados y por que se proteja efectivamente a las mujeres contra las represalias;
c) Intensifique sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre los funcionarios públicos, especialmente las fuerzas del orden, los funcionarios judiciales, los proveedores de salud y los trabajadores sociales y refuerce la concienciación de que esa violencia es social y moralmente inaceptable y constituye una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos, y
d) Intensifique su colaboración y la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones de mujeres, a fin de reforzar la aplicación y supervisión de las leyes y programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer.

23. El Comité insta al Estado parte a que:
a) Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera general y completa las complejidades del fenómeno de la trata de mujeres y niñas y de la explotación de la prostitución;
b) Adopte una ley de la trata que cumpla plenamente el artículo 6 de la Convención;
c) Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata;
d) Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata interna de mujeres y de niños a fin de elaborar y aplicar una estrategia integral para prevenir la trata y sancionar a sus autores;
e) Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata, y
f) Intensifique su labor de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información, y armonice los procedimientos jurídicos destinados al enjuiciamiento y castigo de los autores de la trata.

25. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de la mujer en la vida política y pública, especialmente en las zonas rurales;
b) Aumente la representación de la mujer en la vida política y pública, incluso a nivel internacional;
c) Examine la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con sus Recomendaciones generales Nº 25 (2004) y Nº 23 (1997), y
d) Incluya en la aplicación de esas medidas el establecimiento de objetivos con calendarios para alcanzarlos y de cuotas más altas, a fin de aumentar la representación política de la mujer.

27. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Aplique políticas específicas para aplicar y hacer cumplir la Ley Nº 4084/2010 a fin de facilitar el ingreso y la permanencia en la escuela, así como de apoyar el rendimiento académico durante el embarazo y la maternidad, y aplique también otras medidas especiales que estimulen a las adolescentes embarazadas a continuar sus estudios;
b) Implemente un sistema de reunión de datos sobre las razones del abandono escolar en relación con los embarazos tempranos y otros factores influyentes;
c) Considere la oportunidad de restablecer el Marco Rector Pedagógico para la educación integral para la sexualidad y adopte las medidas necesarias a tal efecto, y
d) Intensifique su labor encaminada a dar iguales oportunidades de educación a las jóvenes indígenas.

29. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación laboral, poner remedio a las desigualdades salariales y alentar a la mujer a buscar empleo en esferas no tradicionales;
b) Modifique la legislación a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, incluido el acceso a las prestaciones de la seguridad social;
c) Refuerce su vigilancia del criadazgo, aplique políticas destinadas a erradicar esa práctica, y realice campañas de concienciación a través de los medios de información y los programas de educación pública sobre la situación de las jóvenes que realizan trabajos domésticos y sus derechos;
d) Refuerce sus mecanismos de inspección del trabajo e imponga sanciones a las empresas con más de 50 empleados que no cumplen la obligación legal de proporcionar servicios de guardería, y
e) Ratifique el Convenio Nº 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

31. El Comité, reiterando las recomendaciones formuladas en sus anteriores observaciones finales y recordando su Recomendación general Nº 24 (1999) sobre las mujeres y la salud, así como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, recomienda al Estado parte que:
a) Actúe sin demora y aplique medidas efectivas para hacer frente a la elevada tasa de mortalidad materna, impedir que las mujeres tengan que recurrir a abortos en condiciones de riesgo y suprimir las disposiciones punitivas que se aplican a las mujeres que se hayan sometido a abortos;
b) Adopte una política de mantenimiento de la privacidad de las pacientes para salvaguardar la confidencialidad de la relación entre el médico y la paciente, especialmente al tratar a mujeres por complicaciones del aborto;
c) Refuerce la capacidad de las instituciones de atención de la salud y la aplicación de los programas y las políticas destinados a proporcionar a la mujer un acceso efectivo a la información y a los servicios de atención de la salud, en particular por lo que se refiere a la salud reproductiva y a unos métodos anticonceptivos asequibles, con objeto de prevenir los abortos clandestinos, y
c) Apruebe el reglamento de la Ley Nº 2907/06 con objeto de disponer del presupuesto necesario para proporcionar métodos anticonceptivos.

33. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Aplique políticas específicas para promover el disfrute efectivo de los derechos de la mujer, incluso a través de medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad substantiva;
b) Redoble sus esfuerzos por aprobar programas integrales de salud y educación a escala nacional, incluidos los programas relacionados con la alfabetización funcional, el desarrollo empresarial, la formación práctica y la microfinanciación, como medios de reducir la pobreza, y
c) Realice un estudio amplio sobre las probables causas negativas del uso indebido de productos agrotóxicos en la agricultura, a fin de aplicar las medidas necesarias para erradicar su impacto en la salud de las mujeres y de sus hijos.

35. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité, para acelerar el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres indígenas;
b) Vele por que las mujeres indígenas tengan fácil acceso a las escuelas y a los servicios de salud de manera asequible, tanto física como financieramente, con servicios bilingües y por que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres de comunidades indígenas monolingües, y
c) Redoble sus esfuerzos por hacer efectivo el derecho al agua y a una alimentación suficiente de manera consultiva y participativa, con la intervención de las mujeres indígenas a fin de conseguir resultados culturalmente adecuados.

37. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte las medidas necesarias con objeto de elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio de hombres y mujeres. Asimismo, recordando su Recomendación general Nº 21 (2004) sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, recomienda al Estado parte que:
a) Organice una campaña de concienciación de las mujeres sobre la elección de régimen patrimonial en el matrimonio y sus consecuencias para su bienestar y su seguridad económica;
b) Vele por que el concepto de comunidad de bienes se extienda a los activos intangibles, incluidas las prestaciones por concepto de pensiones y de seguros y otros activos profesionales, y adopte las medidas legales necesarias para compensar la desigual participación de las mujeres en el trabajo no remunerado, incluidos los pagos conyugales después de la separación, y
c) Siga mejorando la legislación y las medidas administrativas vigentes sobre las reclamaciones de paternidad, en particular mediante la subvención de las pruebas de ADN, y continúe mejorando los mecanismos judiciales encargados de tramitar tales casos.

38. El Comité alienta al Estado parte a que acelere el examen de la enmienda del artículo 20, párrafo 1, de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité.

39. El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Convención, utilice plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y pide al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.

40. El Comité subraya que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pide que en todas las actividades encaminadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se integre una perspectiva de género y se reflejen expresamente las disposiciones de la Convención, y pide al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.

41. El Comité pide al Paraguay que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales a fin de que la población, los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos conozcan las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las nuevas medidas que es preciso adoptar a ese respecto. El Comité recomienda que la difusión se haga en particular al nivel de las comunidades locales. Se alienta al Estado parte a organizar una serie de reuniones para estudiar los progresos conseguidos en la aplicación de las presentes observaciones finales. El Comité pide al Estado parte que difunda ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI".

42. El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 23 y 31.

43. El Comité pide al Estado parte que vele por la amplia participación de todos los ministerios y órganos públicos en la preparación de su próximo informe y que, durante esa fase, consulte a diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

44. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare en virtud del artículo 18 de la Convención, y le invita a que le presente su séptimo informe periódico en octubre de 2015.

45. El Comité invita al Estado parte a que se atenga a las directrices armonizadas sobre la preparación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, aprobadas en la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 (HRI/MC/2006/3 y Corr.1). Las directrices para la presentación de los informes que se refieren concretamente a la Convención, aprobadas por el Comité en su 40º período de sesiones, en enero de 2008, deben aplicarse juntamente con las directrices armonizadas sobre la preparación del documento básico común. Conjuntamente, constituyen las directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El documento que se refiere concretamente a la Convención debe limitarse a 40 páginas.

10. [...] El Comité reitera su anterior recomendación (A/55/44, párr. 151) según la cual el Estado parte debería adoptar una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte también debería velar por que esos delitos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

11. [...] El Estado parte debería adoptar con prontitud medidas eficaces para asegurar que todos los detenidos cuenten en la práctica con todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención. El Estado parte debería garantizar que, en la práctica, todos los detenidos sean informados inmediatamente del motivo de la detención y de los derechos que les asisten, y que se garantice el derecho del detenido a acceder a un abogado y comunicarse con un familiar o persona de confianza. El recurso de hábeas corpus debería ser revisado y reforzado y deberían tomarse las medidas necesarias para que este recurso sea sumario y breve y que sea decidido en todo los casos en el plazo legal establecido. El Estado parte debería garantizar que las personas que se encuentran bajo detención policial puedan acceder a un examen médico independiente y sin la presencia de un funcionario de policía, desde los primeros momentos de su detención. El Estado parte debería cerciorarse de que se registre sin demora a las personas privadas de libertad y velar por que en las dependencias policiales se inspeccionen periódicamente los registros de los detenidos para asegurarse de que se mantienen con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley. El Estado parte debería asimismo velar por que se cumplan las disposiciones de la resolución N.°176/2010 sobre el registro de los detenidos y, a esos efectos, deberá considerar convertir en ley dicha norma administrativa.

12. [...] El Estado parte debería garantizar la asistencia legal gratuita desde los primeros momentos de la detención a todas las personas sin recursos que lo soliciten. A tal efecto, el Estado parte debería mejorar las condiciones laborales en la Defensa Pública y asignar a dicha institución mayores recursos humanos, financieros y materiales que permitan el cumplimiento de sus funciones.

13. [...] El Estado parte debería limitar la declaración del estado de emergencia a los casos en que sea absolutamente necesario, y debería respetar en todo momento las disposiciones del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado parte también debería velar por la aplicación estricta de la prohibición absoluta de los actos de tortura, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, donde se establece que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

14. [...] El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias a fin de nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo, que reúna las condiciones de idoneidad necesarias, lo antes posible mediante el procedimiento legal establecido. El Estado parte debería dotar a la Defensoría del Pueblo de los recursos financieros, materiales y humanos adecuados para llevar a cabo su mandato de manera eficaz e independiente y de conformidad con los Principios de París (Resolución N.° 48/134 de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).

15. [...] El Estado parte debería acelerar el proceso de implementación de la ley que crea el mecanismo nacional de prevención, en particular la pronta conformación del órgano selector establecido por esta ley. El Estado parte debería asegurar que dicho mecanismo cuente con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato en todo el territorio.

16. [...] El Estado parte debería adoptar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la corrupción en la policía y en el sistema penitenciario, que representa un obstáculo para la aplicación eficaz de la Convención. Esas medidas deberían incluir la realización de auditorías que identifiquen conductas y riesgos de corrupción, y formulen recomendaciones de medidas tendientes a asegurar el control interno y externo. El Estado parte también debería fortalecer su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de corrupción. Además, el Estado parte debería organizar programas de formación, sensibilización y fomento de la capacidad sobre la lucha contra la corrupción y sobre los códigos de ética profesional pertinentes, dirigidos a la policía y otros agentes del orden, los fiscales y los jueces, y crear, de hecho y de derecho, mecanismos eficaces para garantizar la transparencia de la conducta de los funcionarios públicos. El Comité pide al Estado parte que lo informe sobre las medidas que se hayan tomado y las dificultades encontradas en la lucha contra la corrupción. El Comité pide asimismo al Estado parte que le proporcione información sobre el número de funcionarios, incluidos los de alto rango, que hayan sido enjuiciados y castigados por corrupción.

17. [...] El Estado parte debería formular y adoptar disposiciones jurídicas para incorporar en su derecho interno el artículo 3 de la Convención y velar por que sus disposiciones sean aplicadas en casos de expulsión, retorno o extradición de extranjeros. El Estado parte no debe, en ninguna circunstancia, proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado si hay razones fundadas para creer que esa persona estaría en peligro cierto de ser sometida en el país receptor a tortura o malos tratos.

18. [...] El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte con carácter urgente medidas de aplicación inmediata y efectiva para prevenir los actos de tortura y malos tratos mediante, entre otras cosas, la proclamación de una política que tenga resultados mensurables en cuanto a la erradicación de dichos actos por parte de funcionarios del Estado;
b) Adopte medidas apropiadas para velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen de forma pronta e imparcial por un órgano independiente;
c) Revise la eficacia del sistema de denuncias interno a disposición de las personas privadas de libertad y considere el establecimiento de un mecanismo de denuncias independiente para todas las personas privadas de libertad;
d) Se asegure de que el Ministerio Público realice investigaciones de oficio y, en su caso, inicie acciones penales cuando haya motivos razonables para creer que se hubieran cometido actos de tortura;
e) Se enjuicie debidamente a los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y, en caso de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos;
f) Refuerce los mecanismos de control y supervisión de la policía existentes de manera de asegurar una supervisión independiente y efectiva;
g) Proporcione a las víctimas una indemnización adecuada, y dirija sus esfuerzos a obtener una rehabilitación lo más completa posible.

19. [...] El Estado parte debería adoptar medidas eficaces para garantizar que su política de prisión preventiva está de acuerdo con los estándares internacionales y que la prisión preventiva sólo se utiliza como medida de último recurso durante un período limitado, de conformidad con los requisitos establecidos en su legislación. Con este fin, el Estado parte debería reconsiderar el recurso a la prisión preventiva como primera medida en el caso de los acusados en espera de juicio y examinar la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas a la privación de libertad, tal como se describe en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), aprobadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, en particular en el caso de los menores de edad. También debería aumentar el control judicial de la duración de la prisión preventiva. El Estado parte debería adoptar medidas urgentes para que las condiciones de detención en las comisarías, las prisiones y otros centros de detención estén en consonancia con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) y 2076 (LXII) . En particular, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte un plan de mejoras de la infraestructura de comisarías y cárceles del país a fin de garantizar condiciones de vida dignas a las personas privadas de libertad;
b) Se garantice un número suficiente de profesionales médicos, incluidos profesionales de la salud mental, a fin de asegurar una atención médica de calidad a las personas privadas de libertad;
c) Proporcione un alojamiento y tratamiento psiquiátrico adecuado a las personas privadas de libertad que requieran supervisión y tratamiento psiquiátrico;
d) Redoble esfuerzos para combatir la discriminación contra grupos vulnerables, en particular la comunidad LGBT;
e) Utilice el aislamiento como medida de último recurso, por el menor tiempo posible, bajo una supervisión estricta y con la posibilidad de control judicial.

20. [...] El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para asegurar que las declaraciones obtenidas bajo tortura sean inadmisibles ante los tribunales en todos los procedimientos, de conformidad con las disposiciones del artículo 15 de la Convención. El Comité pide al Estado parte que asegure en la práctica la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, y le proporcione información sobre si se ha procesado y sancionado a algún funcionario por obtener declaraciones de ese modo, así como ejemplos de procesos que hayan sido declarados nulos porque se había obtenido una declaración bajo tortura. Asimismo, el Estado parte debería velar por que se imparta formación a los agentes del orden, los jueces y los abogados sobre los métodos de detección e investigación de los casos de declaración obtenida bajo tortura.

21. [...] El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para asegurar la aplicación de medidas de protección urgentes y eficaces destinadas a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas de mujeres. Dichas medidas deberían incluir, en particular, la pronta adopción de una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que esté de acuerdo con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la recomendación General N.° 19 de 1994 sobre violencia contra las mujeres del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Estado parte debería además desarrollar campañas de sensibilización amplias y cursos de capacitación sobre prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, destinados a los funcionarios que están en contacto directo con las víctimas (agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados, trabajadores sociales, etc.) y al público en general.

22. [...] El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue le recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus últimas observaciones finales y que estudie la posibilidad de prever excepciones adicionales a la prohibición general del aborto, en particular para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto. De conformidad con las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado Parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia. Asimismo, el Estado debería adoptar medidas para preservar la confidencialidad en la relación médico-paciente cuando la asistencia médica sea por causa de complicaciones debidas a un aborto.

23. [...] El Estado parte debería asegurarse de que todas las alegaciones de trata de personas sean investigadas de manera pronta, imparcial y exhaustiva y que los autores de esos hechos sean enjuiciados y castigados por el delito de trata de personas. El Estado parte debería seguir realizando campañas de sensibilización en todo el país, ofreciendo programas adecuados de asistencia, recuperación y reintegración para las víctimas de la trata y ofreciendo capacitación a las fuerzas del orden, los jueces y fiscales, los funcionarios de migraciones y la policía de fronteras sobre las causas, las consecuencias y las repercusiones de la trata y otras formas de explotación. En particular, el Estado parte debería hacer esfuerzos para dar aplicación al Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, al que debería asignarle los recursos humanos y financieros necesarios. El Comité recomienda además que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para establecer formas y mecanismos de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino, a fin de prevenir, investigar y sancionar la trata de personas.

24. [...] El Estado parte debería:
a) Continuar los programas de capacitación para velar por que todos los funcionarios, y en particular los agentes de policía y demás agentes del orden, sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención;
b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos;
c) Establecer un plan de capacitación para todo el personal involucrado en la investigación e identificación de tortura, incluidos defensores públicos, médicos y psicólogos, de modo que se conozca el contenido del Protocolo de Estambul y se aplique en la práctica.

25. [...] El Estado parte debería asegurar que se toman las medidas adecuadas para proporcionar a las víctimas de tortura y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible. El Comité solicita al Estado Parte que en su próximo informe periódico le proporcione datos estadísticos e información completa sobre aquellos casos en los que las víctimas hayan recibido una reparación plena, incluyendo la investigación y castigo de los responsables, indemnización y rehabilitación.

26. [...] El Comité recomienda que el Estado parte prohíba expresamente el castigo corporal de niños en todas las circunstancias, con inclusión del ámbito doméstico.

27. [...] El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para erradicar toda forma de explotación laboral de miembros de pueblos indígenas. Asimismo, el Estado parte debería dar cumplimiento integral en un plazo razonable de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le obligan a adoptar medidas protectoras de los pueblos indígenas.

28. Se insta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe que presentó al Comité y a las observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las organizaciones no gubernamentales.

29. El Comité solicita al Estado parte que, antes del 25 de noviembre de 2012, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité relativas a (1) el acceso y el fortalecimiento de las salvaguardas legales para las personas detenidas, (2) la realización de investigaciones con prontitud, imparcialidad y eficacia, y (3) el procesamiento de las personas sospechosas y el castigo de los responsables de actos de tortura y otros malos tratos, que figuran en los párrafos 11 y 18 del presente documento. Además, el Comité solicita información de seguimiento a las medidas que se adopten para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas, que figuran en el párrafo 23 del presente documento.

30. Se invita al Estado parte a presentar su próximo informe, que constituirá su séptimo informe periódico, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. A tal efecto, el Comité enviará al Estado parte, en su debido momento, una lista de cuestiones previas a la presentación del informe, habida cuenta de que el Estado parte ha aceptado enviar sus informes al Comité conforme al procedimiento facultativo de presentación de informes.

17. La Relatora Especial reconoce el avance en materia de formulación y diseño de programas sociales con enfoque de derechos, pero lamenta la brecha que aún existe entre su formulación y su puesta en práctica. Una condición esencial para la adecuada implementación de los programas sociales es que los poderes legislativo y ejecutivo garanticen los recursos suficientes para su implementación y sostenibilidad.

19. Reconociendo los esfuerzos del poder ejecutivo, la Relatora Especial pone de manifiesto la importancia de incrementar el gasto social, mejorar la eficiencia de la inversión pública y aumentar el ingreso fiscal a través de un sistema tributario redistributivo.

22. El Estado debe atribuir a todas las instituciones públicas con mandato de salvaguarda de derechos, como la Defensoría del Pueblo o el Instituto Paraguayo del Indígena, un presupuesto acorde a sus funciones que les permita cumplir a cabalidad sus funciones.

36. En un Estado de derecho, todos los funcionarios públicos han de buscar el bien común y es un deber inexcusable el no utilizar las prerrogativas del cargo para la obtención de beneficios personales. Compete a todos los poderes del Estado asegurar que el ingreso y permanencia en la función pública se basen en el mérito y en la evaluación del rendimiento y no en el nepotismo o clientelismo. Es un deber del Estado investigar y sancionar los casos de corrupción, cualquiera sea la autoridad pública que los cometa.

37. El Estado debe movilizar sus recursos de manera transparente y rendir cuenta de la gestión de los fondos públicos, como requisito sine qua non para la consolidación de la democracia, la vigencia efectiva de los derechos humanos y el desarrollo social inclusivo. Se hace indispensable que el Paraguay tome medidas efectivas para aumentar la transparencia de la gestión de todos los órganos del Estado.

42. La Relatora Especial reconoce que un desarrollo social inclusivo y con equidad sólo será posible con una reforma agraria integral y hace un llamado al Gobierno a implementarla a la brevedad.

46. Una adecuada recaudación fiscal es esencial para aumentar la inversión social. Existe una necesidad imperante de que el Paraguay aumente la recaudación de ingresos fiscales no sólo a través de una mejora en el control de la evasión fiscal sino también a través de la vigencia sin demora de la Ley de Renta Personal.

50. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para controlar que el cultivo de la soja no traiga aparejado detrimento del disfrute de los derechos de la población local, en especial, el derecho a un nivel de vida adecuado (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11), a la salud (art. 12) y a la seguridad personal (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9). El Estado debe crear un marco legal efectivo de protección contra el uso de agroquímicos y realizar inspecciones eficaces y frecuentes (en cumplimiento del artículo 66 de su Constitución), en particular en las poblaciones indígenas, donde numerosos niños, niñas y adultos mayores están padeciendo graves enfermedades.

58. La Relatora Especial destaca la urgente necesidad de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, entendida como acceso al cuidado prenatal y posnatal, a la reducción de la mortalidad materna y al conocimiento y uso de métodos de planificación familiar.

59. La Relatora Especial hace un llamado a la adopción sin demora de una legislación contra toda forma de discriminación, dado que existe un proyecto de ley pendiente de consideración en el Congreso.

63. La Relatora Especial pone de manifiesto que la situación de los niños y niñas indígenas en términos de acceso a la salud e indicadores sociales plantea la necesidad de acciones urgentes por parte del Estado.

64. También se necesitan mayores esfuerzos en relación a la educación. A pesar de que la tasa de matriculación escolar ha mejorado, la mejora aún no abarca la educación media. La asistencia escolar de los jóvenes de entre 6 y 12 años es casi universal (98%), pero a partir de los 12 años disminuye sustancialmente llegando a menos del 50%.

72. La Relatora Especial hace un llamado a que se expanda la cobertura de esta pensión alimentaria para cubrir el 100% de los adultos mayores en pobreza sin discriminación alguna. Asimismo, hace notar que es deber del Estado que requisitos administrativos tales como la exigencia de la cédula de identidad, que afecta desproporcionadamente a los adultos mayores de origen indígena, no sea motivo de exclusión del programa. Corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias para asegurar un acceso sin discriminación, por lo que en ausencia de cédula de identidad, debe explorar de manera inmediata métodos alternativos para certificar la edad.

74. Históricamente, muchos pueblos indígenas han sido expulsados de sus tierras, viéndose obligados a vivir en situación de pobreza a los costados de las carreteras o en las ciudades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado paraguayo a devolver las tierras ancestrales a tres comunidades indígenas: Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmoc Kásec. La Relatora Especial recibe con beneplácito la información de que se ha llegado a un acuerdo con la comunidad Yakye Axa que les permitirá abandonar los campamentos al borde de la carretera donde han vivido estos años en pésimas condiciones. Asimismo, encomia los esfuerzos del Estado en llegar a un acuerdo entre las autoridades, los terratenientes y la comunidad Sawhoyamaxa, que podría culminar con la restitución de sus tierras a esta comunidad, pero lamenta que los avances son aún escasos y mayores esfuerzos deben hacerse para continuar la restitución de tierras a otras comunidades indígenas.

75. En agosto de 2010, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ha adoptado la resolución Nº 2039/2010 ?por la cual se establece la obligación de solicitar la intervención del Instituto Paraguayo del Indígena para todos los procesos de consulta en las comunidades indígenas?. Sin embargo, la Relatora Especial expresa la necesidad de aumentar los esfuerzos para que se cumpla de manera efectiva el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y a su consentimiento libre e informado, así como la intervención del INDI.

82. Los afrodescendientes son otro grupo discriminado y excluido en Paraguay. No existen datos estadísticos desglosados y actualizados de su composición, por lo que la visibilidad de sus problemas está enormemente limitada. La Relatora Especial considera que dicha información es necesaria para el desarrollo de políticas y programas adecuados a favor de los sectores de la población sujetos a discriminación racial.

89. La Relatora Especial hace un llamado abordar la situación de las personas con discapacidad de manera integral y con debido respeto a los derechos consagrados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

94. La Relatora Especial recomienda que se siga trabajando en el Anteproyecto de Ley para Trabajadoras Domésticas, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y espera que se logren introducir modificaciones legislativas y de seguridad social, que garanticen, entre otras cosas, el salario mínimo vigente para las personas trabajadoras domésticas.

"100. La fase piloto de Tekoporã se inició en septiembre de 2005 con 3.452 familias beneficiarias en cinco distritos de dos departamentos. A la fecha de la visita, Tekoporã cubría 71 distritos de 14 departamentos, además de los barrios más pobres de la Capital34. Hasta diciembre de 2011, beneficiaba a 109.692 familias. La Relatora Especial felicita al Gobierno por la expansión progresiva del programa. Sin embargo, lamenta que no se haya cumplido la meta fijada para el 2011 de 200.000 familias35. Asimismo, expresa su preocupación por el recorte presupuestario previsto para 2012. Lamenta esta decisión del poder Legislativo, que impedirá aumentar el número de beneficiarios de este programa.
101. Sin perjuicio de la evaluación positiva del programa, durante la visita, la Relatora Especial recibió información sobre algunos problemas en su implementación. A la fecha de la misión, existía un retraso de seis meses en el pago de la transferencia. Este retraso atenta contra el principio del programa que se basa en la regularidad y la certidumbre de los pagos y ocasiona graves problemas a las familias. El Estado debe garantizar que los pagos se realicen a tiempo y que el programa cuente con recursos suficientes para su adecuada ejecución.

105. La Relatora Especial recomienda hacer una evaluación respecto del impacto del programa Tekoporã en el poder de decisión y la participación de la mujer y analizar si a través del programa se perpetúan o cambian roles estereotipados y sexistas del varón y la mujer.

106. La Relatora Especial destaca la necesidad de establecer un sistema de rendición de cuentas independiente, con competencia para supervisar la administración del programa [Tekopora], así como para recoger y procesar denuncias.

111. La Relatora Especial hace un llamado a reconsiderar la decisión que no permite a las familias titulares de este programa [Abrazo] y de Tekoporã recibir ambas transferencias, obligándolas a elegir. Sin perjuicio de la limitación de recursos, la Relatora Especial hace notar que la obligación de proteger a los niños/as que trabajan en las calles puede justificar que se les proporcione una ayuda mayor a las familias que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y hacerlas elegibles para ambos programas.

112. Tras su visita al centro Abrazo de Luque, la Relatora Especial pudo apreciar algunos problemas que enfrenta este programa. Existe un importante prejuicio de la ciudadanía que rechaza que los centros Abrazo se instalen en barrios residenciales. En este sentido, recomienda a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) intensificar las campañas de educación a la población en materia de derechos humanos y en particular de los beneficios sociales de este programa. Asimismo, recomienda reforzar los vínculos de cooperación con instituciones académicas para asegurar que los profesionales, tales como trabajadores sociales, están cualificados para trabajar desde un enfoque de derechos.

113. La Relatora Especial fue informada que atendiendo a lo que dicta la ley, la SNNA querría traspasar las competencias a los gobiernos locales para que gestionen los centros. La Relatora Especial hace un llamado a la SNNA a que no se efectúe ningún traspaso sin antes efectuar una evaluación respecto a la capacidad de los gobiernos locales con relación a los intereses, recursos financieros y humanos para gestionar dichos centros.

114. La Relatora Especial acoge con beneplácito que el presupuesto del programa Abrazo se haya mantenido para el año 2012 y hace un llamado a que se le otorguen los recursos necesarios para su efectivo funcionamiento y progresiva ampliación.

121. El Estado debe hacer un esfuerzo para ampliar la atención primaria de salud y expandir las USF a lo largo del país. Se debe progresivamente asegurar el mayor acceso y la calidad de la atención de salud, reforzar los esfuerzos para que el acceso a la salud sea entendido por la población como un derecho y blindarlo de cualquier manipulación política y clientelismo.

123. El Estado debe ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

124. El Estado debe implementar a la brevedad el Plan Nacional de Derechos Humanos e incorporar indicadores de progreso y resultado que permitan medir el impacto de las políticas públicas en la materia.

125. El Estado debe fortalecer las instituciones del sector público que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos, con recursos técnicos, financieros y humanos idóneos que posibiliten el cumplimiento de sus funciones. En particular, debe reforzar la Defensoría del Pueblo y garantizar cuanto antes la designación de un nuevo Defensor del Pueblo.

126. El Estado debe aumentar el gasto social, como mínimo equiparándolo a la media de la región. Asimismo, ha de aumentar el ingreso tributario de modo que se garantice la sustentabilidad de los programas sociales a futuro. Con este fin, se hace indispensable la entrada en vigor del Impuesto a la Renta Personal que ha sido aprobado y suspendida su vigencia. Asimismo, ha de asegurar que el sistema tributario sea progresivo, para lo cual debe considerar seriamente un mayor aporte a través del impuesto a la renta de las empresas, a la producción agropecuaria o un potencial impuesto a las exportaciones.

127. El Congreso debe asegurar fondos oportunos para el pleno funcionamiento de los programas sociales. El atraso en los pagos en programas de transferencia afecta seriamente su impacto positivo en las familias de más escasos recursos, que dependen de la regularidad de las transferencias.

128. El Estado debe servirse del apoyo de la Asesora en Derechos Humanos de Paraguay para asegurar un enfoque de derechos en el diseño e implementación de las políticas públicas en esta materia.

129. Todos los poderes del Estado deben tomar medidas efectivas para aumentar la transparencia en su actuar y garantizar que el acceso y la permanencia a la función pública dependa del mérito y la idoneidad. La lucha contra todo tipo de corrupción debe institucionalizarse y se debe asegurar que no exista impunidad.

130. Para garantizar la seguridad alimentaria se hace imprescindible una reforma agraria integral que apunte a la implementación de políticas orientadas a modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra y fortalecer el papel de la agricultura familiar como proveedora de alimentos. La reforma agraria debe acompañarse de asistencia técnica, insumos, microcréditos, capacitación así como inversión en infraestructura y sistemas de irrigación.

131. El Estado debe garantizar a todos sus habitantes el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a la salud. Para ello, debe supervisar adecuadamente la aplicación de las normativas ambientales e intensificar la aplicación de las medidas correctivas para restituir los recursos naturales, así como fortalecer las instituciones competentes, para el uso, manejo y protección de los recursos naturales y ambientales.

132. El Estado debe garantizar la existencia de datos estadísticos confiables e información desglosada en relación con sectores en situación de vulnerabilidad a la pobreza, en particular mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.

133. El Estado debe aprobar sin demoras una ley contra todas las formas de discriminación, que cumpla con todos los estándares internacionales. Asimismo, deberá tipificar en la legislación penal todo acto de discriminación.

134. El Estado debe garantizar sin demoras la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres y el acceso sin discriminación a todos sus derechos para lo cual debe con premura: promulgar la ley integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, reforzar el trabajo de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República como entidad orientadora y estratégica de las políticas públicas de género, garantizando la jerarquía y el presupuesto de la institución, elaborar una política específica para mujeres de pueblos indígenas y crear unidades de género en el gobierno central y en servicios públicos descentralizados.

135. Debe dar cumplimiento inmediato a todas las recomendaciones formuladas en 2011 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/PRY/CO/6).

136. El Estado debe asegurar que los niños, niñas y adolescentes, en particular en áreas rurales, tengan acceso a servicios de salud y educación de calidad. Asimismo, debe establecer y reforzar los espacios de participación en las decisiones que les afectan.

137. El Estado debe adoptar las medidas para progresivamente establecer una pensión básica no contributiva universal que garantice a las personas pobres y en especial a las mujeres que trabajaron toda su vida en la economía informal o de forma no remunerada, un estándar de vida adecuado en conformidad con los artículos 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

138. El Estado debe acelerar las tareas de restitución de tierras ancestrales y dar cumplimiento inmediato a todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

139. El Estado debe supervisar y sancionar toda expansión de la producción de soja en tierras indígenas y garantizar la implementación efectiva de la Ley 904/81 con objeto de proteger tanto las tierras de los pueblos indígenas como su forma de vida.

140. El Estado debe examinar seriamente el establecimiento de un ministerio para la agricultura campesina que vele por los intereses de la población del sector.

141. El Estado debe tomar medidas adecuadas para asegurar el principio de autoidentificación de los afrodescendientes en el Censo 2012.

142. El Estado debe garantizar que las comunidades indígenas y los afrodescendientes cuenten con mecanismos efectivos para la denuncia, el reclamo, la restitución y el reconocimiento de tierras, así como para su participación en las políticas públicas que les afecten.

143. El Estado debe elaborar políticas públicas inclusivas que prevean servicios especializados que posibiliten la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones. Para asegurar un enfoque integral con premura debe adoptar la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

144. El Estado debe garantizar que las políticas públicas no discriminen en base a la orientación sexual e identidad de género y debe establecer mecanismos eficaces y no estigmatizantes para presentar denuncias en casos de violaciones de derechos.

145. El Estado debe garantizar que las violaciones a los derechos de las personas LGBTI no queden impunes. Asimismo, se recomienda sensibilizar a la población respecto a los derechos de este grupo y como la discriminación de que son objeto constituye uno de los mayores obstáculos para escapar de la pobreza.

146. El Estado debe llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para adecuar los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas a los estándares internacionales, tanto en la remuneración como en la protección social completa, incluyendo el acceso a la jubilación. El Estado debe ratificar el Convenio N.º 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, de 2011.

147. El Estado debe fortalecer las instancias de participación de la población en los programas sociales, creando las condiciones que permitan superar los obstáculos para una participación real y efectiva incluyendo las asimetrías de poder existentes.

148. El Estado debe garantizar que los programas sociales no queden sujetos a la manipulación y el clientelismo político. Para ello, debe asegurar que estos programas cuentan con un marco institucional y legal adecuado así como con recursos suficientes para su implementación.

149. El Estado debe garantizar la continuidad de las políticas sociales a largo plazo. Todos los poderes del Estado deben lograr un compromiso para asegurar que no se produzca un retroceso en los avances en materia social logrados en los últimos años y en el nivel de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por la población.

150. El Estado debe seguir invirtiendo y aumentar el alcance de los programas sociales emblemáticos que están teniendo un impacto positivo en la población. Una mayor inversión social en estos programas promoverá la cohesión social, el crecimiento económico y la productividad a mediano y largo plazo.

151. El Estado debe reforzar la diseminación de información acerca de los programas sociales y sociabilizar los logros obtenidos con toda la población.

152. El Estado debe seguir fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas accesibles a la población en general y a quienes viven en extrema pobreza en particular. Al menos tres elementos fundamentales de los programas sociales deben quedar sujetos a un mecanismo de quejas: la cualificación en el marco del programa; la implementación del programa, con mecanismos para denunciar exigencias de tareas impropias, de apoyo político o de dinero, amenazas o acoso sexual; y la supervisión de los procedimientos de pago. Con el fin de reducir los desequilibrios de poder, los mecanismos de denuncia deberían proporcionar garantías de anonimato y permitir reclamos tanto individuales como colectivos. Se recomienda además incluir un proceso de apelación que sea accesible, sencillo, justo y eficaz.

153. Un mecanismo de rendición de cuentas diseñado según estándares de derechos no sólo mejorará la protección de los titulares del programa sino que también contribuirá a mejorar la eficacia del mismo. Asimismo, disminuirá las probabilidades de que el programa sea utilizado como instrumento de clientelismo o esté sujeto a manipulación por los actores políticos, y garantizará que sea entendido en términos de prestaciones y derechos por la población, de conformidad a su diseño.

154. Se deben establecer mecanismos de evaluación de impacto de los programas sociales como Tekoporã en relación con los diferentes sectores de la población beneficiaria.

155. El Estado debe asegurar que el control de la corresponsabilidad en los programas sociales, y en especial de Tekõpora, no genere ningún impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en extrema pobreza.

156. El Paraguay debe asegurar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de todos sus programas sociales, en especial de Tekõpora, para lo cual debe intensificar la recopilación de datos desglosados por sexo sobre el impacto y evaluación de los programas.

7.3 Con respecto a la afirmación de la autora según la cual se violó el artículo 6 del Pacto, el Comité recuerda que los Estados partes no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. El Comité se remite a su jurisprudencia en el sentido de que la investigación penal y el consiguiente enjuiciamiento son recursos necesarios en el caso de violación de derechos humanos como los protegidos en el artículo 6. Puede, por consiguiente, haber violación del Pacto cuando el Estado parte no adopta medidas apropiadas para investigar y castigar a quienes hayan violado esos derechos y ofrecer reparación a las víctimas.

7.4 El Comité recuerda igualmente que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, los Estados partes deben velar por que toda persona disponga de recursos accesibles, efectivos y ejecutables jurídicamente para reclamar los derechos consagrados en el Pacto. Recuerda asimismo su Observación general Nº 31, sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, en el sentido de que, cuando las investigaciones revelan violaciones de determinados derechos reconocidos por el Pacto, los Estados partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia.

7.5 El Comité considera que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción, y en el presente caso, el Estado parte tenía la obligación de proteger la vida de los manifestantes. Las graves circunstancias que rodearon el fallecimiento de Blanco Domínguez requerían una investigación efectiva de la posible participación de fuerzas policiales del Estado parte. A pesar de ello, la investigación que dio inicio el 16 de junio de 2003 ha logrado muy pocos progresos y aún no ha llegado a conclusiones definitivas, sin que el Estado haya explicado las razones de esta situación. El Comité toma nota de la afirmación de la autora, no contestada por el Estado parte, de que no se realizó una autopsia y que el proyectil extraído del cuerpo de Blanco Domínguez no fue examinado y se encuentra extraviado, lo que resulta en la imposibilidad actual de elucidar aspectos particularmente importantes de la investigación. El Comité recuerda igualmente que la carga de la prueba no recae exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de acceso a la información necesaria. Del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo se desprende que el Estado parte está obligado a investigar de buena fe todas las alegaciones de violación del Pacto que se hayan formulado contra él y contra sus autoridades y a transmitir al Comité la información que obre en su poder13. En vista de lo que antecede el Comité concluye que los hechos expuestos ponen de manifiesto una violación del párrafo 1 del artículo 6 del Pacto, así como del párrafo 3 del artículo 2 leído juntamente con el párrafo 1 del artículo 6.

9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, que comprenda una investigación efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que incluya una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado parte asimismo que publique el dictamen del Comité y lo difunda ampliamente.

13. El Comité invita al Estado parte a considerar la posibilidad de hacer las declaraciones previstas en los artículos 76 y 77 de la Convención.

15. El Comité invita al Estado parte a considerar la posibilidad de adherirse a los Convenios N.º 97, 143 y 181 de la OIT, y continúe sus esfuerzos para proceder a la ratificación del Convenio N.º 189.

17. El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca su marco institucional para la gestión de los asuntos migratorios. El Comité alienta al Estado parte a establecer un mecanismo de coordinación para mejorar los servicios prestados a los trabajadores migratorios y a sus familiares, y a velar al mismo tiempo por la uniformidad y la conformidad con los tratados regionales e internacionales en los que Paraguay es parte. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a cerciorarse de que en la formulación y aplicación de todas las políticas relativas a los derechos de los trabajadores migratorios se tenga en cuenta la Convención.

19. El Comité invita al Estado parte a proveer información sobre la aplicación de la Convención en los tribunales nacionales en su próximo informe periódico.

21. El Comité alienta al Estado parte a:
a) Aprovechar la celebración del censo poblacional de 2012 para crear una base de datos que cubra todos los aspectos de la Convención y que incluya datos sistemáticos, tan desglosados como sea posible, con miras a adoptar una política efectiva sobre la migración y a implementar eficazmente las disposiciones de la Convención;
b) Incluir en su próximo informe periódico información desglosada sobre el número de trabajadores migratorios y sus familiares, incluidos los que se encuentran en situación irregular en el Estado parte, los ámbitos y las condiciones de empleo de los trabajadores migratorios, y el disfrute por ellos y sus familiares de los derechos que tienen en virtud de la Convención y la Ley de Migraciones, 978/96. Cuando no se disponga de información precisa, el Comité agradecería recibir datos basados en estudios o evaluaciones estimativas;
c) Proveer información en su próximo informe periódico sobre migrantes en tránsito.

23. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Intensifique los esfuerzos para la formación de todos los funcionarios que trabajan en el ámbito de la migración, sobre todo de la policía y los funcionarios de fronteras, como también de los funcionarios locales que se ocupan de los trabajadores migratorios;
b) Tome las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores migratorios dispongan de información sobre sus derechos consagrados en la Convención;
c) Siga trabajando con las organizaciones de la sociedad civil en la difusión de información y en la promoción de la Convención. En particular, invita al Estado parte a consultar a la sociedad civil en la elaboración del próximo informe periódico.

25. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Redoble sus esfuerzos para informar a los trabajadores migratorios sobre las reparaciones administrativas y jurídicas a las que tienen derecho y a velar para que sus denuncias sean atendidas de forma eficaz;
b) Vele para que en la legislación y en la práctica los trabajadores migratorios y sus familiares, incluidos los que se encuentran en situación irregular, gocen de los mismos derechos que los nacionales del Estado parte a presentar denuncias y recibir reparaciones efectivas ante los tribunales, entre otros los tribunales del trabajo.

27. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Aumente las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente en la economía informal;
b) Controle las prácticas de empleo en la agricultura y en el trabajo doméstico para que los trabajadores migratorios disfruten de las mismas condiciones de trabajo que los nacionales;
c) Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en el sector formal aumentando aún más su acceso a los procedimientos de regularización y a las oportunidades de formación profesional;
d) Vele por que las trabajadoras migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan acceso a mecanismos eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y castigue a los culpables de los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación general N.º 1 (2010) del Comité, sobre los trabajadores domésticos migratorios.

29. El Comité urge al Estado parte a tomar en consideración la necesidad de protección para niños migrantes que han sido separados de sus familias y diseñe una estrategia efectiva para enfrentar el problema de los menores de edad no acompañados o separados que ingresan al país y para asegurarse de brindarles la asistencia necesaria de acuerdo a los estándares internacionales sobre la protección del niño.

31. El Comité urge al Estado parte a cooperar con las autoridades brasileñas y tomar medidas inmediatas para evitar una escalada del conflicto; así también recomienda la toma de medidas para evitar este tipo de conflictos en el futuro. Asimismo, alienta al Estado parte a velar por las condiciones laborales de los trabajadores brasileños en Paraguay.

33. El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para garantizar en su territorio a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares el acceso a los servicios básicos de salud, incluyendo, cuando aplique, las prestaciones incluidas en el sistema de seguridad social.

35. El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar que todos los hijos de los trabajadores migratorios tengan acceso a la educación primaria y secundaria en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado parte. El Comité solicita al Estado parte que en su segundo informe periódico incluya información sobre dichas medidas y sobre las tasas de escolaridad de niños y niñas migrantes, incluyendo los y las que se encuentran en situación irregular.

37. El Comité invita al Estado parte a continuar tomando medidas para acelerar y asegurar eficazmente los trámites y costos para envíos y recibos de remesas.

39. El Comité alienta al Estado parte a tomar medidas que faciliten el ejercicio del derecho de voto a los trabajadores migratorios paraguayos que residen en el extranjero, incluyendo la posibilidad de empadronarse presentando su pasaporte.

41. El Comité alienta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para que sus servicios consulares respondan de manera más eficaz a la necesidad de protección de los trabajadores migratorios paraguayos y de sus familiares y, en particular, se expidan sin demora documentos de viaje a todos los trabajadores migratorios paraguayos y a sus familiares, incluidos los que quieran o deban regresar a Paraguay.

43. El Comité recomienda al Estado parte que continúe facilitando el retorno voluntario de los trabajadores migratorios paraguayos y de sus familiares como expresado en la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 que complementa el Plan Estratégico Económico y Social 2008-2013. Asimismo recomienda adoptar medidas como la creación de mecanismos institucionales locales para facilitar el retorno voluntario de los trabajadores migratorios paraguayos y sus familiares y su reintegración social y cultural duradera.

45. El Comité subraya la necesidad de seguir colaborando con los países vecinos para afrontar adecuadamente el problema de la trata. El Comité insta al Estado parte a que:
a) Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera exhaustiva y completa las complejidades del fenómeno de la trata y de la explotación de la prostitución;
b) Agilice el proceso de adopción del proyecto de ley integral de lucha contra la trata presentado en diciembre 2011 a la Cámara de Diputados;
c) Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata de personas;
d) Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata de mujeres y de niños a fin de elaborar y aplicar una política nacional de prevención y lucha contra la trata de personas;
e) Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata de personas;
f) Intensifique la cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata de personas mediante el intercambio de información.

47. El Comité invita al Estado parte a prever medidas de protección para los derechos de este grupo de trabajadores migratorios, conforme con las disposiciones de la Convención.

48. El Comité pide al Estado parte que en su segundo informe periódico proporcione información detallada sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. El Comité recomienda al Estado parte que tome todas las disposiciones apropiadas para que se apliquen las presentes recomendaciones, entre otras cosas, transmitiéndolas a los integrantes del Gobierno y del Congreso, así como a las autoridades locales.

49. El Comité pide al Estado parte que haga participar a organizaciones de la sociedad civil en la preparación de su segundo informe periódico.

50. El Comité pide asimismo al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en especial entre los organismos públicos y el poder judicial, las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil, y adopte medidas para darlas a conocer a los migrantes paraguayos en el extranjero, así como a los trabajadores migratorios extranjeros residentes o en tránsito en Paraguay.

9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, que, como alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora, comprenda una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que incluya una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado parte asimismo que publique el dictamen del Comité y lo difunda ampliamente.

5. El Estado parte debe asegurar el fortalecimiento de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo para garantizar políticas públicas con enfoque de derechos, así como la implementación pronta y efectiva de su decisión de extender la competencia de la CICSI a las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Estado parte también debe asegurar que todos los jueces y funcionarios judiciales estén capacitados acerca de los derechos enunciados en el Pacto y su aplicabilidad en el derecho interno. En su próximo informe periódico, el Estado parte debe incluir información detallada sobre la aplicación del Pacto por los tribunales nacionales.

6. El Estado Parte debe garantizar el respeto de los procesos participativos de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, el Estado parte debe revisar los cambios introducidos sin concertación al proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos e incluir el presupuesto adecuado para su implementación efectiva, así como mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, con participación de la sociedad civil y uso de los indicadores de derechos humanos.

7. El Estado parte debe garantizar a la brevedad posible la elección transparente y participativa de un Defensor del Pueblo con idoneidad incuestionable. También debe crear las condiciones legislativas, reglamentarias y de recursos humanos y materiales necesarias para asegurar que la Defensoría del Pueblo desempeñe su mandato plenamente y de forma independiente, de conformidad con los Principios de París.

8. El Estado parte debe asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados. El Estado parte también debe garantizar el acceso pronto y justo de todas las víctimas o sus familiares a reparaciones e indemnizaciones, inclusive en los casos de tortura - tal como la tortura psicológica - en los cuales no se puedan demostrar secuelas físicas. Finalmente, el Estado parte debe contemplar urgentemente en su presupuesto los recursos necesarios para continuar la tarea de búsqueda e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada.

9. El Estado parte debe adoptar una legislación amplia de lucha contra la discriminación, incluyendo la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y dar prioridad a la implementación de programas para erradicar los estereotipos y la discriminación, y garantizar la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte también debe adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades y de acceso irrestricto y sin discriminación a todos los servicios para las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, afrodescendientes, y las personas LGBT.

10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas especiales temporales que sean necesarias para incrementar la participación de las mujeres en la vida política y pública, así como en el sector privado.

11. El Estado parte debe reformar los artículos 91 y 149 del Código electoral (i) para eliminar las restricciones desproporcionadas al derecho de voto para las personas privadas de la libertad, y (ii) para asegurar la eliminación de la discriminación en contra de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y las personas sordomudas, por medio de la negación de su derecho al voto por motivos desproporcionados o que no tienen una relación razonable u objetiva con su habilidad para votar, tomando en cuenta el artículo 25 del Pacto y el artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Estado parte también debe asegurar la implementación de medidas prácticas en todo el país para promover el acceso de las personas con discapacidad a las salas y a los boletines de voto.

12. El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos, incluyendo por medio de la adopción de una ley específica en la materia asegurando la participación de la sociedad civil. El Estado parte debe asegurar que las denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente investigadas, que los autores sean enjuiciados y castigados con sanciones apropiadas, y que las víctimas reciban una reparación adecuada y tengan acceso a centros de atención o albergues especializados en todo el país. El Estado parte también debe integrar los temas de protección de las mujeres en contra de la violencia en los programas de educación.

13. [...] El Comité recomienda al Estado parte que revise su legislación sobre el aborto incluyendo excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva.

14. El Estado parte debe evaluar y revisar el funcionamiento de las comisiones vecinales de seguridad ciudadana, investigar, perseguir y sancionar todos los hechos criminales de los cuales sus integrantes son supuestamente responsables, y compensar adecuadamente a las víctimas.

15. El Estado parte debe tomar medidas inmediatas para proporcionar una protección eficaz a los defensores cuya seguridad corre peligro a causa de sus actividades profesionales. También debe garantizar la sanción de los perpetradores tras la investigación inmediata, imparcial y completa de las amenazas y ataques a defensores de los derechos humanos, incluyendo de forma prioritaria los casos de los homicidios de los Señores Vidal Vega y Benjamín Lezcano.

16. El Estado parte debe asegurarse que todo acto de tortura o trato cruel, inhumano o degradante sea investigado de conformidad con el Protocolo de Estambul, y sea enjuiciado y castigado de manera proporcional a su gravedad. Para tal fin, el Estado parte debe fortalecer la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público para la investigación de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. También debe fortalecer las capacidades de los médicos forenses del Ministerio Público y del Poder Judicial para la detección y diagnóstico de los casos de tortura y maltrato y establecer un sistema independiente para recibir y tramitar las denuncias de torturas o malos tratos en todos los lugares de privación de libertad. El Estado parte también debe asegurar los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y velar para que todo acto presunto de tortura o todo trato cruel, inhumano o degradante sea debidamente registrado.

17. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, en particular de mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo infantil. El Estado parte debe procesar a todos los presuntos autores de estos hechos y, de confirmarse su responsabilidad, sancionarlos. El Estado parte debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de inmigración, y ofrecer protección y rehabilitación a las víctimas. También debe reforzar los mecanismos de cooperación con los países vecinos y llevar adelante campañas de sensibilización de la población respecto a los efectos negativos de la trata de personas.

18. El Estado parte debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores domésticos de conformidad con los principios del artículo 8 del Pacto y protegiéndoles en contra de cualquier situación de servidumbre doméstica. El Estado parte también debe establecer mecanismos de control efectivos para garantizar el respeto de estos derechos por los empleadores, así como el acceso a la justicia de las y los trabajadores domésticos para hacer valer los mismos, y la investigación y sanción de su violación.

19. El Estado parte debe adoptar normativas y estrategias para la eliminación de la práctica del “criadazgo”, incluyendo el fortalecimiento de las familias de origen para que puedan desempeñar plenamente su rol de crianza y el desarrollo de campañas de sensibilización para reducir la tolerancia social frente al trabajo infantil. El Estado parte también debe realizar esfuerzos para implementar programas de formación profesional para los niños y adolescentes de las familias vulnerables en todo el país.

20. El Estado parte debe reducir el número de personas en detención preventiva y debe limitar estrictamente su duración, de conformidad con el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto y asegurarse que se respete plenamente lo dispuesto en el artículo 9. El Estado parte también debe promover la aplicación de medidas alternativas a la detención, como la fianza de excarcelación o el brazalete electrónico. Finalmente, el Estado parte debe garantizar que toda persona detenida sea informada inmediatamente del motivo de su detención y de sus derechos, y que tenga acceso efectivo a un abogado y se pueda comunicar con un familiar o persona de confianza desde el primer momento de su detención.

21. El Estado parte debe mejorar las condiciones de las carceles y los centros de detención, de conformidad con lo dispuesto en el Pacto y las Reglaas minimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos. En particular, el Estado parte debe adecuar los centros de privación de libertad para jóvenes a los estándares internacionales, particularmente en términos de educación, instalaciones sanitárias, oportunidades recreacionales, acceso al agua e instalaciones de saneamiento básicas apopiadas. El Estado parte también debe adoptar una normativa sobre ejecución de la pena y considerar una aplicación más amplia de las penas sustitutivas de prisión, como la vigilancia por medios electrónicos, la libertad condicional y los servicios de la comunidad.

22. El Estado parte debe salvaguardar en la ley y la práctica la independencia del poder judicial, y garantizar la competencia, independencia e inamovilidad de los jueces. El Estado parte debe erradicar todas las formas de injerencia de los otros poderes en el poder judicial. En este sentido, debe garantizar la investigación pronta, minuciosa, independiente e imparcial de todas las denuncias de injerencia, incluso de corrupción, y enjuiciar y castigar a los culpables, incluidos los jueces que puedan ser cómplices.

23. El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva.

24. El Estado parte debe, inclusive mediante la reglamentación del artículo 225 constitucional, garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso, y con los principios del artículo 25 del Pacto, garantes del funcionamiento de toda sociedad democrática.

25. El Estado parte debe garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa consagradas en el artículo 19 del Pacto y desarrolladas in extenso en la Observación general Nº 34 (2011) sobre la libertad de opinión y expresión. En este sentido, el Estado parte debe proteger el pluralismo de los medios de información. También debe considerar descriminalizar la difamación y, en todo caso, debe limitar la aplicación de la ley penal a los casos más serios, tomando en cuenta que la privación de la libertad nunca es una sanción adecuada en estos casos.

26. El Estado parte debe seguir sus esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas nacidos en su territorio estén registrados y reciban un certificado de nacimiento oficial. De esta manera, debe realizar una adecuación legislativa para permitir a las madres adolescentes la inscripción de sus hijos e hijas sin orden judicial. También debe llevar a cabo campañas para el registro de las personas adultas que todavía no han sido registradas.

27. El Estado parte debe fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), asegurando que sus acciones garanticen la plena protección y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa e informada. Paralelamente, el Estado parte debe reconocer legalmente el derecho a la consulta previa e informada, y tomar debidamente en cuenta las decisiones adoptadas por los pueblos indígenas con ocasión de los procesos de consulta.

28. El Estado parte debe difundir ampliamente el Pacto, el texto del tercer informe periódico, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparadas por el Comité y las presentes observaciones finales para aumentar el grado de concienciación entre las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las ONG que actúan en el país, así como entre la población en general. El Comité también sugiere que el informe y las observaciones finales se traduzcan a los idiomas oficiales del Estado parte. Además, pide al Estado parte que, al preparar su cuarto informe periódico, consulte ampliamente a la sociedad civil y a las ONG.

8. El Comité recomienda al Estado parte que modifique la terminología que utiliza para referirse a las personas con discapacidad y armonice su legislación con el contenido y las obligaciones de la Convención. Igualmente, recomienda al Estado parte que promueva planes y programas en materia de discapacidad con el enfoque de derechos humanos y sobre los principios fundamentales de la Convención.

10. El Comité recomienda al Estado parte que establezca un mecanismo de consulta permanente con las organizaciones de personas con discapacidad, con arreglo al artículo 4, párrafo 3 de la Convención, considerando la diversidad de discapacidades representadas teniendo en cuenta el artículo 1 de la Convención, incluyendo a niños y niñas con discapacidad, mujeres con discapacidad, y la población indígena del país.

12. El Comité insta al Estado parte a que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad en todos los elementos que integran el Plan Nacional de Derechos Humanos y que sus estrategias y acciones estén dirigidas a garantizar el pleno disfrute de los derechos contenidos en la Convención en condiciones de igualdad y erradicar cualquier forma de discriminación contra aquéllas.

14. El Comité urge al Estado parte a tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para erradicar la discriminación por motivos de discapacidad, con la aprobación de legislación que prohíba la discriminación y que dichas medidas incluyan explícitamente la denegación de ajustes razonables como una de estas formas de discriminación.

16. El Comité recomienda al Estado parte que implemente medidas para garantizar la igualdad material de las personas con discapacidad en la función pública, y que en conjunto con el Plan de Igualdad y No discriminación promueva una política amplia de igualdad y no discriminación en todos los ámbitos, basada en los preceptos y principios de la Convención.

18. El Comité recomienda al Estado parte que implemente de manera urgente medidas efectivas para la identificación, la prevención y la protección necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, en particular mujeres y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial, y auditiva. Además recomienda la creación de centros accesibles de atención a mujeres y niñas víctimas de estas formas de violencia tanto en el área urbana como rural, en consulta con las organizaciones de mujeres con discapacidad.13. [...]

20. El Comité insta al Estado parte a que asigne los recursos necesarios y suficientes para la implementación de una política amplia de inclusión de niñas y niños con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la familiar y comunitaria por ejemplo, mediante el desarrollo de programas inclusivos de rehabilitación basados en la comunidad frente a los niños con discapacidad tal y como fue recomendado por el Comité de Derechos del Niño en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Paraguay (CRC/C/PRY/CO/3, párr. 49). Así mismo, el Comité solicita al Estado parte que investigue y documente en qué situación se encuentran las niñas y niños con discapacidad en el área rural y en las comunidades indígenas con el objeto de brindar medidas de protección contra el abuso y el maltrato.

22. El Comité insta al Estado parte a que promueva campañas masivas de toma de conciencia, fortaleciendo la imagen de las personas con discapacidad como titulares de todos los derechos humanos reconocidos en la Convención. En particular, urge al Estado para que informe a las personas con discapacidad y a la sociedad en general de manera amplia y empleando diferentes formatos, medios y modos de comunicación como el braille y la lengua de señas, así como otros formatos accesibles, sobre sus derechos humanos y fomente una cultura de respeto a los mismos, a través de la información, comunicación y educación.

24. El Comité insta al Estado parte a que ponga en vigor la Ley de Accesibilidad al Medio Físico mediante la asignación de recursos económicos, estableciendo plazos para la remodelación de infraestructura y edificios así como mecanismos de control y sanción por incumplimiento en consulta amplia con las organizaciones de personas con discapacidad, permitiendo que estas participen en el monitoreo de su cumplimiento.

26. El Comité urge al Estado parte a adoptar normas e instrumentos que regulen e implementen la accesibilidad de conformidad con el artículos 1 y 9 de la Convención, en el transporte público a nivel nacional, incluyendo la infraestructura de estaciones y vehículos, la señalización y el diseño de mapas en formatos accesibles y comprensibles.

28. El Comité insta al Estado parte a que adopte de manera urgente la política nacional de gestión de riesgos, asegurando la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y considerando sus aportes y recomendaciones.

30. El Comité urge al Estado parte que derogue las disposiciones legales del Código Civil que regulan el proceso de inhabilitación judicial por motivos de discapacidad y adopte un mecanismo de revisión independiente con el objeto de restablecer plenamente los derechos a las personas que han sido declaradas inhábiles judicialmente. Así mismo, recomienda al Estado parte que establezca mecanismos de salvaguarda necesarios para las personas con discapacidad y desarrolle un modelo de apoyo en el proceso de toma de decisiones que sea respetuoso de la autonomía, voluntad y preferencias de la persona así como el respeto de su derecho al consentimiento libre e informado para tratamiento médico, acceder a la justicia, votar, contraer matrimonio y elegir un lugar de residencia, entre otros.

32. El Comité recomienda al Estado parte que reforme su legislación penal con el objeto de que las sanciones aplicables a personas con discapacidad psicosocial o intelectual estén sujetas a las mismas garantías y tengan las mismas condiciones que cualquier otra persona sometida a un proceso, previendo en su caso aplicación de ajustes razonables y de procedimiento.

34. El Comité insta al Estado parte a que un mecanismo independiente de protección de derechos humanos recolecte información sobre las personas con discapacidad en instituciones, supervise y monitoree la situación de las personas con discapacidad internadas en las instituciones, e inicie un proceso para la reinserción social y comunitaria de éstas.

36. El Comité insta al Estado parte a revisar los procedimientos de internamiento por motivo de discapacidad, asegurando que las personas con discapacidad que son sujetas a dichos procedimientos puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica tal y como lo estatuye la Convención. Así mismo, exhorta al Estado parte a la creación de una estrategia amplia para la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad sin hogar, en particular, aquéllas con discapacidad intelectual o psicosocial, que incluya un programa de apoyo destinado a la asistencia en la toma de decisiones.

38. El Comité recomienda al Estado parte que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura incluya dentro de su mandato la supervisión de hospitales psiquiátricos y hogares de albergue de las condiciones de personas con discapacidad psicosocial internas en dichos establecimientos, prestando especial atención al penal de Tacumbú. Además, pide al Estado parte que promueva el traslado de las personas con discapacidad psicosocial a centros de rehabilitación social así como su inserción en la vida comunitaria.

40. El Comité insta al Estado parte a que implemente una estrategia amplia y con perspectiva de género, en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, para la prevención y sanción de la explotación, la violencia y el abuso contra las personas con discapacidad, y programas para su recuperación y reinserción social, dirigidas al pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos; asimismo, urge a las instituciones operadoras de justicia que participen de dicha estrategia. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe periódico datos sobre denuncias y resoluciones a favor de personas con discapacidad víctimas de estos delitos.

42. El Comité recomienda al Estado parte que investigue en profundidad la situación de las personas con discapacidad que viven en condiciones de abandono o son víctimas de trata y que adopte las medidas necesarias para su protección, incluyendo el fomento de alternativas de hogares para las personas que se encuentran en estado de abandono o viven en situación de mendicidad. Así mismo, urge a la creación de centros de acogida, donde se brinde atención psicosocial y asistencia legal a victimas de trata de personas.

44. El Comité recomienda al Estado parte:
a) Conformar un grupo especial de investigación, dentro de los órganos encargados de hacer cumplir la ley que sean competentes en el estado parte, para esclarecer la manera de operación de estas redes;
b) Establecer medidas de protección a favor de las víctimas afectadas e insertarlas en programas de rehabilitación, con los apoyos y ajustes razonables necesarios, para que puedan ejercer sus derechos laborales;
c) Abrir causas penales en contra de los responsables de la explotación y aplicar las sanciones correspondientes.

46. El Comité urge al Estado parte que impulse un programa para la inscripción de los niños y niñas con discapacidad en el registro civil en el momento de su nacimiento, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y que los servicios de registro estén descentralizados y se puedan llevar a cabo de manera sencilla, expedita y gratuita.

48. El Comité pide al Estado parte que implemente una política para la desinstitucionalización progresiva de personas con discapacidad, con plazos concretos e indicadores de monitoreo, que comprenda la creación de servicios comunitarios, incluyendo servicios de salud mental desde un enfoque de derechos.

50. El Comité exhorta al Estado parte a que fomente la creación de servicios dirigidos a la inclusión comunitaria de personas con discapacidad, y que para ello involucre y comprometa a las autoridades a todo nivel, en particular, en los niveles locales y comunitarios y que lleve a cabo las consultas adecuadas y fomente la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en dichos servicios.

52. El Comité insta al Estado parte a que asegure que las personas con discapacidad puedan acceder en tiempo y en calidad a los equipos y auxiliares que requieren para ejercer su derecho a la movilidad y al libre desplazamiento, de manera autónoma e independiente. Así mismo, le insta a que aliente la investigación y el desarrollo de dispositivos de movilidad de bajo costo.

54. El Comité recomienda al Estado parte que apruebe la ley que oficializa las lenguas de señas utilizadas por las personas con discapacidad, y se asegure que toda la información pública esté disponible en los modos y formatos accesibles, en línea con la Convención.

56. El Comité insta al Estado parte que adopte medidas para alentar a las familias de acogida y apoyar económicamente a familias de ingresos bajos que tienen niños o niñas con discapacidad para que estos puedan permanecer en ellas y participar activamente en la comunidad. El Comité insta también al Estado parte a garantizar la igualdad de trato de los niños y niñas con discapacidad en el Programa de Acogimiento Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes Sujetos a Protección y Apoyo y a que revise el proyecto de Reglamento Operativo para Subsidio a Familias Acogedoras e Instituciones de Cuidado Residencial y lo adapte a los mandatos establecidos en el artículo 23 de la Convención.

58. El Comité recomienda al Estado parte que implemente una estrategia para permitir el acceso de todoas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad al sistema educativo nacional, y que la educación sea inclusiva en todos los niveles y en todo el país, con perspectiva de género y étnico-lingüístico pertinente. El Comité insta al Estado parte a que modifique la terminología educativa que refleja el modelo médico y oriente a la vez que promueva la transición de la educación especial y segregada al modelo inclusivo.

60. El Comité pide al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar que todos los servicios de salud sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad en todo nivel, incluyendo el comunitario, y que estas medidas tengan en cuenta la dimensión de género.

62. El Comité insta al Estado parte a que implemente una estrategia amplia de rehabilitación dirigida a las personas con discapacidad a nivel nacional, y que ésta esté vinculada con la creación de los servicios comunitarios requeridos fortaleciendo los servicios que se pueden prestar en el ámbito local y que sean compatibles con las necesidades individuales.

64. El Comité recomienda al Estado parte que adopte prontamente políticas para el empleo de personas con discapacidad, tanto en la función pública como en el sector privado incluyendo la adopción de medidas de acción afirmativa, así como oportunidades para que las personas con discapacidad puedan optar al empleo por cuenta propia mediante la capacitación en áreas de su elección y el acceso a créditos blandos.

66. El Comité insta al Estado parte a que promueva la adopción de legislación que prohíba y sancione efectivamente todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito laboral y establezca mecanismos de reparación cuando sus derechos laborales hayan sido violados.

68. El Comité recomienda al Estado parte que adopte una política pública de desarrollo y que incluya estrategias con enfoque de género dirigidas específicamente a la reducción de la pobreza y acceso al desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, incluyendo la garantía de vivienda digna en igualdad de condiciones con las demás, prestando especial atención a las personas que viven en el área rural.

70. El Comité recomienda al Estado parte que derogue las disposiciones que limitan a personas con cualquier tipo de discapacidad en el ejercicio del voto así como que adopte medidas en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad que garanticen dicho ejercicio de manera universal y secreta.

72. El Comité recomienda al Estado parte que recopile datos desagregados que reflejen el modelo de derechos humanos en relación con las personas con discapacidad y que consulte a las organizaciones de personas con discapacidad sobre los criterios que se emplean en la recolección de dichos datos.

74. El Comité recomienda al Estado parte que revise y modifique los criterios de valoración para extender los certificados de discapacidad consistentes con los principios de la Convención y establezca un procedimiento sencillo y gratuito para obtenerlo.

76. El Comité recomienda al Estado parte que establezca un mecanismo independiente que cumpla con los Principios de París, y que cuente con los recursos necesarios para que efectúe el monitoreo de la Convención, y que dicho mecanismo consulte permanentemente a organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional.

78. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico proporcione información exhaustiva sobre las medidas para garantizar el respeto, protección y asegurar el cumplimiento de dichos derechos.